Las principales claves de la cuarta edición del Pacto de Toledo

El Congreso ha aprobado este jueves el informe de recomendaciones del Pacto de Toledo para la próxima reforma de pensiones. Contiene las recomendaciones para cerrar el déficit que arrastra el sistema desde 2011 y los ajustes para afrontar el impacto de la jubilación de la generación del baby boom. Del texto resaltan dos claves: que el sistema solo soporte las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad y el resto de gastos lo asuma el Estado con impuestos, y que se acerque la edad real de jubilación a la legal.

En esta ocasión ha tardado casi cinco años en lograrse ese consenso, que se ha traducido en un amplio respaldo en la votación del Congreso de los Diputados este jueves: 262 votos a favor. También ha habido 78 abstenciones y dos votos en contra.

El texto cuenta con 22 recomendaciones y deja claro que se opone a la transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual. Los siguientes puntos serán el germen de la reforma de pensiones. De la lectura del documento se vislumbran los puntos más importantes por los que discurrirá, que son los siguientes:

Déficit y financiación. Es una de las claves de esta edición, la cuarta del Pacto de Toledo, y se desarrolla en la recomendación número 1. Defiende que “las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva” y, para zanjarlo, propone ir más allá en la llamada separación de fuentes de financiación, para que las cuotas sociales se centren cada vez más en pagar las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad.

Los diputados señalan que se paguen con impuestos las prestaciones de paternidad/maternidad, el complemento en las pensiones de jubilación de las mujeres que han sido madres o los descuentos en cotizaciones para impulsar el empleo (tarifas planas). Los cálculos que ha desgranado en sus comparecencias el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cifran estos gastos impropios en 23.000 millones de euros. Según el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, ya en 2021 el Gobierno asumiría con impuestos 11.000 millones de esa factura. El periodo para acabar este recorrido sería esta legislatura, es decir, 2023.

Edad de jubilación. Esta vez el Pacto de Toledo no propone aumentar la edad legal. Lo hizo en 2011 y dio pie al retraso progresivo de 65 a 67 años, como norma general, límite que se alcanzará en 2027. Ahora lo que pide es que “la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”. La coincidencia de esta línea con las intenciones de Escrivá es plena. Él propone esa aproximación a través del desincentivo al retiro anticipado y el incentivo a la jubilación más allá de la edad legal. En este sentido, la comisión habla de que “es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, siempre que dicha prolongación no esté motivada por una pensión insuficiente”.

Poder adquisitivo. En este punto, los diputados estuvieron encallados durante bastante tiempo. La redacción final deja clara su apuesta por los precios como referencia para mantener el poder de compra de los pensionistas: “La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”. Y añade que “se constata que el vigente mecanismo de revalorización de las pensiones no goza del suficiente consenso político y social”. Esta redacción diplomática, que rechaza la fórmula establecida en la reforma de 2013, pretende no soliviantar al PP y sumarlo al consenso.

Ahorro en la negociación colectiva. La recomendación de estimular el ahorro privado para complementar la pensión pública está en el Pacto de Toledo desde el primer momento. Pero nunca ha despegado, como admiten los diputados al señalar el “insuficiente e insatisfactorio recorrido de estas fórmulas”.

Para impulsarlas, la comisión propone dar aire a “los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones, y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro”. El modelo de estos sistemas está en las entidades de previsión social vascas, donde a través de la negociación sectorial entre patronales y sindicatos se ha conseguido impulsar el ahorro para la jubilación.

Con los planes individuales, los conocidos como fondos de pensiones, se señala que “la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores; de ello se desprende la necesidad de regular fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos en este tipo de sistemas complementarios”.

Autónomos. Otro elemento que se aborda es el de dar pasos hacia una cotización de los trabajadores por cuenta propia de acuerdo con sus ingresos. Apunta el texto que esto debe pasar por el diálogo social. Este aspecto, añadido en las últimas versiones del texto, ha sido una exigencia del PP para sumarse al consenso.

Mujeres. Constatada la desigualdad de géneros en este campo, el Pacto de Toledo reclama “medidas estructurales, tanto en materia laboral como en el ámbito específico de Seguridad Social, referidas a la propia configuración del sistema y a la forma de acceso a las prestaciones”. A continuación, propone cinco puntos sobre los que actuar: cuidados de familiares y carreras profesionales, igualdad retributiva, lagunas de cotización, empleo a tiempo parcial y pensiones mínimas suficientes.

Jóvenes. Por primera vez, la comisión incluye una recomendación específica sobre jóvenes. Más que aconsejar, aquí lo que hace el texto es constatar las dificultades de este colectivo para acceder a un empleo y el “descrédito que sufre la Seguridad Social” entre ellos.