Calviño: “Entiendo que las empresas y familias que lo pasan mal pidan más ayudas”

Nadia Calviño (A Coruña, 52 años) vive un buen momento. Se muestra esperanzada por el aumento del ritmo en la llegada de nuevas remesas de vacuna. Alimentan su optimismo sobre el final de esta crisis sanitaria y de que lo peor ya ha pasado. Recibe a EL PAÍS en la sede del ministerio el día después de que el presidente del Gobierno presentara en el Congreso el plan de recuperación, que contiene las inversiones y reformas que buscan marcar el futuro económico de España en los próximos años.

Pregunta. Esta semana han presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Qué pueden esperar los ciudadanos de este proyecto?

Respuesta. España lleva arrastrando décadas de baja inversión, de enormes desequilibrios, de precariedad en el ámbito laboral. A todos estos problemas se ha unido el impacto negativo de la pandemia, que ha sido particularmente grave en nuestro país. Por ello, es imprescindible abordar un plan ambicioso de recuperación, que nos permita dar un salto en la inversión y desplegar reformas de futuro y asegurarnos de que nuestra economía no solo rebota en el segundo semestre de este año, sino que, además, el país se moderniza y tiene una senda de crecimiento más sostenible e inclusiva a medio plazo.

P. ¿No cree que un plan como este, con 69.000 millones de euros en inversiones y reformas estructurales de calado, se debería haber elaborado con un gran pacto de Estado?

R. Este es un proyecto que todavía tiene que ser aprobado por el Gobierno y después por las instituciones europeas. Es un proyecto que ha sido construido sobre la base de la hoja de ruta que hemos desplegado en estos últimos tres años y de un proceso de diálogo con los agentes sociales, con los expertos, con los sectores productivos y con las autonomías. Además, recoge las conclusiones que hicieron los grupos políticos en la Comisión para la reconstrucción que se estableció en el Congreso el año pasado. Creo que refleja las aspiraciones y las expectativas de la inmensa mayoría de los españoles y por eso creo que se debería contar con un enorme apoyo transversal de los partidos. Tenemos que ser de capaces de ponernos de acuerdo. En este sentido, resulta descorazonadora la respuesta que hemos ido viendo hasta ahora de los partidos de la oposición y, en particular, del Partido Popular. Espero que evolucione.

P. Muchos critican que el plan es impreciso, le falta detalle y que ha faltado diálogo.

R. Estamos todavía terminando de trabajar en algunos detalles y algunos flecos, pero el documento central contiene una información exhaustiva y detallada sobre las inversiones y las reformas que están previstas. Nos permite afrontar el futuro con más confianza después de un año tan duro y una pandemia que ha tenido un efecto tan devastador sobre nuestro país.

P. ¿Cómo van a conseguir que este plan no quede como un Plan E descafeinado o que las inversiones no se diluyan sin el efecto deseado?

R. El plan va a requerir un enorme esfuerzo. No solo de la Administración sino del conjunto de agentes económicos, de toda la sociedad. Necesitamos que todas estas inversiones las desplieguen el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero contando también con el sector privado. La colaboración público-privada es fundamental para movilizar un volumen tan importante de inversión, como lo ha sido para desplegar todas las medidas que hemos ido poniendo en marcha para responder a la pandemia. Hemos dado una respuesta muy distinta a esta crisis respecto a la crisis financiera. Desde marzo del año pasado, todas las medidas que hemos adoptado han dirigido los recursos públicos directamente a las empresas, a los trabajadores y a las familias. Gracias a eso hemos podido proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares para tener así una base más sólida para la recuperación. En esta misma línea, queremos que este plan se despliegue con una colaboración muy estrecha con todo nuestro tejido productivo, con las grandes empresas, pero también con las pequeñas. También con el concurso de los agentes sociales. Se trata de un proyecto de país que requiere de la colaboración de todos. No podemos dejar pasar esta oportunidad, tenemos el plan, tenemos los recursos financieros y tenemos la ambición de hacerlo realidad cuanto antes.

P. Pero en algunas cosas es bastante ambiguo. Por ejemplo, en aspectos de la reforma laboral, la reforma fiscal o de pensiones. ¿Qué significa la modernización de la negociación colectiva?

R. Es evidente que no se puede predeterminar el resultado de aquellos elementos que tienen que ser articulados a través del diálogo social. Creo que los agentes sociales han dado muestras de un enorme compromiso y responsabilidad, jugando el papel que le corresponde, de vertebración del país. Creo que esta actitud es la que se necesita en este momento: que rememos todos en la misma dirección..

