Las grandes constructoras proponen pagar peajes por entrar a Madrid y Barcelona

La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan ha propuesto este lunes la implantación de sistemas de peaje inteligente para el acceso y salida a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, para reducir la congestión y la contaminación, y aportar fondos a las administraciones para que estas afronten inversiones en infraestructuras.

Estos peajes inteligentes consisten en el cobro variable y electrónico de una cantidad teniendo en cuenta el tráfico en tiempo real, y estableciendo carriles rápidos en los que se asegura una velocidad determinada, para, así, liberar de vehículos a los carriles gratuitos. Por ejemplo, en la carretera madrileña de circunvalación M-30 habría carriles que, por un peaje, garantizarían una velocidad constante de 70 kilómetros por hora, o llegar desde al aeropuerto al centro de la ciudad en un determinado tiempo.

Los peajes son variables —cuanto más tráfico, más caros— y se pagan de forma electrónica con una pegatina que porta el vehículo, sin necesidad de parar cuando se ingresa en la vía de pago. El sistema ya está ensayado con éxito por Ferrovial en las congestionadas autopistas de Dallas (Texas, EE UU).

La propuesta se produce en un momento en que los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, ambos gobernados por formaciones de Podemos, están introduciendo severas restricciones de tráfico en el centro de las ciudades.

Peaje en todas las vías

Esta es una de las conclusiones de un informe realizado por la consultora A.T. Kearney para Seopan y que ha sido presentado este lunes. El trabajo estima que la implantación de estos peajes reduciría la congestión en las grandes ciudades entre el 30% y el 50% en horas puntas, lo que evitaría 150 horas al año de atascos por cada conductor y reduciría las emisiones de CO2 hasta un 15%

El informe de A. T. Kearney no solo aboga por gravar la entrada a las grandes capitales sino que considera que hay que extender los peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas.

Según el estudio en España, solo el 18% de las autovías y autopistas es de pago, y en el actual contexto de reducción del déficit, ve complicado que el Estado asuma la inversión necesaria para construir y mantener carreteras solo con fondos públicos. Precisamente, el informe va en contra de la línea adoptada por el actual Ministerio de Fomento que ha anunciado que liberará de peajes las concesiones que vencen entre 2018 y 2021

El estudio traza dos escenarios. El primero se basa en tarifas de 1 céntimo por kilómetro para vehículos ligeros y 5 para pesados. El cobro de estos peajes proporcionaría los recursos necesarios para resolver el déficit de inversión en la red tarificada (1.424 millones) y garantizaría la autosuficiencia de los fondos generados para sostener el mantenimiento de la misma (40.000 millones en 25 años).

El otro escenario, con tarifas siempre por debajo de la mayoría de países europeos y de 3 céntimos por kilómetro para turismos y de 14 para vehículos pesados, permitiría, además, resolver el déficit de conservación y mantenimiento en la red no tarificada (5.200 millones de euros) y proporcionar un pago por adelantado del sector privado al Estado.

El informe cifra dicho pago anticipado al Estado en 18.000 millones de euros, una cantidad que podría destinarse a otras inversiones en infraestructuras, como transporte público o la red secundaria o las asociadas a nuevas soluciones de movilidad.

Por otra parte, implantar peajes en toda la red viaria de gran capacidad reportaría un beneficio fiscal —impuesto de sociedades, IVA, impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre transmisiones patrimoniales— de entre 17.000 y 49.000 millones de euros en el plazo de 25 años.

"España debe potenciar la inversión privada y la financiación de las infraestructuras viarias por parte del usuario para mejorar la movilidad, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos españoles y contribuir a la equidad social entre regiones, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad del sistema", ha explicado hoy el presidente de Infraestructuras de A.T. Kearney, Eugenio Prieto