Un cartel en la Universidad de Granada agita el debate de la sobreprotección: “No atiende a padres. El alumnado es mayor de edad”

“El Vicedecanato de Prácticas no atiende a padres. Todo el alumnado matriculado es mayor de edad”. Este cartel en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (UGR), cuya imagen ha corrido como la pólvora en redes, ha reabierto el debate sobre la sobreprotección de algunos padres y madres a sus hijos, especialmente en el entorno educativo.

Pedro Valdivia, vicedecano de dicha facultad y autor del cartel, afirma que el objetivo del mismo no es más que “fomentar la autonomía de los alumnos”. Aunque destaca que los casos de padres que acuden al centro en representación de sus hijos son “totalmente aislados”, reconoce que a veces es preciso recordar que “la relación académica es entre el estudiante y la Universidad”, puesto que todos los matriculados son ya mayores de edad.

“Entendemos que las familias buscan siempre el mayor desempeño de sus hijos, y eso es también lo que nosotros buscamos: queremos acompañarlos, orientarlos, dialogar con ellos y fomentar su crecimiento académico y personal”, explica Valdivia, que reitera que los padres helicópteros —aquellos que ‘sobrevuelan’ a su descendencia para protegerla— “son los menos” y que, afortunadamente, la mayoría de los alumnos “resuelven por sí mismos” sus asuntos con los distintos departamentos universitarios.

Coincide con él José Ángel Morales García, profesor de Neurociencias en la Universidad Complutense de Madrid (UCM): “Aunque en años de profesión he visto de todo, he de admitir también que son casos aislados; la mayoría de los alumnos son autónomos”, incide. Cada curso, Morales imparte clases a unos 300 o 400 estudiantes: “Con una cifra tan elevada, es normal encontrarse con situaciones llamativas”.

Entre las mismas, recuerda la de un padre que acudió al final de un examen y le pidió “que se lo repitiera otro día a su hija, porque la chica no había podido dormir en toda la noche por los nervios, como el resto de sus compañeros, solo que ella no se había presentado”. También la de algunos estudiantes que han asistido a la revisión de una prueba junto a sus progenitores. “En estos casos, le explico a la madre que lo que hay que potenciar es el razonamiento crítico del estudiante, que sea él quien me rebata una corrección, no sus padres”.

En este debate, algunos han salido en defensa de aquellos alumnos que recurren a sus progenitores para intentar resolver lo que aseguran que son “errores imperdonables” de la universidad. “Si son los padres los que pagan la universidad de su hijos [estos deben] estar informados de la productividad de esa inversión”, opinaba una cuenta en redes sociales.

Contraproducente para el desarrollo

La psicóloga Beatriz Valderrama, experta en coaching e inteligencia emocional, remarca que estas acciones por parte de los progenitores son “contraproducentes”, porque impiden el “desarrollo de las capacidades” de los jóvenes y “limitan su autonomía”. Entiende que los padres lo hacen “con la mejor intención”, pero sostiene que lo más positivo es “dejarles asumir y gestionar sus propios retos”, también cuando son niños y adolescentes.

Para fomentar la “autoeficacia” de los jóvenes es fundamental “permitirles probar y que se equivoquen”, indica Valderrama. De lo contrario, los hijos “se hacen cada vez más dependientes y no maduran”. No obstante, la doctora lamenta que los padres helicópteros son una tendencia creciente en las sociedades con un alto nivel de bienestar, donde “los chavales están cada vez menos acostumbrados a buscarse la vida” y donde los progenitores “quieren evitar cualquier sufrimiento a sus hijos”.

“Es muy importante que los padres no se obsesionen con impedir que sus hijos cometan los errores que ellos mismos cometieron en el pasado”, enfatiza. “Tienen que dejarles afrontar los retos diarios, incluso cuando creen que ellos pueden resolverlos mucho mejor, para que después estos jóvenes sean capaces de asumir las complicaciones que llegarán a sus vidas en el futuro”, subraya.

El debate generado a raíz de la medida anunciada por la Universidad de Granada pone sobre la mesa el acoso que sufren algunos docentes por parte de los progenitores, incluso cuando los alumnos se encuentran ya en su etapa universitaria, y reabre la cuestión de si deberían establecerse más mecanismos legales para evitar este tipo de injerencias.