Crisis de Abengoa

Abengoa confía su futuro a la ayuda del fondo de rescate del Gobierno

La CNMV abre expediente al antiguo consejo por no presentar las cuentas de 2019

Planta solar de Abengoa, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Planta solar de Abengoa, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).PACO PUENTES / EL PAÍS

El futuro de Abengoa está más en el aire que nunca tras presentar su matriz concurso de acreedores el lunes. Sin embargo, fuentes de la compañía creen en su viabilidad y confían en alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación. Los accionistas minoritarios, enfrentados con el consejo, también apuestan por esta vía. “Hace falta ayuda del Gobierno, a través del fondo de rescate de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)”, sostiene Clemente Fernández, candidato a la presidencia del grupo sevillano, que opera en los sectores de infraestructuras, medioambiente y energía, entre otros. Mientras se resuelve este problema de fondo, la CNMV abrió el martes expediente sancionador al antiguo consejo por no remitir el informe financiero de 2019.

Tras años de turbulencias, en el presente y el futuro de Abengoa pintan bastos. El concurso de acreedores presentado por su matriz ponía el broche a años de dificultades financieras, aunque la empresa opta por un tono optimista y confía en reflotar su negocio. Para lograrlo le quedan pocas opciones: casi la única alternativa viable es que reciba del Estado la inyección económica que necesita para sobrevivir.

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En el último intento de refinanciación, la cantidad máxima pactada eran 250 millones. Y según fuentes conocedoras de las conversaciones, tras el deterioro de los últimos meses la necesidad será superior. ¿Y de dónde podría salir esa cantidad? Tras el fracaso en el intento con el sector privado, solo queda esperar que el Gobierno abra el grifo. El camino no será fácil, ya que se tiene que ver cómo vehicular la ayuda —en caso de que se conceda—, pero todas las miradas apuntan al fondo de rescate para empresas estratégicas que gestiona la SEPI. Los portavoces de Abengoa prefieren no hacer declaraciones: “Estamos en un proceso concursal y la compañía no puede ni debe pronunciarse al respecto”, apuntan. Y fuentes del mercado aseguran que aún no ha habido conversaciones oficiales.

Por parte de los accionistas minoritarios, enfrentados con el actual consejo de administración —han forzado una junta extraordinaria para tomar el control—, las posibilidades de salvar la firma andaluza pasan por recorrer esta misma ruta. “Habrá que buscar una solución, pero soy optimista. Si la banca se pone de perfil, la lógica dice que debe ser el Gobierno el que salve la compañía. Mi objetivo es acudir al fondo de la SEPI”, incide Fernández, que espera tomar las riendas de la empresa el jueves de la próxima semana.

Un cambio en la cúpula que este martes cobró más fuerza si cabe tras el anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de abrir expediente sancionador al consejo anterior de Abengoa por no remitir las cuentas de 2019. Una infracción que se considera “muy grave”, lo que podría suponer la inhabilitación de sus cargos. El presidente era Gonzalo Urquijo y los consejeros, Josep Piqué, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui y Pilar Cavero Mestre.

División de la deuda

Los enfrentamientos en la alta dirección de Abengoa han sido variados y muchos de ellos se resolverán en los tribunales. El martes fue el turno de las demandas de las sociedades Inversión Corporativa, Ardachón y Finarpisa, encabezadas por la familia Benjumea y otros accionistas de Abengoa, que reclamaban una indemnización de 1.000 millones al Banco Santander y HSBC. La petición se desestimó, aunque el fallo no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En la parte financiera, los números de Abengoa acumulan un pasivo de unos 6.000 millones. Así, en caso de ir a concurso todo el grupo, se convertiría en la mayor suspensión de pagos desde la Gran Recesión. Algo que quieren evitar por todos los medios. Por el momento, solo lo ha presentado la matriz —acumula una deuda de unos 1.000 millones—, que está hueca de contenido y ni siquiera tiene empleados.

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De esta forma, por el momento, la suspensión está limitada a una parte, aunque fuentes conocedoras de la posición financiera de la firma reconocen que existe el riesgo de que arrastre al resto de filiales consigo. Esto podría afectar a la petición de ayuda al Gobierno, ya que se podría entender como un síntoma de falta de viabilidad. Para acceder al fondo de rescate de la SEPI se tienen que cumplir varios requisitos: la empresa tiene que ser estratégica y viable, y tiene que presentar un plan de devolución de la ayuda, entre otros. Además, el fondo solo puede salir al auxilio del agujero provocado por el coronavirus. Es decir, no podría taponar una sangría previa a la pandemia.

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