El Gobierno y los sindicatos pactan sin la patronal un aumento de las cotizaciones para garantizar la sostenibilidad de las pensiones

No está claro aún si la ruptura es definitiva, pero sí que hoy se ha acabado un idilio inesperado de casi dos años entre el Gobierno y la patronal. Después del traspiés del salario mínimo, que parecía puntual, los empresarios se han quedado fuera de un acuerdo esta vez sí trascendental: el de la reforma de las pensiones con el nuevo sistema de sostenibilidad que sustituía a la polémica modificación del PP en 2013, aprobada sin acuerdo de los sindicatos y ahora derogada. En el Ejecutivo creen que ha sido la presión del PP, que rechaza de plano esta reforma, quien ha hecho que la patronal se cayera del pacto en el que sí están los sindicatos, muy satisfechos con el resultado. El Gobierno teme ahora que esta decisión de la CEOE abra la puerta para que se queden fuera también en la reforma laboral, que está en plena negociación y debería cerrarse este mes. De hecho la tensión interna en la coalición, y la entrada de Economía e Inclusión, controladas por el PSOE, en la negociación dirigida por Trabajo, en manos de Unidas Podemos, tenía como trasfondo ese intento por incluir a los empresarios. Pero esta decisión sobre las pensiones complica el panorama.

El Ejecutivo, sobre todo el sector socialista, quiere a toda costa incluir a los empresarios en ese cambio trascendental, y no solo a los sindicatos, porque cree que así la reforma laboral tendrá mucha más solidez y será aceptada mejor en Bruselas. Pero la ruptura en pensiones cierra de momento una etapa larguísima de acuerdos que empezó con el pacto para la subida del salario mínimo en enero de 2020, que siguió con otras 12 firmas, en especial sobre los ERTE, se reforzó en julio con el acuerdo de la reforma de pensiones, muy criticado por el PP, se debilitó en el último aumento del SMI y ha terminado de truncarse ahora, a la espera de lo que pase en las próximas negociaciones.

En el Ejecutivo creen que Antonio Garamendi, líder de la patronal, tiene mucha presión interna con un ambiente político muy recalentado en la oposición y sobre todo ve en el horizonte una subida mayor de las cotizaciones que la decidida ahora -muy pequeña- cuando se apruebe subir el tope máximo, algo que llegará probablemente en 2022. En julio, cuando firmó el acuerdo de pensiones con gran pompa en La Moncloa con Pedro Sánchez, Garamendi reivindicó el “sentido de Estado” de la patronal. Entonces sufrió fuertes críticas internas y en el mundo conservador, acrecentadas después por una polémica frase sobre los indultos a los presos del procés que después tuvo que matizar. Ahora se ha quedado fuera después de intensas negociaciones y conversaciones al máximo nivel.

De ese desencuentro entre el Gobierno y la patronal da fe el desayuno de trabajo que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado con los líderes sindicales para este martes por la mañana. Sánchez ha convocado a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo, pero no a Garamendi. En el ágape estarán, además, las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera; el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Todo un gesto de reconocimiento a los sindicatos y distancia con los empresarios.

En cualquier caso, aunque sea sin la patronal, ya hay acuerdo para definir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado este lunes que ha pactado con los sindicatos un aumento de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Para las empresas, el nuevo mecanismo implicará tener que subir sus aportaciones en 0,5 puntos, mientras que el 0,1 restante saldrá del bolsillo de los trabajadores. Este lunes expiraba el plazo para aprobar la nueva fórmula, que sustituirá al derogado Factor de Sostenibilidad que aprobó el PP hace ocho años. Este sistema, cuya entrada en vigor se había retrasado, recortaba las prestaciones en función del aumento de la esperanza de vida.

“Es un mecanismo contingente y temporal, que da lugar a una cotización finalista pequeña y que permitirá aumentar la dotación del fondo de reserva durante diez años”, ha asegurado el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El rechazo de la patronal a este acuerdo ha sorprendido al ministro, que ha confrontado las acusaciones de los empresarios de que este incremento de las cotizaciones perjudicará al empleo. “Llegamos a un acuerdo con ellos en julio. Yo también me pregunto por qué no lo han aceptado. Los elementos que están en este acuerdo responden a lo que acordamos en julio y no hemos recibido durante este periodo ninguna propuesta por parte de la CEOE de otros elementos del sistema para sustituir el factor de sostenibilidad, que es lo que estamos haciendo”, ha señalado. “El impacto que este aumento pudiera tener sobre el empleo es un tema que hemos mirado con mucho cuidado. España no tiene un problema de costes laborales, ya que están por debajo de los de los países de nuestro entorno”, ha añadido.

