Sánchez anuncia 11.000 millones para hostelería y turismo sin detallar ni el calendario ni el formato de las ayudas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso un paquete de 11.000 millones de euros para “empresas, pymes y trabajadores autónomos” centradas en los sectores del “turismo, la hostelería y la restauración”. “No queremos solamente salvar empresas, sino reforzarlas”, ha dicho Sánchez. El anuncio se produce en pleno debate sobre la necesidad de que el Estado destine ayudas directas a salvar empresas, sobre todo pequeños negocios, asfixiados por las restricciones impuestas por la pandemia. Sánchez lanzó este mensaje a primera hora, en medio de la refriega política del Parlamento. Pero el Gobierno no ha querido dar ningún detalle ni sobre el calendario ni sobre el formato de estas ayudas. Los portavoces oficiales rechazaron aportar cualquier información adicional a lo que dijo el presidente. Sin embargo, otras fuentes consultadas apuntan que el Ejecutivo no trabaja en las ayudas directas que reclaman los sectores afectados, sino en quitas a las empresas que han recibido créditos ICO y en una especie de fondo de recapitalización para pymes.

Estos 11.000 millones de euros para las empresas irán destinados a “reforzar la solvencia de sus balances”, ha dicho el presidente. “Y que puedan así retomar su actividad, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores que requieren para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica”, ha añadido Sánchez en una intervención en el Congreso para dar cuenta del estado de alarma.

El jefe del Ejecutivo ha querido lanzar un mensaje de optimismo sobre la futura marcha de la economía. “La recuperación económica es una esperanza firme”, ha dicho. Y ha destacado que su Gobierno ya ha puesto un 20% del PIB en medidas de apoyo a los sectores más castigados por la pandemia, en su mayoría destinados a los ERTE y a avales del ICO a créditos de empresas. Sin embargo, desde hace semanas había un debate dentro del Ejecutivo sobre la necesidad de ofrecer ayudas directas, sobre todo a la hostelería. Este sector y el comercio habían pedido juntos la semana pasada 12.500 millones en ayudas. Y este miércoles en el Congreso el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha redoblado la presión reclamando ayudas directas por valor de 50.000 millones.

Reforzar la solvencia

Sin embargo, los planes del equipo económico del Gobierno van dirigidos a reforzar la solvencia de las empresas y no a dar ayudas directas, algo que dejan para las comunidades autónomas. Desde hace un par de semanas y como adelantó este periódico, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dio un giro para intentar hacer frente a los problemas de insolvencias que podrían generarse por la pandemia.

Una de las patas es un fondo para hacer quitas a los préstamos avalados por el ICO. Esta ayuda solo se brindará a empresas que lo necesiten, que hayan sufrido las restricciones y que se consideren viables. En principio estarían fuera del esquema las inviables y las saneadas.

En cuanto a la otra pata, las fuentes oficiales no han querido dar explicaciones, ni en Moncloa ni en Economía. Sin embargo, otras fuentes consultadas indican que Economía está trabajando en una suerte de fondo de recapitalización de empresas más pequeñas, ya que para las grandes existe el fondo de la SEPI con 10.000 millones de euros, del que han solicitado ayudas compañías como Air Europa o Duro Felguera. Una fórmula que siempre se utiliza para recapitalizar empresas de un tamaño intermedio son los préstamos participativos, que son los últimos en el derecho de cobro y solo perciben un interés si la sociedad obtiene beneficios.

La respuesta inicial a la pandemia consistió en cubrir costes laborales con los ERTE y para todo lo demás conceder sobre todo créditos avalados por el ICO. Se hizo así pensando que se trataba de un shock temporal. Sin embargo, conforme se ha alargado la pandemia, parece evidente que las soluciones se quedaban cortas. Al llevar ya un año resistiendo, muchas empresas que en principio eran viables estaban acumulando una deuda excesiva, tal y como ha alertado el Banco de España en numerosas ocasiones. Incluso si no quebraban, podrían pasar muchos años sin invertir, destruyendo empleo y solo intentando devolver deudas, como sucedió en Japón.

Por eso, el equipo de Calviño está ultimando un plan para aliviar estas situaciones en el que se incluyen las quitas a los ICO, un fondo para recapitalizar pymes y agilizar los procesos concursales. Como el Estado puede acabar de todos modos encajando las pérdidas que haya en los créditos avalados por el ICO, Economía ha decidido centrar parte de la ayuda entre las empresas que han obtenido préstamos ICO, reduciéndoles la carga. De esta forma además se adelanta la pérdida a un momento en el que el Tesoro puede financiarla gracias a unos mercados apuntalados por las compras del BCE.

El ministerio considera que buena parte del incremento de deuda registrado se halla entre esas empresas con préstamos avalados por el ICO. Sin embargo, la banca y las patronales critican que solo se ayude a los que han recibido un ICO, dejando fuera por ejemplo a quienes han optado por resistir tirando de su propia tesorería. También señalan que los problemas que atraviesan ahora mismo las empresas son de falta de ingresos, no de liquidez o sobreendeudamiento. Y que quitarles deuda no aliviará a las que pueden cerrar porque no tienen los ingresos hoy.

El departamento de Calviño es reacio a dar ayudas directas porque en otros países ha sido habitual que las empresas ingresen el subsidio y, a continuación, cierren. Prefieren que las comunidades, que son las que imponen las restricciones, brinden las ayudas a quienes se vean afectados. Y recuerda que han inyectado muchos recursos a las autonomías, hasta el punto de que a fecha de noviembre el conjunto tenía superávit en las cuentas. También conmina a los gobiernos autonómicos a usar los 8.000 millones que tienen este año del fondo europeo React EU, del que pueden destinar una parte a ayudas directas a empresas.

Sánchez ha comparecido este miércoles a petición propia en el pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta del estado de alarma vigente hasta el 9 de mayo y de las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia. El Ejecutivo ya dejó claro este martes que no se plantea la posibilidad de levantarlo dos meses antes, el próximo 9 de marzo, –una petición de varios grupos de la oposición que se incluyó a última hora en el decreto de prórroga del estado de alarma a cambio de su apoyo–, porque considera que las circunstancias no lo aconsejan. La intervención de Sánchez se enmarca dentro de los compromisos que el Gobierno asumió para sacar adelante esa prórroga, que prevén su comparecencia cada dos meses.