Abengoa presenta concurso de acreedores tras fracasar el último rescate

Abengoa está al borde del abismo. Inmersa en una profunda crisis desde 2015, este lunes no pudo conseguir que la banca acreedora prorrogara una vez más los plazos para cerrar el acuerdo de reestructuración de deuda acordado el pasado mes de agosto. Al conocerse el fracaso del tercer rescate que emprende la firma de ingeniería sevillana en los últimos años, el consejo de administración se reunía de urgencia y decidía solicitar el concurso de acreedores (la antigua quiebra).

El 6 de agosto de 2020 se firmó un acuerdo para la reestructuración de deuda. Se trataba del tercer rescate para salvar a la emblemática empresa sevillana desde que en 2015 se destapó una enorme deuda de 20.000 millones de euros que provocó que se declarara en preconcurso de acreedores. Pero aquel pacto tenía muchos flecos sueltos, entre ellos la aportación de 20 millones por la Junta de Andalucía, a la que el Gobierno regional nunca se comprometió, arrastrando al Ejecutivo central y a la banca acreedora que supeditaban su apoyo a esos fondos regionales.

Este lunes saltó definitivamente por los aires ese acuerdo cogido con alfileres al conocerse que uno de los grandes acreedores retiró el pasado fin de semana el waiver (renuncia de pago) que permitía ampliar el plazo de cierre de la operación, según comunicó la firma por la mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fuentes cercanas a la empresa, señalaron que entre esos acreedores se encuentra el banco Santander y el fondo KKR.

Desde agosto y hasta el pasado 19 de febrero, la empresa había conseguido el plácet de los acreedores, el ICO y el Gobierno central para extender el plazo de negociación, “mientras que en paralelo Abengoa ha trabajado sin éxito en la búsqueda de posibles alternativas ante la negativa de la Junta a aportar los fondos”, según señalaba esta mañana la empresa en su nota al regulador. Sin embargo, tras no haber conseguido una nueva prórroga, la empresa de ingeniería admitió que “el acuerdo de reestructuración ha quedado automáticamente resuelto de modo que la operación de financiación en su día anunciada no puede ser ya ejecutada”.

El consejo de administración se reunía de urgencia telemáticamente esta mañana. Horas más tarde anunciaba su decisión de solicitar la declaración de concurso de acreedores para la sociedad matriz Abengoa SA ante un juzgado sevillano, puesto que la sede de la empresa está en la capital andaluza. La sociedad ya estaba en preconcurso de acreedores desde agosto de 2020.

“El consejo de administración, siendo consciente de la compleja situación y de las cada vez mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas, sigue comprometido en buscar alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor, objetivo para el cual se solicita a todos aquellos que tienen intereses en la sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos”, indicó la compañía en un nuevo comunicado remitido esta noche a la CNMV.

Tras la quiebra de la matriz, el consejo tratará de mantener fuera de concurso a las filiales como Abenewco 1 y Abenewco 2, que concentran los activos del grupo. Aunque no se han presentado las cuentas auditadas de 2020, se estima que la deuda ronda los 6.000 millones de euros, lo que equivaldría al mayor concurso de acreedores desde el de Martinsa-Fadesa en 2008 que acumulaba un pasivo de 7.000 millones.

Situación crítica

La firma de ingeniería se encuentra en una situación crítica tanto financiera como societariamente. La pasada semana presentó con un año de retraso las cuentas consolidadas de 2019, en las que declaró unos fondos propios negativos de 4.760 millones para el grupo y de 388 millones para la sociedad individual Abengoa SA. Las pérdidas netas fueron de 549 millones para el grupo y de 487 millones para la sociedad.

Además, el actual consejo de administración, elegido el pasado 22 de diciembre, está pendiente de lo que decida una junta general extraordinaria, que debe celebrarse el 3 o el 4 de marzo próximos, en la que la principal propuesta del orden del día es precisamente la destitución del consejo por incumplir los mandatos de otra asamblea de socios celebrada a mediados de noviembre.

El grupo de accionistas minoritarios AbengoaShares se oponen al rescate diseñado el verano pasado, por el que la banca acreedora se haría con los principales activos de la empresa a cambio de su apoyo financiero. Por eso, proponen destituir en la junta de la próxima semana al actual presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo, y sustituirlo por Clemente Fernández, expresidente de Amper, para trazar otra hoja de ruta. Este grupo de accionistas ya consiguió en noviembre de 2020 destituir al anterior consejo, presidido por Gonzalo Urquijo.

Un acuerdo con alfileres

El rescate anunciado en agosto que no ha podido materializarse suponía una inyección de 550 millones de euros entre avales y liquidez. De una parte, los 250 millones de entrada en caja se distribuían en un préstamo ICO de 50 millones; otros 180 millones prestados por la banca acreedora pero avalados también en un 70% por el ICO y 20 millones que debía poner la Junta de Andalucía. Además, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), participada mayoritariamente por el Estado, debía otorgar otros 300 millones en avales.

Abengoa, que tiene una plantilla de cerca de 14.000 empleados, de los que unos 3.000 trabajan en España, acumulaba una deuda tanto financiera como a proveedores de 20.000 millones de euros cuando estalló sus crisis hace seis años. Para evitar la quiebra, la mayor parte de ese pasivo se convirtió en participaciones de capital, de forma que los acreedores se quedaron con el 95% de la compañía.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo la semana pasada que el Gobierno central está dispuesto a seguir ayudando a Abengoa y pidió tanto a la Junta de Andalucía como a los accionistas minoritarios que desbloquearan la compleja situación que vive la multinacional andaluza.

No obstante, la inclusión de la aportación de la Junta en el contrato de reestructuración se hizo sin que en ningún momento hubiera un compromiso formal del Gobierno andaluz y sin aportar ninguna garantía de que la empresa devolvería el dinero público, según defiende el Ejecutivo regional. El ICO y la banca acreedora se agarraron a esa negativa para no movilizar los recursos a los que los se habían comprometido.