Fomento abre la puerta al pago por el uso de las autovías

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha instado a buscar una fórmula, “sea la que sea”, para asegurar el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.

Ábalos ha llamado a reflexionar sobre el mantenimiento de la red de carreteras, incluidas autovías y autopistas, “la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita”, cuando por el resto, como puertos, aeropuertos y vías ferroviarias se pagan distintas tasas o cánones.

Además, salvo en las autopistas de peaje, en el resto de vías no hay ninguna contribución por parte de ninguno de los usuarios, "ya no digo los vecinos, sino los turistas o camiones que producen un deterioro de la vía y sin reversión alguna”, ha indicado.

Las palabras del ministro abren la puerta a la instauración de un posible pago por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas. Precisamente, la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan propuso la semana pasada la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas. Seopán también aboga por la implantación de sistemas de peaje inteligente para el acceso y salida a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona,

“Queremos apostar por un modelo de sostenibilidad como ocurre también en Europa. Sea el que sea, pero que tengamos un modelo y no diversos modelos con experiencias diversas en cada territorio”, ha dicho Ábalos, quien ha instado a las formaciones políticas a buscar un modelo igualitario que no discrimine a los usuarios según los territorios.

Gratuidad de la AP-1

Justamente, el ministro de Fomento instaba a esta reflexión tras confirmar que partir del 1 de diciembre se podrá circular por la AP-1 (Burgos-Armiñón) sin pagar peaje, e insistió en que se mantiene la decisión de no prorrogar las concesiones de autopistas de peaje que vencerán durante la actual legislatura tal y como adelantó EL PAÍS y que, en algunos casos, ya se ampliaron 24 años más de lo previsto inicialmente.

Las autopistas afectadas serían la AP-1 Burgos-Armiñón, cuya concesión finaliza el 30 de noviembre, y las autopistas AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz, cuyo periodo concesional acaba el 31 de diciembre de 2019. Seopán calcula que la eliminación del peaje de la AP-1 tendrá un coste anual solo en peajes para el Estado de 3o millones de euros.

Futuro incierto para las autopistas rescatadas

El Ministerio de Fomento ha dejado en suspenso el anunciado concurso público para volver a ceder a empresas privadas la explotación de las nueve autopistas rescatadas por el Estado hasta que no concluya el cálculo de la factura que este rescate tendrá para las arcas públicas, según aseguró el titular del departamento, José Luis Ábalos.

El Gobierno mantiene en 1.800 millones de euros la estimación del anterior Ejecutivo de la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración que deberá abonar a las primeras concesionarias, mientras que las empresas que eran titulares de las vías y los fondos que se quedaron con su deuda elevan este importe a entre 3.700 y 5.000 millones de euros. Fomento tiene de plazo hasta los próximos días 13 de enero y 20 de enero de 2019 para determinar esta factura, dado que, según la legislación, debe atenderla en los seis meses posteriores a la resolución de los contratos de concesión, anulación que se produjo el pasado verano.

El anterior Gobierno preveía volver a licitar a lo largo de este año las nueve autopistas que quebraron con el fin de recaudar entre 700 y 1.000 millones de euros. Las autopistas nacionalizadas son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Circunvalación de la Alicante y la Cartagena-Vera.