El pacto alcanzado entre Gobierno y sindicatos aglutina dos componentes: el primero tiene que ver con el aumento de las cotizaciones sociales en un 0,6% (lo que para una pensión de jubilación media supondría un aumento total de 11,86 euros mensuales: 1,97 euros para el trabajador y 9,89 para la empresa); y la verificación de forma trienal del nivel de gasto estimado para 2050 de acuerdo con las últimas previsiones del Ageing Report de la Comisión Europea o de un documento análogo.

En el caso de que no se produjera ninguna desviación no se implementará ninguna medida de ajuste adicional, y se elevará una propuesta al Pacto de Toledo sobre la utilización de los recursos del fondo para reducir las cotizaciones sociales o repercutirlo en un aumento de las pensiones. Si por el contrario existe un incremento de la senda de gasto, se utilizarán esos fondos para la financiación de las pensiones contributivas, con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB.

“En el supuesto de que la citada desviación sea superior a ese 0,2%, o que se hayan agotado los activos del Fondo de Reserva, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo una propuesta que, de forma equilibrada, bien se dirija a minorar el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB a través de medidas enmarcadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos, bien a ambas cosas, en los términos que se acuerden”, determina el acuerdo alcanzado.

“Con este acuerdo enviamos al baúl de los recuerdos la reforma del PP”, ha celebrado Pepe Álvarez, secretario general de UGT. La patronal, por su parte, se ha remitido al comunicado trasladado tras la conclusión de la reunión de esta mañana, en el que se desmarcaba de la propuesta del Gobierno. “CEOE y Cepyme han subrayado [durante el encuentro] que aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones. El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones”, señalaban ambas organizaciones. “Además, la propuesta del Ejecutivo tiene poco de intergeneracional, ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes”, añadían.

A pesar de este varapalo al diálogo social, por la tarde, la situación ha dado un giro. Ante la expectativa de que expirase el plazo para dirimir uno de los aspectos primordiales de la reforma de las pensiones, el Ejecutivo ha decidido aprobarla sin contar con el visto bueno de los patronos. Este lunes se cumplía la fecha límite establecida por el Gobierno y los agentes sociales dentro del calendario negociador para acordar la fórmula que permita reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones ante la inminente jubilación de los baby boomers (la generación más numerosa nacida entre finales de los cincuenta y finales de los setenta).

La última propuesta que había puesto sobre la mesa el Gobierno y que no ha conseguido convencer a la patronal era una subida gradual de las cotizaciones entre 2023 y 2035. En ese periodo escalaría desde el 0,2% hasta el 0,6%, para bajar después al 0,2%. Ante la negativa de los empresarios a apoyar esta fórmula, el Gobierno ha decidido volver a la propuesta anterior, la que apoyaban los sindicatos, en la que el aumento de las cotizaciones recae más en la empresa. El recargo está vigente durante 10 años, según el comunicado remitido por Seguridad Social.

A través de una enmienda

La fórmula pactada finalmente se acerca mucho al boceto del MEI que el ministro José Luis Escrivá había puesto sobre la mesa. Su voluntad siempre fue la de incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social en 0,6 puntos porcentuales durante la próxima década para financiar el esfuerzo que supondrá la jubilación del baby boom, algo que soliviantó a los empresarios, quienes han mantenido históricamente un discurso contrario al incremento de estas cargas. Con ella se busca obtener un colchón de 41.000 millones en 10 años que insuflaría aire al Fondo de Reserva (coloquialmente conocido como la hucha de las pensiones), que actualmente solo dispone de unos 2.000 millones de los 67.000 que llegó a acumular.

La primera parte de la reforma de las pensiones que se pactó en julio se vertebró sobre cuatro puntos clave: su vinculación con el IPC, la derogación del Factor de Sostenibilidad implementado por el PP que las ajustaba con la esperanza de vida, el traslado a las cuentas del Estado de los denominados gastos impropios de Seguridad Social, y la bonificación por el alargamiento de la vida laboral y el retraso en la jubilación.

El diseño del MEI fue algo que quedó pendiente, pero se delimitó su resolución (que todas las partes advertían complicada) a este lunes como fecha tope para poder incluirlo a través de una enmienda en la tramitación parlamentaria de la ley, en lugar de posponerlo para 2022. Sin embargo, aunque el Gobierno ha orientado la negociación (y su retransmisión) hacia la voluntad de alcanzar un acuerdo con las otras dos partes, solo ha contado con una.