P. Entonces, ¿cuál es la prioridad en la reforma laboral? La ministra de Trabajo defendió que la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa debía ser prioritario. Al día siguiente recibió un aviso de la Comisión Europea exigiendo una reforma laboral “ambiciosa e integral” y que no perdiera “flexibilidad”.

R. Creo que todos tenemos claro, y así lo refleja el plan de recuperación, qué es lo más urgente cuando entremos en una fase de crecimiento económico intenso. Es muy urgente abordar cuanto antes la modernización y digitalización del SEPE para superar los problemas que hemos tenido. Es urgente empezar a trabajar en la modernización de las políticas activas de empleo con las comunidades, porque vamos a invertir miles de millones de euros en un ámbito en el que tenemos que ser más eficaces. Es urgente llevar al Consejo de Ministros el real decreto de riders [repartidores}, sobre el que ya se ha alcanzado el acuerdo social. Es urgente trabajar con los agentes sociales sobre cuál va a ser el modelo de ERTE de transición para la segunda mitad del año, que acompañe la reactivación e impulse la reincorporación de los trabajadores a su empleo. Es urgente poner en marcha un plan de choque contra el desempleo juvenil, porque los jóvenes son los más afectados por la pandemia y tenemos que tratar de movilizar todos los instrumentos para conseguir que en estos próximos meses les demos oportunidades, sobre todo de formación, para que puedan acceder a los puestos de trabajo de calidad. Y, en paralelo, tenemos que empezar con las reformas de más calado, que son las que se refieren a la modernización de la negociación colectiva, la regulación adecuada de las subcontratas, la simplificación de contratos y la revisión de las bonificaciones a la contratación. También hemos de articular un mecanismo permanente que proporcione a las empresas flexibilidad interna, alternativo a la alta temporalidad y precariedad en el empleo y a la volatilidad en destrucción de empleo que hemos visto en ciclos anteriores.

P. Entonces, ¿se hará en varias fases? Y en una fase posterior, ¿se abordará la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa?

R. No, no. Tenemos que trabajar en paralelo en los distintos elementos. Las carencias que arrastramos desde hace décadas no se resuelven con el cambio de un artículo de un texto legal. Se trata de cuestiones complejas que requieren de múltiples acciones en paralelo, tanto en el ámbito laboral como en relación con la estructura empresarial, la educación y formación, y el resto de componentes del plan de recuperación, que interactúan y se retroalimentan. Hay algunas cuestiones que son urgentes para ya mismo y otras que tendremos que ir negociando a lo largo del año porque son más complejas. Pero nuestro objetivo tiene que ser llegar a un acuerdo con los agentes sociales a final de año para que podamos encauzar una recuperación intensiva en la creación de empleos de calidad y que nos dé unas bases del mercado laboral más sólidas y justas, para que empecemos a resolver los problemas y desequilibrios que arrastramos desde hace décadas. No tenemos que resignarnos a tener un país con unas tasas anormalmente altas de temporalidad, de precariedad, de desempleo estructural y juvenil.

P. Pero el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, lanzó una advertencia para que el mercado laboral no pierda flexibilidad.

R. Creo que [las palabras del vicepresidente de la Comisión Europea] fueron en la línea de lo que está trabajando el Gobierno español, que es una reforma ambiciosa y en profundidad que tiene que desplegarse a través del diálogo social.

P. En la parte de pensiones, por ejemplo, los sindicatos ya han manifestado su rechazo a la propuesta de Escrivá. ¿Aprobarán las reformas aunque no consigan el apoyo de los agentes sociales?

R. Estamos hablando de temas muy complejos. Temas sobre los que hay puntos de partida muy diferentes de los distintos agentes sociales, que exigen una negociación intensa, y que no es fácil. Pero lo que he visto, más allá de las declaraciones públicas, es una voluntad de trabajar juntos y de poner cada uno lo mejor de sí mismo para llegar a acuerdos.

P. Respecto a las pensiones, prevén eliminar ajustes de la reforma anterior, ¿cómo se va a compensar el desfase en las cuentas?

R. Mi mensaje es de tranquilidad, a los pensionistas actuales y al conjunto de la población, porque nuestro objetivo es asegurar pensiones dignas y que se mantiene el poder adquisitivo a corto y a medio plazo. Para eso estamos trabajando con los agentes sociales, para reforzar de cara al futuro la joya de la corona de nuestro Estado de bienestar. Llevamos tiempo trabajando en esta línea y el ministro Escrivá está haciendo un trabajo concienzudo y serio, como se demuestra con el acuerdo histórico del Pacto de Toledo.

