El Gobierno rescata para Bruselas su plan de cobrar por el uso de las autovías

La idea de abonar un peaje vuelve a planear sobre las autovías españolas. El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a poner en marcha un sistema de pago en la red de vías de alta capacidad (autopistas y autovías del Estado) para financiar su conservación, que cada año cuesta 1.200 millones de euros. También destinará a ese fin los ingresos por las concesiones de áreas de servicio en esas carreteras. El plan de recuperación presentado por el presidente Sánchez recoge esta propuesta para paliar el déficit en la conservación de la red estatal, de unos 10.000 millones, según la patronal Seopan. El Ministerio de Transportes se plantea esta iniciativa a medio plazo, y siempre buscando el consenso y la forma de que los transportistas no soporten el cargo.

”Se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal”, señala el plan que el Ejecutivo remitirá a Bruselas en los próximos días para justificar la entrega durante los próximos tres años de ayudas europeas no reembolsables por valor de unos 70.000 millones.

El proyecto no es novedoso, pero se trata de la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez la plasma en un documento oficial. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya había avisado en varias intervenciones de la necesidad de buscar un mecanismo para financiar la conservación de la red de autovías y autopistas del Estado que a medio plazo sustituya la gratuidad universal por el pago por uso, igual que ocurre en el transporte aéreo y ferroviario.

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El plan es que solo paguen por el uso de autovías los automovilistas de tránsito —tanto turistas extranjeros como viajeros nacionales— con un pago muy reducido en comparación con los peajes de las autopistas. Y de él quedarán excluidos camioneros, autocares y particulares que usan la carretera para ir al trabajo. “Estamos buscando el instrumental para que no repercuta sobre los transportistas”, explican fuentes de Transportes. Uno de los inconvenientes es que esta diferencia de trato podría chocar con las normas comunitarias. De momento, el proyecto no ha visto la luz. Y tampoco se ha creado en el Congreso la subcomisión que anunció hace dos años Ábalos para abordar la cuestión.

Con todo, el plan de cobrar a los automovilistas por el uso de las autovías comenzó en Gobiernos anteriores. Ya en 2012, con el Ejecutivo del PP y con la ministra de Fomento Ana Pastor se planteó un modelo de peaje blando que solo afectaría a los vehículos ligeros, quedando exentos los camiones y los autocares de viajeros.

El plan de recuperación indica explícitamente que “es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”. Pero más allá de esa declaración de intenciones no se aporta ningún detalle, ni sobre las condiciones ni sobre los plazos de su implementación.

En cualquier caso, la medida no se aplicará de forma inmediata, ni en 2021 ni en 2022, y necesitará el consenso del sector de transporte, tanto de las empresas de mercancías como de las de viajeros, según fuentes del Ministerio de Transportes.

La reversión al Estado de las autopistas de peaje cuyos contratos de concesión han vencido entre 2018 y 2021 —Europistas (AP-1), Aumar (AP-7 y AP-4), Acesa (AP-7, AP-2 y B-23) e Invicat (C-31, C-32 y C-33)— ha agravado el problema, al aumentar el coste del mantenimiento del que hasta ahora se hacían cargo las concesionarias privadas.

La patronal de las grandes constructoras, Seopan, que apoya el plan, ha fijado un peaje de 0,03 euros por kilómetro para los vehículos ligeros, y de 0,14 euros para los pesados.

El Ministerio de Transportes ya ha planteado un nuevo modelo de conservación de las carreteras de la red estatal, según informaron a EL PAÍS fuentes de la Administración. Este esquema ofrece la posibilidad de incluir en un mismo contrato con una concesionaria tres tipos de prestaciones: ayuda a la conservación ordinaria de las carreteras, explotación de las áreas de servicio e inclusión de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. Es decir, la empresa que se lleve el área de servicio y sus beneficios ayudaría a costear el mantenimiento con el canon que abona y se ocuparía de conservar su tramo y de pequeñas mejoras.

La principal novedad de este plan es que se separan de forma expresa los gastos e ingresos del contrato. Por un lado, se establece el presupuesto de gastos que soporta el Estado. Estos son los costes de conservación y explotación y obras menores. Por otro lado, se explicitan los ingresos: el canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos. Estos ingresos, en lugar de revertir al Tesoro como hasta ahora, se destinarán directamente al presupuesto de conservación de carreteras, informan las mismas fuentes. Así, contribuirán a sufragar obras de mayor envergadura para alargar la vida útil de las vías.

Los contratos que autorizó el Consejo de Ministros del 30 de marzo para los tramos de las autopistas AP-2 y AP-7, cuyos peajes serán liberados en septiembre, tienen una duración inicial de dos años con la posibilidad de una prórroga de tres. Se espera tener unos ingresos mínimos con las áreas de servicio de 25 millones de euros en estos dos años iniciales, aunque esta cifra subirá una vez los licitadores hagan sus ofertas. Y unos gastos en ese mismo periodo de 137 millones que sufraga el Estado, si bien esta cantidad bajará por la puja y porque se incluye ahora el coste de suprimir las infraestructuras de los peajes.

El desmantelamiento de estas instalaciones supone un 26% de los 137 millones, unos 35 millones. Esta cantidad no se reflejará en los sucesivos contratos de esos corredores, al haberse realizado ya las obras.

Telefonía 5G en las rutas principales de transporte

Uno de los ejes principales del plan de recuperación del Gobierno es la conexión con la nueva generación de telefonía móvil 5G. El programa pretende acelerar el despliegue de las redes y poner a disposición inmediata los servicios 5G para todos los actores socioeconómicos del país, “consolidando la posición de España como uno de los países líderes en el despliegue 5G”.

El plan contempla diversas medidas con este propósito, tanto de índole normativa (llevando a cabo una adecuación del espectro y garantizando la ciberseguridad), como inversiones para apoyar el despliegue de esta tecnología, en corredores de transporte o en las principales autovías y vías férreas, tanto nacionales como transfronterizas.

Entre las metas fijadas en este ámbito, se prevé que, en 2025, el 75% de la población cuente con cobertura 5G. Asimismo, el plan señala que es preciso completar el despliegue de la conectividad de alta velocidad (100 Mbps) en todo el país.