El Gobierno aprobará en 2022 un sistema para no sobrecargar a los jóvenes con el gasto de las pensiones

El Gobierno aprobará a finales de 2022 un nuevo sistema de reequilibrio de las pensiones para que la jubilación de las generaciones más numerosas no sobrecargue a las más jóvenes. Así se recoge en el Plan de Recuperación en su versión íntegra que ha enviado el Ejecutivo a Bruselas. Sin embargo, el Gobierno no detalla ni cómo pretende hacerlo ni qué ajustes puede generar. Solo que sustituirá al llamado factor de sostenibilidad que había aprobado el PP y que recortaba la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida.

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Volver a revalorizar las pensiones con la inflación supone “un importante impacto en términos de gasto”, dicen las fichas de reformas remitidas a la Comisión Europea el pasado viernes y publicadas este miércoles. Por eso, explica, hay que tener en cuenta esta medida dentro de “una reforma más global”, y señala que tiene que conjugarse con otras tres que ayudarían a hacer el sistema más sostenible: acercar la edad de jubilación real a la legal; la reforma del periodo de cómputo para calcular la pensión, y la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Este último, según se recoge en el documento, pretende que no se “sobrecargue” a las generaciones más jóvenes con el ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los baby-boomers, un grupo que empezará a retirarse a partir de 2023 hasta alrededor de 2040.

Este nuevo mecanismo se negociará con los sindicatos y la patronal, y sustituye al factor de sostenibilidad, una fórmula que aprobó el Gobierno de Rajoy y cuya entrada en vigor se había retrasado. Según los cálculos de la Autoridad Fiscal, esta medida ahorraba en el largo plazo en torno a un punto de PIB de gasto, unos 12.000 millones de euros a día de hoy. En lugar de actuar solo sobre la cuantía de la pensión, el nuevo mecanismo tendrá capacidad de operar tanto en la esfera de los ingresos como de los gastos, indica el Ejecutivo socialista.

La idea es que “libere a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”, sostiene la ficha de reformas. Y explica que se va a “corregir el diseño del factor de sostenibilidad como mecanismo de reducción automática de la cuantía de la pensión actuando sobre otros parámetros del sistema”.

Equilibrio entre ocupados y pensionistas

Aparte de que vaya a operar sobre otros parámetros, el Gobierno no especifica mucho más sobre su funcionamiento. Tan solo añade: “Se prevé la introducción de un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista y del nivel de gasto agregado”.

En cuanto a la ampliación del periodo utilizado para calcular la pensión, una medida que podría suponer un ajuste de la prestación inicial, ya no se habla de la subida a 35 años que se barajó en otros documentos. Pero sí que se reconoce que puede entrañar un ajuste y que, por tanto, hay que compensarla: “Esta medida aumenta el carácter contributivo del sistema pero puede tener efectos negativos, por eso es importante complementarla con medidas que modulan sus efectos, como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización”, dice el documento. Su aprobación será antes de que acabe 2022 y se empezará a implantar de forma gradual en 2023.

La reforma del sistema de cotización de los autónomos para que contribuyan en función de sus ingresos se aprobará durante la primera mitad de 2022 y se empezará a aplicar a partir de entonces. La subida de cotizaciones máximas, con el consiguiente aumento de la prestación aparejada, se aprobará antes de que termine 2022 y se implementará durante las próximas tres décadas. Y este mismo año se legislarán las medidas e incentivos para asegurar que la edad real de jubilación se aproxima a la edad legal.

También se incluye el fomento de los planes de pensiones complementarios con la intención de que estos lleguen al 80% de la población ocupada en el largo plazo y que los activos bajo gestión pasen del 3% del PIB al 9% a final de esta década, el 18% en 2040 y el 31% en 2050. La legislación para favorecerlos se tramitará en el primer semestre de 2022.