P. EE UU ha lanzado un plan de estímulo de casi cinco billones de dólares. ¿No le da envidia? Cuando Europa aprobó los fondos de 750.000 millones se vio como un éxito, pero visto con perspectiva, ¿no cree que se queda corto?

R. Está claro que los modelos plenamente federales como el de EE UU tienen una capacidad de acción más rápida que un modelo como el europeo con sus 27 estados miembros, cada uno de ellos con sus complejidades a nivel nacional. Pero este año hemos dado un salto muy importante en términos de la construcción europea, primero con los mecanismos de liquidez que se pusieron en marcha la primavera pasada, y en particular el mecanismo SURE, que es el embrión de un sistema de reaseguro de desempleo futuro, y después con la aprobación del plan de recuperación de 750.000 millones de euros. El despliegue de los planes de inversión nacionales, junto con el apoyo del BCE, nos va a permitir dar un impulso al crecimiento sin comparación con las políticas de la anterior crisis financiera..

P. Le reprochan que el plan de ayudas a empresas y autónomos llegó tarde, se quedó corto y se aprobó sin contar con las comunidades, que son las que lo gestionan.

R. Por lo que hablo con los colegas de otros países este tipo de situaciones son comunes. Además, yo lo entiendo. Yo entiendo que las empresas y las personas que lo están pasando mal quieran y pidan más ayudas. Lo entiendo, pero el Gobierno actuó con rapidez desde marzo de 2020 y con una eficacia extraordinaria para movilizar un volumen de recursos sin precedentes. Hablamos de créditos avalados por el sector público por 124.000 millones de euros; de un volumen de recursos movilizados solo para el apoyo a los ERTE de más de 37.000 millones de euros, y de una emisión de deuda pública extraordinaria de 150.000 millones entre 2020 y 2021 para la respuesta a la pandemia. Y a toda esta red de seguridad hemos añadido los 11.000 millones para reforzar aún más la solvencia empresarial y que las empresas tengan el músculo adecuado para encarar la recuperación económica. Creo que la respuesta que hemos dado ha sido decidida, ambiciosa y eficaz.

P. Pero las ayudas no llegarán hasta después del verano, más de un año después del inicio de la pandemia.

R. Esta misma semana la ministra de Hacienda va a enviar el borrador de convenio para la gestión de las ayudas a las comunidades autónomas. Una vez lo firmen, en un máximo de 10 días se desembolsará el dinero. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de diseñar un plan con un paquete de ayudas directas que permitiese dar un tratamiento igual, proporcional y justo a todas las empresas. Hemos utilizado criterios objetivos para identificar el tipo de empresas y sectores que necesitarán estar cubiertos, pero desde el primer momento nos hemos mostrado abiertos a ser flexibles. De hecho, dentro de los convenios que se les envían a las comunidades se les va a dar un margen para añadir algún otro sector, o tipo de empresas, que se pueda haber visto más afectado por la especificidad de esa comunidad.

P. Pero las ayudas las gestionarán las comunidades. ¿No cree que deberían haber mantenido un diálogo abierto con ellas antes de aprobar el decreto?

R. Nosotros tuvimos un diálogo con muchas comunidades autónomas y en especial con las más afectadas.

P. Muchas lo niegan.

R. En fin, sí ha habido un diálogo con las comunidades, con el sector productivo, con las empresas, con otros países para ver exactamente qué medidas estaban funcionando y cuáles no. Por el momento, no hay problemas de aumento de morosidad o demora excesiva que pueda suponer un riesgo financiero. Las empresas están aguantando gracias a todos los instrumentos de ayuda que hemos puesto en marcha desde el año pasado. Hemos tratado de anticiparnos a las necesidades de cada fase, y por eso este paquete de ayudas, que incorpora nuevos instrumentos, se orienta a reforzar los balances empresariales para que las empresas viables puedan afrontar la recuperación, abordar las inversiones de futuro necesarias, contratar trabajadores y también que se produzca el necesario proceso de reestructuración en la economía.

P. Pero han transcurrido casi seis meses desde que anunciaron que aprobarían las ayudas. Y con el fondo de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, solo se han aprobado ayudas a cuatro empresas.

R. Tenemos que lograr el adecuado equilibrio entre hacer una gestión responsable de los recursos públicos y al mismo tiempo que se canalicen los recursos de forma ágil para apoyar a la economía real. Como he señalado, están disponibles múltiples instrumentos de apoyo: para operaciones de más de 25 millones para reforzar el capital de las compañías tenemos el fondo de la SEPI. Para las operaciones de menor dimensión, se está poniendo en marcha el nuevo fondo de Cofides. Además, hemos habilitado al ICO para acompañar los procesos de reestructuración financiera con las entidades financieras. Son instrumentos que no son tan a corto plazo como los de liquidez, que pusimos en marcha en un primer momento y que seguimos reforzando.

