Pensiones, paro, funcionarios y los intereses suman la mitad del gasto

Las prestaciones a jubilados suponen casi el 40% de las cuentas y crecen en 8.000 millones

Una pareja de ancianos, el 27 de julio en Madrid.
Una pareja de ancianos, el 27 de julio en Madrid.A. Pérez Meca (Europa Press)

Las cuentas públicas son como un puzle de infinitas piezas. Para completar el dibujo hace falta que todos los elementos encajen entre sí. Es una ardua tarea, pero cuanto mayores sean más fácil es ajustar el rompecabezas. Los Presupuestos Generales del Estado recogen el mayor gasto de la historia, unos 458.970 millones de euros. De entre los miles de partidas que componen el marco contable, cuatro destacan sobre el resto: el gasto para las pensiones, las prestaciones por desempleo, el sueldo de los funcionarios y los pagos en intereses de la deuda se llevan prácticamente la mitad del presupuesto, el 53,3%.

El alcance de estas partidas restringe la capacidad de actuación del Gobierno, que sin los fondos europeos habría tenido poco espacio para construir unas cuentas con un marcado acento social. Estas partidas, además, no dejan mucho margen de maniobra debido a las restricciones legales —las pensiones están vinculadas por ley a la evolución de los precios—; a las fuertes presiones públicas —limitar el sueldo de los empleados públicos o las prestaciones por desempleo tienen siempre un alto coste político— y a las condiciones externas —el gasto por intereses depende en buena medida de la política monetaria del Banco Central Europeo, y el paro está sujeto al ciclo económico—.

El dinero reservado para pagar a los nueve millones de pensionistas ascenderá a 171.165 millones de euros el próximo ejercicio, el 37,3% del gasto público. Es la partida que más contribuye al crecimiento del Presupuesto. Aumentará en casi 8.000 millones de euros respecto a este año. Sin ese incremento, el gasto presupuestario sería inferior al de 2021 y dejaría a las cuentas públicas de 2022 sin el rimbombante título de ser “las más expansivas de la historia”.

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos aprobó a principios de verano una reforma para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social que vincula las pensiones a la evolución de los precios. La norma está aún en tramitación parlamentaria, pero se espera que entre en vigor el 1 de enero de 2022. La reforma impone una revalorización de las prestaciones de los jubilados del entorno del 2,3%, una tasa equivalente al promedio de la inflación prevista para este año. Aun así, el gasto de la Seguridad Social crecerá mucho más porque entran en el sistema jubilados con derecho a prestaciones más altas por haber cotizado más. Esta circunstancia hace que la Seguridad Social acumule abultados déficits presupuestarios desde 2012.

Otro de los capítulos que requiere más esfuerzo presupuestario es el de los funcionarios. Se llevarán unos 20.000 millones de euros, casi el 5% del gasto. El Gobierno recoge en el proyecto de las cuentas públicas un aumento del 2% para los empleados públicos, pese a que las organizaciones sindicales exigían una mejora mayor debido al tirón de la inflación, que cerró septiembre en el 4%. Y ha convocado la mayor oferta de empleo público de la historia para recomponer las diezmadas plantillas de trabajadores de las Administraciones públicas.

El gasto en desempleo también se lleva un buen mordisco, 22.457 millones de euros, el 5,2%. La fuerte salida de la crisis y el buen funcionamiento de los ERTE contribuye a que esta partida se reduzca un 10,2% el año próximo.

Por último, la otra gran partida que más recursos consume del gasto es la correspondiente a los intereses de la deuda pública: unos 30.178 millones de euros, lo que representa el 7%. Hacienda calcula que en 2022 tendrá que desembolsar menos por este capítulo a pesar de que el volumen de deuda sigue aumentando y está ya por encima del billón de euros. Espera beneficiarse del buen clima financiero en los mercados gracias a la política monetaria acomodaticia del BCE, que mantiene los tipos en el 0%, y desde que estalló la crisis de la pandemia ha lanzado un programa de compras de activos para inyectar liquidez en el sistema.

Los servicios sociales y de promoción social, que incluyen las transferencias para las ayudas a la dependencia y otros subsidios sociales, constituyen junto a las políticas de acceso a la vivienda las partidas que más crecen. Es en estas, con más margen para actuar, donde el Ejecutivo progresista deja su impronta.

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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