La subida de las pensiones dispara en más de 23.000 millones el gasto de la Seguridad Social

Como viene siendo habitual, la partida más onerosa dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 será la que reciba la Seguridad Social. Y el próximo año, aún más especialmente, puesto que la revalorización de las pensiones —que el Gobierno calcula en el entorno del 8,5%— en enero engordará el gasto en esta dirección. Según se recoge en el Libro amarillo elaborado por el Ministerio de Hacienda, la Seguridad Social contará con 204.208 millones de euros, una cifra que rompe la barrera de los 200.000 millones por primera vez, tras superar en 23.127 millones, un 12,8% más, a la cantidad destinada en los Presupuestos para este año.

Aunque todavía resta por conocer el dato del IPC de noviembre, necesario para calcular el aumento exacto de las prestaciones —que resultará de la media derivada a partir de diciembre de 2021—, el Gobierno ha reservado una dotación 190.687 millones de euros para el sistema de pensiones (contributivas, no contributivas, clases pasivas y asistenciales), un 11,4% más que lo calculado para 2022. Este estirón es el que sustenta el aumento de la partida total, y el que concentra el grueso de la misma. Como indica el Gobierno en el documento, “las líneas de actuación del presupuesto de la Seguridad Social para 2023 se centran en mantener y mejorar la protección al ciudadano, tanto a los colectivos de pensionistas como a los beneficiarios del ingreso mínimo vital, mediante la revalorización de las respectivas pensiones y prestaciones”.

En la carpeta de las pensiones existen varios portafolios: el de las contributivas, las no contributivas y las de las clases pasivas. Las primeras cuentan con una partida de gasto reservada de 166.777 millones de euros (un 11,2% más que en 2022), y las más importantes, cuantitativamente, seguirán siendo las de jubilación. Para ellas irá el 72% del total, unos 120.054 millones; seguidas de las de viudedad (28.394 millones) y las de incapacidad (15.496 millones). Muy por detrás quedan las de orfandad y en favor de familiares (2.832 millones). Las no contributivas —que reciben personas carentes de recursos para su subsistencia— se documentan en el apartado del IMSERSO y contarán con un crédito de 2.803 millones.

La partida de las clases pasivas (que integra, tanto las pensiones de jubilación para los funcionarios públicos que están encuadrados en este régimen de protección específico, como las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de los padres) ha experimentado un aumento hasta llegar a los 20.418 millones.

Dentro de los 204.208 millones totales reservados para la Seguridad Social, las cotizaciones sociales representan el epígrafe más destacado como fuente de ingresos. Son 152.075 millones de euros los que estima recaudar el Gobierno por esta vía (un 11,5% más que el año pasado), y que representan el 74,5% del presupuesto total. En el documento de Hacienda se justifica esta subida por la elevación de las bases máximas de cotización y “por el actual marco de crecimiento económico”. Desglosada la recaudación por ramas, destacan los 116.329 millones del régimen general, 12.038 del régimen de los autónomos, 8.427 de las transferencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y 2.793 del Mecanismo de equidad intergeneracional —que sustituyó al derogado Factor de sostenibilidad—. Esta herramienta se incorporó dentro de la reforma de las pensiones, y supone un sobrecargo de las cotizaciones de un 0,6% (0,5 puntos serán pagados por la empresa y 0,1 puntos por el trabajador).

Estos últimos, los trabajadores por cuenta propia, vieron cómo el Ministerio de Seguridad Social acordó en julio con las organizaciones que los representan un nuevo sistema de cotización basado en sus ingresos reales. Aunque se trata de un método progresivo que ha de desplegarse durante los próximos nueve años (de 2023 a 2032), solo se ha definido, por el momento, el próximo trienio. Para 2023, el Gobierno calcula que, de acuerdo con esta nueva vía, ingresará 12.038 millones de euros, mientras que desde el Régimen General serán 116.329 millones.

En cuanto al pago de las prestaciones por desempleo, el Gobierno destinará un total de 20.901 millones de euros para su pago, 1.200 millones menos que el año pasado. Este recorte es justificado por el Ejecutivo “por la evolución económica y del empleo”, y “de la reforma laboral”. Los últimos datos de paro registrado de septiembre arrojaron un total de 2.941.919 personas sin empleo, 18.000 más que en julio.

Sostenibilidad

Tras la palanca de las cotizaciones, y como segunda vía profesional, la Seguridad Social recibirá 38.904 millones de euros en aportaciones por parte del Estado, de los cuales 19.888 millones irán destinados a garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, tal y como se recoge en la recomendación primera del Pacto de Toledo. Son 1.492 millones más que en el anterior libro contable. Resultan destacables, igualmente, los 7.261 millones dirigidos a complementar las pensiones mínimas (211 millones más que en 2022).

Dentro del corpus presupuestario dedicado a la Seguridad Social se determina que el ingreso mínimo vital (IMV) se incrementará en el mismo porcentaje que las pensiones, esto es, tomándose también como referencia el valor medio de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) en los doce meses previos a diciembre de 2022. Por lo que será necesario esperar hasta noviembre para determinar la cuantía final. El programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia es otra de las ramas que sale reforzada, con un aumento de 620 millones de euros que eleva la cifra total hasta los 3.522 millones de euros, un 21,4% más que el año anterior.