Calviño pacta con Bruselas aplazar las reformas más polémicas hasta 2022

El Consejo de Ministros aprobó el martes el plan de recuperación con el que España espera recibir 140.000 millones en fondos europeos para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. De ese plan se sabe aún poco, pese a que el Ejecutivo ha presentado sus líneas maestras hasta media docena de veces: los ministros hicieron el martes una aprobación meramente formal, pero el Gobierno trabaja contra reloj para enviar el documento definitivo a Bruselas en tiempo y forma, antes de la medianoche del viernes. La Moncloa subraya que quedan los últimos detalles. Lo fundamental está pactado con Bruselas: en las reformas, España aplaza las más polémicas hasta 2022. La reforma laboral está ya avanzada y se aprobará íntegramente este año. Pero lo más difícil se abordará más adelante: la parte más controvertida en pensiones y la reforma fiscal quedan para 2022, una vez esté asentada la recuperación, con la aquiescencia de la Comisión Europea.

España recibirá hasta 140.000 millones en seis años para modernizar su economía —algo más de la mitad en transferencias que no hay que devolver— a cambio de reformas. Y aspira a absorber hasta 27.000 millones este mismo año: es el segundo país más beneficiado, tras Italia, en cifras absolutas. El Gobierno ha trabajado intensamente para tenerlo todo atado y bien atado en Bruselas, y pretendía además adelantarse al resto de países y presentar el plan en marzo. La vicepresidenta Nadia Calviño se marcó esa fecha en rojo, pero el Gobierno ha incumplido ese calendario; después fijó el 20 de abril, y aun el 27, pero el plan no está listo todavía. Las fuentes consultadas apuntan que el Ejecutivo sigue trabajando en los centenares de páginas (unas 2.000 en total) de documentación que reclama Bruselas, y subrayan que todo el trabajo estará listo antes de la medianoche del viernes.

Economía y La Moncloa han negociado con las autoridades europeas con absoluta opacidad: no se conoce el plan inicial, enviado en enero, ni las correcciones que pidió Bruselas y se han añadido, ni las peticiones del Ejecutivo comunitario que no han cuajado. Apenas ha habido información para las autonomías; ni siquiera en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se han abordado muchos de los asuntos relativos al plan. Sindicatos y patronal, que negocian desde hace semanas la reforma laboral y desde hace meses parte de la de pensiones, tampoco han sido informados del contenido. A menos de 72 horas de su presentación, se desconocen incluso los hitos a los que se compromete España para que el dinero vaya llegando.

Las fuentes consultadas, sin embargo, sí apuntan que la reforma laboral estará lista entre el segundo y el tercer trimestre de este año, un plazo que en el propio Ejecutivo se pactó hace poco más de una semana. Inmediatamente después llegará la de las pensiones, aunque su desenlace completo queda para 2022. Esa reforma se hará en dos fases: para este año, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planea un pacto exprés con los agentes sociales sobre la actualización de las pensiones con el IPC, el pago con impuestos de los gastos impropios de la Seguridad Social y las medidas para retrasar la edad legal de jubilación. Ese acuerdo dará pie a una tramitación parlamentaria que debería estar lista antes de finales de 2021.

Luego llegará lo más espinoso, aunque puede que alguna de las medidas más polémicas se aborde ya en la primera parte: una de ellas podría ser la derogación del factor de sostenibilidad (una forma de ligar las pensiones a la esperanza de vida), algo que Escrivá se resiste a hacer ya sin tener una alternativa. La resolución llegará en las próximas semanas, en la mesa de diálogo social. Queda para después todo lo relacionado con el periodo de cómputo de las pensiones, que levantó una formidable polvareda a finales de 2020 y comienzos de este año entre los propios socios del Ejecutivo. También tardarán la subida de las bases máximas de cotización —un asunto que escuece a la CEOE— y los cambios relativos a las pensiones máximas.

Fiscalidad

La otra reforma de la discordia es la fiscal, que queda también para el año que viene. Hacienda ha ganado tiempo con la puesta en marcha de un comité de expertos que debe emitir un informe en febrero. De momento, las subidas de impuestos son tabú en plena campaña electoral en Madrid, pese a que el Ejecutivo prometía un tipo mínimo del impuesto de sociedades, en línea con lo aprobado por el presidente de EE UU, Joe Biden, y lo que han apoyado estos días tanto Alemania como Francia.

Las reformas más difíciles se posponen, por tanto, como han adelantado últimamente tanto Calviño como Escrivá, con la aquiescencia de la Comisión Europea. La Oficina Económica de La Moncloa y Calviño, Escrivá y las ministras Yolanda Díaz (Trabajo) y María Jesús Montero (Hacienda) han negociado ese calendario en Bruselas aduciendo que hay que consensuar las medidas con los agentes sociales y con el Pacto de Toledo, y, en el caso de los impuestos, dejar trabajar a los expertos. Pero el resultado es que España deja las medidas más polémicas para 2022 -con la excepción ya para este año de la reforma laboral- una vez la recuperación se haya afianzado, con permiso de las vacunas, las mutaciones del virus y otras incertidumbres.