P. ¿Es Plus Ultra un buen ejemplo de la gestión de las ayudas?

R. Por el momento, se ha acordado dar créditos y préstamos participativos, que tendrán que devolverse. Yo creo que esto es importante, porque hay cierta confusión con las ayudas directas a fondo perdido. Los mecanismos que se están poniendo en marcha para reforzar el capital de las empresas viables antes de la pandemia, que están en una posición de vulnerabilidad como consecuencia de la caída de la actividad, incorporan una serie de cautelas para garantizar que ese dinero se devuelve y que, sobre todo, se utiliza para el fin que se persigue, que es mantener la actividad de las empresas y el empleo en sectores estratégicos. El sector del transporte aéreo es indudablemente uno de los más golpeados, es estratégico y no podemos discriminar entre las empresas que cumplen las condiciones de acceso al fondo y lo piden. Tenemos que ser muy objetivos a la hora de valorar los informes que se realizan sobre el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa.

P. Pero causa sorpresa que sea una empresa con años de pérdidas, una actividad muy reducida, accionistas venezolanos…

R. La SEPI ha ido tratando los asuntos en función del orden de entrada de solicitudes y se ve claramente que hay un enorme énfasis en los sectores más afectados por la pandemia, el turismo y el transporte. Ese es el objetivo principal de ese fondo de recapitalización.

P. Han revisado el cuadro macroeconómico. Han empeorado las previsiones de crecimiento en casi tres puntos de PIB para este año. Aun así, los expertos creen que han sido demasiado optimistas.

R. Las previsiones de Gobierno están alineadas con las de todos los organismos nacionales e internacionales. Es una previsión prudente e incorpora toda la información disponible en este momento. Contempla un segundo trimestre de transición, seguido de un crecimiento muy intenso en el tercer y cuarto trimestre del año.

P. Pero aún hay muchas dudas sobre la economía. El plan de vacunación acumula retraso. Hay problemas con algunas vacunas y dudas sobre los fondos europeos (Una decena de países aún no han convalidado el acuerdo de las ayudas y el Constitucional alemán amenaza con pararlas). ¿Se pueden permitir fallar?

R. Permítame tres cuestiones al respecto: En primer lugar, nuestras previsiones se basan en la senda de vacunación prevista por el Gobierno y estamos cumpliendo. Es una senda de vacunación prudente y estamos viendo que hay margen y capacidad para reforzar y acelerar el proceso de vacunación. Más de nueve millones de personas, el 19% de la población, ya ha recibido una dosis. Hay 3,3 millones de personas con la pauta completa. Tenemos un sistema sanitario muy bien preparado para campañas masivas de vacunación y se está logrando una velocidad de crucero muy positiva que nos permitirá cumplir esos objetivos. En cuanto al proceso de ratificación soy muy optimista, la previsión compartida en la reunión del Ecofin de este viernes es que finalmente el Tribunal Constitucional aprobará la ratificación y la Comisión Europea podrá empezar a emitir la deuda en la segunda parte del año. Y en tercer lugar, lo que veo sobre el clima económico es una enorme confianza en que vamos a salir adelante, una enorme voluntad de invertir y de contribuir a esta recuperación. Todos los inversores expresan una enorme confianza en las posibilidades de España. Veo muchas ganas.

P. Con la revisión a la baja de las perspectivas, ¿no se corre el riesgo de que los Presupuestos queden en papel mojado? ¿Van a presentar el plan de consolidación fiscal a medio plazo que reclaman el Banco de España y la Autoridad Fiscal?

R. Estamos comprometidos con la reducción del déficit y la deuda pública. Es evidente que la respuesta a la pandemia nos lleva a un aumento del déficit y de la deuda. Esto puede ser un lastre para las generaciones futuras si no lo invertimos bien, y por eso estamos poniendo tanto esfuerzo en gestionar el dinero con mucho sentido común y responsabilidad. La ministra de Hacienda presentará, en breve, el plan de estabilidad, en el que detallará cuáles son las previsiones de déficit hasta 2024. Nuestra prioridad en este momento es el crecimiento económico y la creación de empleo. A medio plazo, tendremos que continuar con la senda de reducción del déficit más estructural. Pero ahora no es el momento.

P. El otro día dijo que no es el momento de subir impuestos. Pero en los Presupuestos de 2021 hay media docena de incrementos fiscales.

