Las pensiones subirán más de un 2% en 2022

Los socios de Gobierno han cerrado in extremis un acuerdo para aprobar esta semana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. La fecha elegida es este jueves, 7 de octubre, en un Consejo de Ministros extraordinario, según ha anunciado este martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Las negociaciones se han desbloqueado tras alcanzar un consenso sobre la ley de vivienda, uno de los temas prioritarios para Unidas Podemos. Otro punto de fricción sobre el que los dos partidos se han puesto de acuerdo es la revalorización de las pensiones: la subida de las pensiones del año que viene se vinculará al incremento de la inflación media en el año anterior, según distintas fuentes gubernamentales, que calculan que estará entre el 2,2% y el 2,3%.

Esto significa que ha ganado la postura defendida por el Ministerio de Seguridad Social y Unidas Podemos. Ambos sostenían que la revalorización se calculara según la fórmula que establece el anteproyecto de ley que contiene la primera parte de la reforma de las pensiones, que se está tramitando en el Congreso y aún no ha entrado en vigor. Este establece que la base para fijar el incremento sea la inflación media de “los 12 meses anteriores hasta noviembre”. Es decir, el IPC promedio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.

En los Presupuestos para 2022, por tanto, no se incluirá un porcentaje concreto de incremento de las pensiones. Eso se debe a que, para determinar la cuantía, habrá que esperar a que concluya el ciclo de cálculo, esto es, hasta tener el dato de la inflación de noviembre. Las pensiones mínimas y no contributivas subirán más que el resto, tal y como adelantó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la semana pasada.

El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, sostenía en un principio que se aplicara la normativa vigente para la revalorización de 2022, que utiliza como base del cálculo la previsión de inflación para el año siguiente, lo que hubiera dejado la subida en el 1,5%, la inflación prevista para el próximo año. Sin embargo, este método ha sido finalmente descartado, según aseguran fuentes gubernamentales, para reflejar en las cuentas públicas la escalada de los precios. La inflación cerró en septiembre en el 4%.

Reforma

La revalorización de las pensiones con base en el índice de precios al consumo capitaliza el protagonismo del primer paquete de medidas acordado por el Gobierno y los agentes sociales para la reforma de las pensiones. Derogado el factor de sostenibilidad, que será reemplazado por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), todavía en discusión tanto en forma como en fondo, el empate de las pensiones con el encarecimiento de la vida focalizó las negociaciones del diálogo social. Tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, distanciados en otras materias, celebraron conjuntamente la medida, que empezará a aplicarse de forma automática el próximo 1 de enero.

Sin embargo, hasta que llegue ese momento, y debido al crecimiento inesperado de la inflación ―esto es, del IPC―, el Gobierno deberá complementar el aumento del 0,9% que determinó para el colectivo de pensionistas para este año para evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo porque la inflación cerrará el año cerca del 4%. Para ello deberá ingresarles lo que se conoce como paguilla extra, que no es más que la cantidad adicional necesaria hasta alcanzar el porcentaje final que determine la media del IPC del año anterior. Teniendo en cuenta lo lejos que se quedarán las previsiones iniciales del Gobierno, las principales casas de análisis cuantifican que esa paguilla costará a las arcas del Estado algo más de 2.000 millones de euros, que se ingresará a principios del próximo año.

Funcionarios

El Ministerio de Hacienda y Función Pública también ha trasladado este martes a los sindicatos su propuesta de subida salarial para los funcionarios en 2022: un 2%. Los agentes sociales consideran que este porcentaje es insuficiente ante la escalada de los precios en los últimos meses, que en septiembre experimentaron su mayor repunte desde 2008, impulsados por la imparable subida de la electricidad y de los productos energéticos.

A diferencia de los pensionistas, los funcionarios no tienen derecho a una paguilla que compense la pérdida de poder adquisitivo en el caso de que la inflación suba por encima de lo previsto, tal y como establece la normativa vigente ―con la reforma de las pensiones, esta compensación ya no aplicará, al usarse la subida media de precios del año anterior―. Los sindicatos insisten en que se vuelva a diseñar un plan plurianual de incrementos salariales, al igual que el que aprobó el anterior Gobierno del PP para el periodo 2018-2020 y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo cuando llegó a La Moncloa.