Los empresarios recelan de la propuesta del Gobierno para subir cotizaciones con el fin de rellenar la hucha de las pensiones

La propuesta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de subir las cotizaciones sociales para garantizar las pensiones de los baby boomers, la generación más numerosa, nacida entre mediados de los años cincuenta y los setenta, ha levantado las críticas de los empresarios. Estos consideran que añadirá incertidumbre en la recuperación económica, perjudicará la competitividad entre las empresas y lastrará la creación de empleo. Los agentes sociales se quejan del poco margen de tiempo que ha dejado el Ejecutivo, porque disponen hasta el 15 de noviembre para consensuar el diseño final del mecanismo de equidad intergeneracional, el instrumento que sustituirá al factor de sostenibilidad, que garantizaba las prestaciones futuras. Si patronal y sindicatos no llegan a un acuerdo antes de esa fecha, el Gobierno podría legislar unilateralmente la nueva fórmula.

La propuesta de Escrivá para garantizar las prestaciones a la generación del baby boom consta de dos patas: por un lado subirá las cotizaciones un 0,5% durante 10 años a partir de 2023 para rellenar la hucha de las pensiones y preparar un colchón para cuando las cuentas de la Seguridad Social necesiten más recursos. Esta medida sería temporal y el Gobierno se plantearía devolverla si finalmente no lo necesita. Por otro lado, el Ejecutivo analizará cada tres años la evolución del gasto en pensiones en porcentaje del PIB y si se desvía de las previsiones dibujadas por la Comisión Europea para 2050 adoptará medidas adicionales sobre la edad de jubilación, la jubilación anticipada, el plazo de años utilizado para calcular la prestación o la base reguladora.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha prometido “responsabilidad” por parte de la patronal a la hora de estudiar las propuestas del Gobierno sobre la reforma del sistema de pensiones, aunque ha advertido de que la subida de cotizaciones sociales planteada por el Ministerio supone “más impuestos”. “¿Se queda ahí o va a haber más medidas posteriores?”, ha añadido Garamendi. El empresario se quejó también de que el Ejecutivo les trasladó muy tarde el documento con las posiciones del Gobierno, lamentando el poco margen que dispone para dar una respuesta sobre el asunto.

La crítica de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha sido más tajante. La organización, presidida por Gerardo Cuerva, ha advertido de que una nueva subida de cotizaciones debilitará la competitividad de las empresas y el empleo. “No solo repercutirá en la recuperación y en la creación de empleo, aportando más incertidumbre, sino que supondrá mayores costes para las empresas, lastrando su capacidad de competir en un mercado globalizado como el actual”, ha subrayado la patronal en un comunicado.

En la misma línea se ha posicionado la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM), que ha pedido seriedad al Gobierno a la hora de presentar sus propuestas, al considerar que sus anuncios “no tienen en cuenta su coste”. “Nos parece un disparate. Las cotizaciones son un impuesto al empleo y España tiene unas de las cotizaciones más altas. Hay que ayudar a sostener el tejido empresarial e impulsar la actividad económica y así recaudar para pagar servicios públicos”, ha asegurado su presidente, Miguel Garrido, en una entrevista de Onda Madrid.

En ámbito político, la propuesta de Escrivá ha desencadenado críticas tanto de derecha como de izquierda. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, considera que la subida de las cotizaciones “no va en el camino correcto” porque va a “lastrar la recuperación económica”, y opina que los elementos clave para garantizar las pensiones son el fomento de la natalidad y del empleo. En la misma onda, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha comentado que el futuro de las pensiones hay que garantizarlo con el “incremento de la natalidad” y “la protección del trabajo de los jóvenes”, en lugar de poniendo “parches”. También el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cree que Escrivá va por “el camino inverso” para abordar la reforma de las pensiones, y aboga por “poner las medidas adecuadas para crear empleo”, teniendo en cuenta que en España “tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa”.

En el lado de la izquierda, la diputada Sofía Castañón de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, ha advertido de que los cambios que se hagan para garantizar las pensiones “no pueden afectar al poder adquisitivo del conjunto de la ciudadanía”. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, se ha demostrado más prudente, aunque ha señalado que “sería errar en el foco” el cargar “a las generaciones de trabajadores más precarios” el pago de las pensiones y el aumento de esa hucha, que en su opinión se debe rellenar con unas retribuciones “más dignas”.

Los sindicatos dan el visto bueno

En cambio, los sindicatos ven con buen ojo la fórmula planteada por el Ministerio de Seguridad Social, aunque han advertido que todavía tienen que examinarla con atención. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado de positiva la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de subir de manera temporal las cotizaciones sociales para sufragar las tensiones de gasto que generarán las pensiones de los ‘baby boomers’. El dirigente de UGT ha pedido además que esta medida no se vea con “dramatismo” porque, según ha recordado, en 1982 las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas estaban en el 32% y ahora se encuentran algo por encima del 28%, con lo que se han reducido cerca de cuatro puntos desde entonces. “Que en estos momentos las cotizaciones empresariales y de los trabajadores suban un 0,5% con un destino fijo, que es el Fondo de Reserva, no es un drama”, ha señalado Álvarez en declaraciones al Canal 24 horas recogidas por Europa Press.

Por otro lado, el dirigente sindical cree que hay que analizar bien la propuesta del Ministerio y se ha mostrado partidario de que esta subida de cotizaciones no sea temporal, como plantea el Gobierno, sino indefinida. “Se trata de sustituir el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que empobrecía nuestras pensiones, por un verdadero acuerdo de solidaridad intergeneracional, de tal forma que se añadan recursos a la hucha de la Seguridad Social para que sea viable a medio y largo plazo”, ha defendido.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que la propuesta es interesante porque pone el foco en la estructura de ingresos del sistema en lugar de apostar por ajustar el gasto. Para CCOO, “lo básico” es consolidar el cambio de paradigma que ahora mismo existe para afrontar el reto de las pensiones pasando “de la lógica de recortes a la lógica de la mejora de la estructura de ingresos”, y dando certezas de que habrá pensiones suficientes para todos.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Escrivá ha asegurado que las negociaciones con los agentes sociales están progresando. Asimismo, el ministro ha recalcado que este es un mecanismo “contigente y temporal”, que “no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento”, a diferencia del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013.