El Consejo de Ministros aprueba el plan con el que confía recibir este año 27.000 millones de la UE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que deberá remitir como tarde el viernes a la Comisión Europea. Ese programa será el que España utilizará para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción para paliar los efectos del coronavirus y que recibirá hasta 2026. El documento incluye los detalles sobre la reforma de pensiones, la laboral y la tributaria que el Gobierno ha comprometido ante las autoridades comunitarias a cambio de los fondos. Entre los objetivos fundamentales que se ha marcado el Ejecutivo destacan impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible.

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Según los planes del Gobierno, España recibiría este año una prefinanciación de 9.000 millones, que se concederá al aprobar la Comisión el plan y que se esperan para el verano, cifra a la que se sumarán otros 16.000 millones que, en principio, se recibirían en diciembre. Además, habría 2.000 millones del fondo React EU para gasto sanitario. En total: un desembolso de 27.000 millones para este año.

El Ejecutivo ha preparado planes de inversión para los primeros 70.000 millones de euros que se desplegarán entre los años 2021 y 2023 buscando acelerar al máximo en la ejecución de los proyectos, de vital importancia para escapar de la recesión. Esa cantidad se repartirá en 20 programas tractores que tendrán un efecto multiplicador sobre la economía superior a uno: es decir, que por cada euro de inversión el PIB mejorará en más de un euro, según el Gobierno, con el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la Administración pública y digitalización. Del conjunto del plan, se destinará el 39% a la transición ecológica, un 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación, y un 7% para I+D+i, según especificó Pedro Sánchez.

El objetivo, en muy grandes rasgos, es que con su aplicación la economía sea capaz de crear 800.000 puestos de trabajo en tres años. La proyección actual del Ejecutivo es que el PIB crezca este año un 6,5% (frente al impulso del 7,2% estimado previamente), que podría llegar al 9,8% con los fondos europeos. A futuro, la economía se expandiría un 7% en 2022, recuperando entonces el nivel precrisis. Para el bienio 2023-2024 augura que el PIB crezca un 3,5% y 2,1%, respectivamente.

Más de 200 propuestas de inversión y reformas

El plan de recuperación esta conformado por seis proyectos estratégicos (PERTE) ya perfilados por el Gobierno: el coche eléctrico, el hidrógeno de origen verde, la industria aeroespacial, la agricultura sostenible y eficiente, el uso del español en la inteligencia artificial y un sistema nacional de salud puntero que, unidos a otro centenar de hitos, aseguran a España el primer desembolso de Bruselas, condicionado a examen.

A esos proyectos se suma, además, otro centenar de reformas, la pata más controvertida del plan de recuperación. Entre ellas, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral (donde se incluye la reforma de los riders [mensajeros en bicicleta] y el teletrabajo), además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de aguas o la reforma fiscal, donde se incluirán los impuestos ya aprobados sobre las transacciones financieras y la tasa Google.

El Gobierno recogerá también la ley de cambio climático, la estrategia de economía circular, las subvenciones del plan Moves 3 a la compra del coche eléctrico, la hoja de ruta del hidrógeno y la del 5G, la ley de educación, el plan estratégico de impulso de la Formación Profesional, el ingreso mínimo vital, los planes ya publicados de digitalización de pymes, de la Administración y de competencias digitales y la creación de un hub [centro de conexión] audiovisual.

El viernes se conocerá la previsión de déficit

El Gobierno remitirá también a Bruselas el viernes el Programa de Estabilidad, que incluirá el escenario fiscal a medio plazo y la actualización del cuadro macroeconómico con la ya anunciada revisión a la baja de las previsiones para 2021. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, indicó el lunes que ahí se incluirá la senda de déficit público hasta el año 2024, aunque no quiso adelantar las cifras, que se darán a conocer el viernes.

El déficit público cerró el año 2020 en el 10,09% del PIB sin incluir las pérdidas de Sareb, la sociedad a la que los bancos traspasaron activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria (con ellas se elevó al 10,97%), por debajo del 11,3% previsto inicialmente, y la estimación del Gobierno para este año es que concluya en el 7,7% del PIB, una cifra que previsiblemente se verá modificada debido, por un lado, a la mejora del dato del año pasado pero también a la revisión a la baja del crecimiento del PIB para este año.

La Comisión Europea dio luz verde a la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y 2021, una opción que adoptó España ante el impacto de la crisis. Esto implica la suspensión de los objetivos de estabilidad para esos dos ejercicios, que se han sustituido por tasas de referencia. Si bien, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha asegurado que el déficit de 2021 será inferior al de 2020.

De cara a 2022, Montero ha reiterado su confianza en que Bruselas mantenga también para el año que viene la suspensión de las reglas fiscales para poder seguir revitalizando la economía sin recurrir a políticas de ajuste que retraigan el consumo y la inversión pública, una decisión que el Eurogrupo se ha comprometido a tomar antes de que finalice junio.