Gobierno y Junts pactan la delegación de las competencias migratorias a Cataluña

El anuncio del acuerdo entre el Gobierno y Junts para la delegación de la gestión de la competencia de inmigración a Cataluña es inminente. El pacto está cerrado y se presentará esta semana, según fuentes del máximo nivel conocedoras del estado de las negociaciones entre el Ejecutivo y el socio más impredecible de la investidura. El secretismo sobre el detalle de su contenido es absoluto, aunque las voces consultadas adelantan que el acuerdo que socialistas y neoconvergentes suscribieron hace más de un año, sin lograr aterrizarlo hasta ahora por el rechazo de La Moncloa a perder el control fronterizo, contentará a todas las partes y reforzará el autogobierno catalán, siempre dentro de la Constitución.

El anuncio se producirá después de la retirada por parte de Junts de la iniciativa en la que planteaba la posibilidad de una cuestión de confianza contra Pedro Sánchez y tras el acuerdo con ERC para la condonación de más de 17.000 millones de deuda a Cataluña, otro compromiso que los socialistas arrastraban desde el inicio de la legislatura y que el Ministerio de Hacienda ha incluido en su oferta de quita de 83.000 millones de deuda al conjunto de las comunidades de régimen común. Siete días antes, el Govern y ERC pactaron que Cataluña gestione el servicio de Cercanías el 1 de enero de 2026. Tras los dos relevantes gestos con ERC, La Moncloa contempla concederle el foco a Junts, que mantiene un pulso permanente con ERC por la hegemonía entre los votantes soberanistas.

La discrepancia de fondo que ha imposibilitado el acuerdo durante meses ha girado alrededor del control de fronteras. Junts ha insistido durante todo este tiempo en que el traspaso tendría que ser integral. El debate ha sido enconado por los diferentes puntos de vista acerca de la participación de los Mossos d’Esquadra en la seguridad fronteriza, una función que hasta el momento venían desempeñando en exclusiva Policía Nacional y Guardia Civil. La consejera de Interior catalana, Núria Parlon, anunció en febrero que la policía autonómica asumirá la seguridad ciudadana de puertos y aeropuertos a partir de septiembre. El Govern lo desligó de la negociación de las competencias de inmigración entre Junts y el Gobierno central y Parlon rechazó que el Estado fuese a ceder el control de las fronteras con el traspaso de inmigración a Cataluña: “Por la línea en la que van las negociaciones, será en todo caso compartido”, afirmó. En el Gobierno han evitado dar detalles, no han avalado públicamente el modelo bávaro que ha estado presente en las negociaciones y que consistiría en una gestión compartida de las fronteras. PSOE y Junts también han mantenido desavenencias por la administración sobre la que debe recaer la decisión para poder expedir documentos como la tramitación del NIE, el número de identificación de extranjeros, así como los procesos de expulsión, que Junts quiere que sean responsabilidad exclusiva de la Generalitat.

Fuentes del Gobierno evitan entrar en detalles para no poner en riesgo el acuerdo, pero aseguran que se mantendrá la titularidad estatal de la competencia migratoria, que sería gestionada por la Generalitat que preside Salvador Illa, del mismo signo político que Sánchez. Una garantía más, según los socialistas, de que el traspaso será constitucional frente a las críticas del PP y Vox de que será una nueva concesión a los independentistas. Fuentes de la dirección federal del PSOE remiten al artículo 150.2 de la Ley Fundamental para remarcar que el acuerdo respetará y cumplirá la Carta Magna. “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”, establece ese punto de la Constitución.

La concreción de los acuerdos se ha dejado para después del Mobile World Congress. Los socialistas no querían opacar la última demostración de la normalidad institucional de la que Illa hace gala desde que es president. Entretanto, en Junts también reconocen que el acuerdo está a punto, pero se evitan triunfalismos, aludiendo a que no sería la primera vez que un trato con los socialistas se termina torciendo a última hora, cuando parecía haber quedado perfilado y sellado. Puigdemont ha rebajado los decibelios de la confrontación que mantenía con el Gobierno a la espera de resultados tangibles y la idea en todo caso es que el acuerdo se pueda anunciar incluso antes del miércoles. Ese día también valdría, en una semana valle en la que no hay plenos ni en el Congreso ni el Senado. En las filas del partido independentista, la negociación se ha diseñado en Madrid más que en Barcelona. El equipo que lidera Míriam Nogueras en el Parlamento ha estado en contacto directo con Puigdemont para desgranar los requisitos que tiene que tener un traspaso que siempre se ha presentado como “integral”.