R. Como le decía, la prioridad del Gobierno es apoyar la recuperación económica y la creación de empleo. Por eso, en la preparación de los Presupuestos no hubo modificaciones significativas en los principales impuestos que pudieran poner en riesgo esa recuperación. Es verdad que introdujimos la adaptación fiscal a la nueva realidad digital para establecer una imposición justa de las plataformas digitales; introdujimos el impuesto sobre transacciones financieras que llevaba mucho tiempo en preparación y algunos ajustes, pero no se ha abordado un aumento de los impuestos. El Gobierno no tiene intención de subirlos en este momento. Cosa distinta es que iniciemos el trabajo del grupo de expertos, que nos permita tener un informe en 2022 para desplegar en los próximos años una reforma de nuestro sistema fiscal que, en paralelo con los cambios en el ámbito internacional, lo haga más sólido, más progresivo y justo.

P. Pero en diciembre subieron el IRPF para las rentas altas, sociedades para las empresas más grandes… ¿No perjudican la recuperación económica?

R. Exacto.

P. ¿No cree que hay una contradicción entre las declaraciones del candidato del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, sobre no subir impuestos y las recientes propuestas internacionales lanzadas desde el FMI o EE UU de abordar una fiscalidad más ambiciosa?

R. No veo ninguna contradicción. Una cosa es que a corto plazo nuestra prioridad sea el crecimiento y por tanto no sea el momento de aumentar los impuestos, y otra cosa es que tengamos que trabajar en el diseño de ese marco fiscal adecuado a la realidad del siglo XXI en línea con debates que se están produciendo en el plano internacional y que son necesarios para asegurarnos de que la financiación de la respuesta a la pandemia es adecuada y justa. Me llama la atención declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid y otros políticos que lo que hacen es prometer bajadas de impuestos como único elemento de política económica, cuando todos somos conscientes de que nuestro país lo que necesita es reforzar nuestro sector público, invertir en educación, en sanidad, en ciencia, en I+D y en la modernización de la Administración pública si queremos revertir la tendencia negativa que hemos tenido desde la crisis financiera y que supone un freno para nuestra prosperidad futura.

La crispación y la tensión no aportan nada positivo”

Pregunta. Ha pasado un año de la última entrevista. Ahora usted es vicepresidenta segunda y Pablo Iglesias ha salido del Gobierno. ¿Se siente aliviada? ¿Han cambiado las dinámicas del Consejo de Ministros?

Respuesta. No, el Consejo de Ministros no ha cambiado. Desde que soy ministra de Economía he entendido que mi función es la de coordinación, liderazgo y definición de la política económica, coordinando a todos y cada uno de los ministros, los del Partido Socialista y, desde el Gobierno de coalición, también a los de Podemos, para lograr los objetivos compartidos.

P. Pero ha habido tensiones.

R. Hemos trabajado muy intensamente durante este último año en la puesta en marcha de la respuesta a la pandemia, también en las negociaciones que han tenido lugar con los agentes sociales, por ejemplo, para diseñar el mecanismo de los ERTE y, en general, para ir desplegando todas las reformas que, entre otras, en el ámbito laboral nuestro país necesita. Yo pienso seguir trabajando de la misma manera apoyando a todos los ministros, también a la vicepresidenta tercera [Yolanda Díaz], para poder desarrollar esta hoja de ruta que es la que España necesita.

P. No siempre hay esa discreción. A veces, parece que hay más roces públicos de lo que podría parecer deseable...

R. Soy totalmente contraria y llevo tres años contribuyendo a reducir el ruido ambiente y la crispación. Por dos razones, porque creo que no responde a la realidad de España y lo que los ciudadanos viven en su día a día. Nuestro país es un país con energía positiva, con gente a la que le gusta trabajar junta, que colabora y que tiene una visión positiva y esperanzada de lo que se puede hacer en el futuro. Lo hemos visto durante la pandemia: los vecinos se ayudan, las familias se apoyan. Eso es España. Y creo que la realidad política debería responder más a la realidad de la ciudadanía. Yo me identifico con esa ciudadanía. Y, en segundo lugar, creo que la crispación y la tensión no aportan nada positivo para construir un país mejor.

P. Pero lo cierto es que hay enfrentamientos entre los ministros. ¿Perjudica ese ruido a la hora de negociar con Bruselas?

R. En todas las organizaciones humanas, ya sean gobiernos, empresas, familias o comunidades de vecinos, hay distintos puntos de vista. ¡Supongo que hasta en un periódico! Y es normal que los haya. Lo que necesitamos es encontrar la manera de trabajar juntos y construir sobre la base de lo que nos une, que es mucho más que lo que nos separa.