El Gobierno propone subir las cotizaciones para rellenar la hucha de las pensiones y garantizar las prestaciones de los ‘baby boomers’

El Gobierno planea que se aumenten las contribuciones a la hucha de las pensiones, que en la actualidad apenas cuenta con unos 2.000 millones de euros de los 67.000 millones que llegó a tener. La sostenibilidad del sistema de jubilación es el quebradero de cabeza del Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá. Para rebajar la tensión que generará en sus cuentas la jubilación del baby boom, la generación más numerosa y nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta, el Ejecutivo maneja dos instrumentos correctores que se negociarán con los agentes sociales y la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Según fuentes de la negociación, el primero será la aportación adicional al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones. Esta se hará con una subida finalista de la cotización de 0,5 puntos porcentuales durante una década a partir de 2023. Si estas aportaciones no fueran necesarias, el Gobierno valoraría que se devuelvan mediante bajadas de cotizaciones o mejoras de prestaciones. El segundo instrumento consistirá en una revisión que se hará cada tres años desde 2032 para analizar si el gasto en prestaciones sobre PIB se desvía de la proyección para 2050 del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report, de 2024. De ocurrir una desviación, se tomarían nuevas medidas para corregirlo.

Las contribuciones a la hucha se financiarán con subidas de cotizaciones que se repercutirán entre la empresa y los trabajadores. Según fuentes de la negociación social, la subida para un salario medio será de unos diez euros al mes divididos entre la compañía y el asalariado. Para un mileurista, el incremento sería de cinco euros al mes. Con esta fórmula se pretende dotar a la hucha de las pensiones de un capital suficiente con el que afrontar en mejores condiciones la entrada masiva de nuevos pensionistas que se proyecta en un horizonte cercano. A partir de 2023 empezarán a jubilarse las primeras hornadas del baby boom. Y esta sobrecarga durará unas tres décadas.

Según fuentes de la negociación, a esta vía de ahorro se incorporará de forma “contingente y temporal” otro mecanismo de control. Este entraría en acción cuando la proyección del gasto en pensiones se desvíe de la senda fijada por el ministerio tras haber inyectado unos 22.000 millones desde el Presupuesto del Estado a la Seguridad Social con el fin de cerrar el actual déficit.

Estas intervenciones, que todavía no han sido desarrolladas al completo, servirían para corregir el desfase futuro de las cuentas generado por la jubilación del baby boom. Y nunca podrían suponer en total más de 0,8 puntos de PIB al año en 2050, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy. Uno de estos instrumentos consistiría en disponer del dinero del Fondo de Reserva con un límite anual del 0,2% del PIB. Si eso no fuese suficiente o se hubiesen agotado los recursos de la hucha, entonces el Gobierno negociará con los agentes sociales una propuesta que elevaría al Pacto de Toledo para reducir el gasto en pensiones en porcentaje de PIB. Estas medidas tendrían un límite anual del 0,4% del PIB. Y si esto no resultara bastante, el Gobierno acordará con patronal y sindicatos otra subida de las cotizaciones hasta un máximo del 0,4% del PIB al año.

El refuerzo de la hucha y el examen trienal conformarían el esqueleto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituirá al Factor de Sostenibilidad, un instrumento que aprobó el PP, cuya entrada en vigor fue retrasada y que recortaba la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Este estaba previsto derogarlo el año que viene en la segunda parte de la reforma de pensiones. Pero los sindicatos exigieron su eliminación inmediata. Ni la Comisión Europea ni la CEOE querían que se suprimiese el Factor de Sostenibilidad sin que hubiese otra fórmula que la sustituyese. Así que el acuerdo con los interlocutores sociales dice que estos deben consensuar el diseño final del MEI antes del 15 de noviembre. La idea es introducirlo como una enmienda en el Congreso. Si no alcanzan un pacto, según consta en el acuerdo, el Ejecutivo legislará solo la nueva fórmula.

Según la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, el sistema se someterá a un examen cada tres años a partir de 2032. En esta evaluación se mirará el nivel de gasto y el equilibrio entre la población ocupada y la pensionista. Y en función de cuál sea la marcha de las cuentas se revisarán “el conjunto de parámetros del sistema”, según confirman fuentes de la negociación. Aunque la propuesta del Gobierno no los menciona de forma expresa, estos básicamente son: la edad de jubilación; la edad de jubilación anticipada y sus incentivos; el periodo utilizado para calcular la prestación; el salario utilizado o base reguladora; las bases máximas; las mínimas; el tipo de cotización, y la esperanza de vida. El ministro Escrivá ya ha sugerido en varias ocasiones que se podría aumentar el periodo de cómputo exigido para la pensión, una fórmula que implicaría trabajar más tiempo en ocupaciones que no sean catalogadas como penosas.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue diseñado en el año 2000, y su finalidad era la de acumular los excedentes de ingresos para garantizar así la sostenibilidad del sistema. Desde su nacimiento y hasta 2011 las aportaciones llegaron a sumar un máximo acumulado de 67.000 millones de euros. Sin embargo, la crisis de 2008 obligó al Estado a recurrir a estos ahorros a partir de 2012 para pagar las pensiones. Y se quedó prácticamente en los huesos. En estos momentos apenas hay unos 2.000 millones de euros.

El objetivo de la Seguridad Social es obtener con las subidas de cotizaciones un montante cercano a los 1.000 millones de euros al año. En un periodo estimado de cinco años, sumando estas aportaciones al remanente existente, se llegaría hasta los 7.000 millones de euros. ¿Por qué cinco años? En ese periodo empezarán a jubilarse los baby boomers, ensanchando el colectivo de pensionistas. Según el INE, hay 7,7 millones de trabajadores en España con edades comprendidas entre los 45 y los 59 años. Además, por sus mejores carreras laborales, estos futuros beneficiarios recibirán, en la mayoría de los casos, prestaciones más altas que las que se reparten en la actualidad.

De acuerdo con los cálculos de la Autoridad Fiscal, una vez suprimida la reforma de pensiones del PP y empleando unos escenarios optimistas de demografía y del mercado laboral, el gasto en pensiones aumentará en relación a la economía en unos 4,2 puntos de PIB, el equivalente a casi 60.000 millones de hoy, esto es, subir el IRPF en cerca de un 60%. Ahora mismo se destina en torno al 13% del PIB. Cuánto habrá que financiar de esos cuatro puntos de PIB dependerá de cómo evolucione el tamaño de la economía, el empleo, la productividad, la inmigración, la natalidad o la generosidad del sistema, medida como la relación entre el último salario y la prestación inicial.

La propuesta ha sido trasladada a los agentes sociales en la reunión de este martes por la tarde, y aún debe recibir el visto bueno tanto de los sindicatos como de la patronal. Fuentes sindicales apuntan a que “no les salen los números” con el proyectado incremento de las cotizaciones sociales, ya que de ninguna forma contemplan que pueda obtenerse de ellas un ingreso anual de 1.000 millones de euros. Y rechazan los ajustes que conlleva una parte del mecanismo. Por su parte, la CEOE se resiste a que haya subidas de cotizaciones.