Comercio y hostelería se unen para reclamar ayudas directas de 12.500 millones

Los sectores del comercio y la hostelería, dos de los más perjudicados por la pandemia, se han unido en una iniciativa para hablar con una sola voz ante las administraciones, sobre todo el Gobierno central, y reclamar “urgentemente” ayudas directas de 12.500 millones de euros. De ese dinero, dos tercios corresponden a bares y restaurantes, más afectados que las tiendas por las restricciones y cierres. Tras casi un año de pandemia, ambos sectores cifran sus pérdidas en 82.000 millones de euros y medio millón de empleos destruidos por el cierre de 148.000 negocios.

“España se sostiene por el comercio y la hostelería y eso se está poniendo en riesgo”, ha clamado Carlos Moreno-Figueroa, portavoz de la Confederación Española de Comercio (CEC), una de las patronales que integran la Alianza de Comercio y Hostelería de España, junto a otras ocho de las principales de ambos sectores como Acotex (comercio textil), FECE (electrodomésticos), Hostelería de España y Marcas de Restauración (cadenas de comida), entre otras. Según sus cifras, los dos sectores suman un 19,2% del PIB, con 730.000 establecimientos y 4,9 millones de empleos, el 17% de los afiliados a la Seguridad Social.

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Paula Nevado, responsable de Marcas de Restauración, ha puesto sobre la mesa las ayudas que reclaman para la “supervivencia” del tejido empresarial afectado. “Reclamamos un plan serio y bien dotado para reactivar y garantizar el futuro a corto plazo”, ha dicho, antes de cifrar en 12.500 millones las ayudas que, estiman, necesita el sector. De ese dinero, 8.500 millones corresponderían a la hostelería, una cifra que la patronal hostelera ya lleva semanas reclamando. Los otros 4.000 millones serían para el comercio minorista, algo menos afectado por la crisis, según Moreno-Figueroa, pero que tiene algunos sectores entre los más castigados, sobre todo el comercio textil, cuyos ingresos cayeron un 40% el año pasado. En general, calculan que el comercio perdió 17.000 millones en 2020, con 63.000 tiendas cerradas.

Las ayudas “tienen que ser urgentes, directas y en cuenta, como en Alemania”, proporcionales a las pérdidas registradas en 2020 respecto a 2019, ha reclamado Moreno-Figueroa, quejándose de que desde el Gobierno, especialmente el ministerio de Economía, se lleva ya algunas semanas hablando de ayudas directas, pero que “se retrasan”. Esta misma semana, la titular de Economía, Nadia Calviño, adelantó que llegarían en marzo.

La unión tiene como objeto presionar a las administraciones ante la situación “extremadamente grave” que ha dejado el virus en tiendas, bares, restaurantes y alojamientos. El Gobierno les escucha, dicen, pero no pone en marcha las medidas que piden. Por ello, aunque han descartado por ahora nuevas movilizaciones, han pedido establecer de forma urgente una “mesa de trabajo con todos los ministerios concernidos para consensuar medidas inmediatas de supervivencia del tejido empresarial”, ha dicho Nevado. Uno de sus argumentos es que no son una de las principales fuentes de contagio, según los datos del Ministerio de Sanidad, pero sí son los que soportan las restricciones más duras, con límites horarios y de aforo, cuando no cierres forzosos durante semanas. Esas medidas, dicen, ya han costado el cierre de 148.000 negocios, que se han llevado medio millón de empleos, sin contar con los ERTE, que aún mantienen cotizando a otros 300.000.

Además de las ayudas directas, los hosteleros y comerciantes reclamarán a las administraciones otras medidas de alivio, articuladas en cuatro ejes: financieras, laborales, de alquileres y fiscales. En el primer grupo se inscriben las ayudas directas, pero también el aumento en un año del periodo de carencia para empezar a pagar los créditos ICO (para empezar a pagarlos el año que viene), así como compensaciones a las empresas que no han pedido estos créditos. En el lado laboral, piden la extensión e los ERTE hasta finales de este año y la posibilidad de despedir trabajadores con un “criterio de proporcionalidad” a las pérdidas. En cuanto a alquileres, una protección que impida los desahucios por falta de pago y ajustar los contratos a la interpretación de la cláusula rebus sic stantibus, es decir, la posibilidad de modificarlos ante la venida de un hecho inesperado como ha sido la pandemia. Finalmente, en materia fiscal piden una rebaja del IVA para incentivar el consumo y reducciones de impuestos y tasas como el de Actividades Económicas o la de recogida de basura.