El culebrón de Abengoa de nunca acabar

El culebrón empresarial de Abengoa no ha terminado aún. Estaba cantado que esta semana iba a ser trascendental en el devenir de la compañía, con una junta general extraordinaria, la empresa cabecera del grupo (Abengoa SA) descabezada y unos accionistas minoritarios, que se habían unido para tumbar los planes de la cúpula que consideraban perjudiciales a los intereses de la empresa, a palos entre ellos.

La citada junta extraordinaria se celebró el pasado martes, 22 de diciembre, y se cumplieron los pronósticos. Los accionistas minoritarios, agrupados en Abengoashares, no tuvieron problemas para colocar a sus candidatos en el nuevo consejo de administración. Ya habían logrado un triunfo histórico en la anterior junta extraordinaria del 17 de noviembre, cuando destituyeron al anterior equipo gestor, que a sabiendas de su derrota había convocado previamente esta otra junta extraordinaria del martes. En el horizonte de 35 días de por medio entre una y otra, se contemplaba un verdadero torneo entre las dos partes enfrentadas en el que se iba a dirimir mucha esgrima mercantil.

En ese contexto, como también suele ocurrir en estas lides, se entablaron contactos para buscar una solución consensuada. Y así ocurrió. A una semana de la fecha fijada, Marcos de Quinto, el elegido como líder por los minoritarios, y Gonzalo Urquijo, el presidente derrocado, con la mediación del Banco Santander como principal acreedor, alcanzaron un acuerdo según el cual se aceptaba el denominado Plan Vellocino, firmado en agosto, con algunas variaciones a favor de los minoritarios (como los PIV para la refinanciación que les ofrecía una revalorización de las acciones).

Sin embargo, el pacto se produjo con una división manifiesta de los 15 miembros de la Mesa de Representantes de Abengoashares ante los que De Quinto se tuvo que batir el cobre para que nueve votaran a favor. De poco sirvió porque las bases dieron la vuelta a la votación, con un resultado del 55% en contra y 45% a favor.

Como consecuencia, De Quinto hizo mutis, al igual que la persona llamada a ser secretario del consejo, Ignacio Trillo Garrigues. El expresidente de Coca Cola España y exdiputado de Ciudadanos adujo que el acuerdo era la única salida y que lo contrario era abocar el grupo a su quiebra definitiva. Pero los minoritarios críticos se rearmaron y encontraron rápidamente un recambio dentro del grupo: Clemente Fernández González, propietario de 10 millones de acciones. Este cántabro de San Vicente de la Barquera, de 56 años, hostelero e inversor, se mostró dispuesto a meterse en harina desde el momento que vio la oportunidad. Con osadía, se erigió en el nuevo salvador para esos minoritarios divididos y pronto tomó el estandarte.

En su currículum aparece que experiencia no le falta en operaciones similares. En 2017 tomó el control de Amper dos horas después de una junta de accionistas. Fernández respaldó al entonces presidente, Jaime Espinosa de los Monteros, pero después impidió que cobrara un bonus millonario tras realizar varias ampliaciones de capital, lo que le llevó a presidir la empresa. De igual manera, lideró la asociación de minoritarios de Dogi, que fue su bautizo como reflotador de empresas en crisis. “La situación de Abengoa es muy parecida a la que me encontré en Amper, ya que los minoritarios tomaron el control en contra de los mayoritarios”, ha reconocido.

Pero no lo tenía fácil. Fernández había trazado un aterrizaje consistente en llegar a la presidencia de Abengoa SA tras asumir la de la filial Abenewco1 después de celebrarse una junta universal en esta. Según fuentes consultadas, este plan estaba pactado con los tres componentes del nuevo consejo de administración (Juan Pablo López-Bravo, Jordi Sarrias y Margarida de la Riva Smith), así como que uno de ellos dimitiría para dejarle el puesto a él. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, se topó con que no se le ponían al teléfono. Esa actitud le llevó a acusar al nuevo consejo de secuestrar la junta de accionistas y de actuar bajo el mando pactado entre De Quinto y Urquijo. Un traspiés que le impide negociar con la banca acreedora como tenía previsto y que, si la cosa no se remedia, a tomar acciones legales y amenazar con la convocatoria de otra junta para destituir al consejo en la confianza de que sumarán más adhesiones de minoritarios. El problema es que los plazos están muy ajustados y que el 14 de marzo se cumple el que la empresa debe rendir cuentas del rescate. Y, entonces, tendría que liquidar la compañía.