El Gobierno da por seguro recibir este año 27.000 millones de fondos de la UE

Los 70.000 millones en ayudas directas de Europa no vienen gratis. Habrá un examen semestral de las reformas e inversiones, como adelantó este diario. La Comisión revisará que se cumplen unos hitos preestablecidos. Y el Gobierno ha completado ya el primer centenar de ellos, suficiente como para asegurarse el primer desembolso condicionado a examen, señala el Ejecutivo en la documentación que remitirá a Bruselas. Así, este año se podría recibir la prefinanciación de 9.000 millones —que se concederá al aprobar la Comisión el plan español— y 16.000 millones por el primer tramo que en principio se libraría en diciembre. Además, habría 2.000 millones del fondo React EU para gasto sanitario. En total, España tendría garantizados 27.000 millones.

Justo esa cifra es la que se incluyó en los Presupuestos de 2021 a pesar de que por aquel entonces no se sabía seguro si estos fondos llegarían a tiempo. Y todo ello siempre que los países ratifiquen pronto el programa para que la Comisión pueda endeudarse y repartir el dinero.

Las subvenciones no reembolsables que entregará la UE se desembolsarán en siete pagos. Uno será el de la prefinanciación, que se brindará en cuanto Bruselas apruebe el plan de reformas e inversiones que enviará el Gobierno en los próximos días, el también llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este pago podría darse para el verano y alcanzaría los 9.000 millones de euros, según cálculos del Ejecutivo. Y luego habría otros seis desembolsos a razón de uno cada semestre. Estos estarían condicionados al cumplimiento de unos hitos pactados con la Comisión y que garantizarían que se está avanzando en las reformas y las inversiones. Como explica el Ejecutivo español en los anexos del Plan de Recuperación, en el caso de las reformas un hito se correspondería con las tres fases principales de las reformas legislativas: una, documentos programáticos o planes; dos, el proyecto normativo, y tres, el fin de la tramitación legislativa para la publicación en BOE y entrada en vigor.

El Ministerio de Economía envió al principio a la Comisión más de 1.000 hitos. Pero el Ejecutivo comunitario pidió que se redujese el número. La cifra se bajó a unos 600, pero Bruselas ha pedido que se rebaje todavía más.

De no cumplirse con los hitos o con la ejecución de las inversiones, la Comisión podría bloquear el pago semestral o retener una parte de los fondos.

Los papeles que enviará el Ejecutivo a Bruselas aseguran: “España ya ha abordado desde febrero de 2020 reformas correspondientes a un primer tramo de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que permitirán movilizar los recursos correspondientes en cuanto se terminen los procedimientos para la puesta en marcha de los nuevos instrumentos de financiación, más allá de la prefinanciación prevista”.

Es decir, el Gobierno no prevé problemas para obtener el primer desembolso sujeto al cumplimiento de hitos. Y esto sucede porque la Comisión Europea permite incluir en el plan de recuperación reformas e inversiones que se realizaron durante la pandemia. Así que el Ejecutivo ha metido en el plan un buen número de medidas ya adoptadas en 2020 y 2021 que responden a las recomendaciones europeas sobre lo que hace falta mejorar en España.

El Gobierno recoge por ejemplo la Ley de Cambio Climático, la estrategia de economía circular, las subvenciones del plan Moves 3 a la compra del coche eléctrico, la hoja de ruta del hidrógeno y la del 5G, la Ley de Educación, el plan estratégico de impulso de la Formación Profesional, el ingreso mínimo vital, los impuestos ya aprobados sobre las transacciones financieras y la tasa Google, los planes ya publicados de digitalización de pymes, de la Administración y de competencias digitales, el hub audiovisual y la reforma de los riders y el teletrabajo. En su conjunto, el Gobierno cifra como logrados unos 100 hitos desde febrero de 2020.

Retraso de la reforma de la negociación colectiva

No obstante, parece que los hitos más controvertidos en cambio se posponen. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya había dejado para la segunda mitad de año la negociación con los agentes sociales de las partes más polémicas de su reforma de pensiones: el aumento del periodo de cómputo para calcular la pensión hasta los 35 años y el destope de las cotizaciones. Y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha sido muy clara sobre la necesidad de dar prioridad a otras reformas antes que a la disputada modernización de la negociación colectiva.

En declaraciones a EL PAÍS, la vicepresidenta Calviño señaló que la prioridad es un plan de choque para el empleo juvenil, mejorar las políticas de formación de parados o los nuevos ERTE de transición que se utilizarán este año. “Hay algunas cuestiones que son urgentes para ya mismo y otras que tendremos que ir negociando a lo largo del año porque son más complejas. Pero nuestro objetivo tiene que ser llegar a un acuerdo con los agentes sociales a final de año”, recalcó. Y así se refleja en la documentación que remitirá el Gobierno a Bruselas.

O lo que es lo mismo, se deja para más adelante la parte más complicada de la negociación colectiva, a pesar de que el Ministerio de Trabajo había estado presionando para tenerla cuanto antes. De hecho, Trabajo ha entregado a los agentes sociales una nueva redacción, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, de los artículos 84, 85 y 86 del Estatuto de los Trabajadores. En este borrador solo se permite tocar al alza el salario en los convenios de empresa, se refuerzan los convenios autonómicos —algo que va contra la unidad de mercado—, y se retoma la ultraactividad de los convenios. Todas ellas son materias que provocan rechazo en la patronal y que nunca habían contado con el respaldo de la Comisión Europea.

En cuanto a la reforma fiscal, la vicepresidenta Calviño ya ha declarado que con la pandemia no es el momento de subir impuestos. Así que se ha dado de plazo hasta febrero de 2022 a la comisión de expertos para que presente sus conclusiones. Eso no quita que se puedan hacer ajustes puntuales en algunas figuras tributarias, recuerdan fuentes gubernamentales.

Críticas al plan de recuperación del Gobierno

El plan de recuperación que ha presentado el Gobierno ya ha recibido algunas críticas. El think tank Fedea explica que el plan de recuperación enuncia las reformas sin demasiadas precisiones. Y aunque aplaude iniciativas como los peajes o la reforma concursal, advierte del riesgo de retroceso en materia laboral, de una “subida indiscriminada y poco meditada de la presión fiscal” y de unas propuestas de pensiones que no suponen un avance en la sostenibilidad del sistema.

El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha señalado que el plan debería centrarse más en la capacitación de las personas que en invertir en cosas, como por ejemplo la rehabilitación de edificios, que puede brindar un ahorro energético pero no mejora las capacidades de la economía. Y pedía que se aprovechasen estos recursos para reformar la universidad y convertirla en un polo de innovación como sucede en otros países.