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La patronal de las constructoras carga contra el Gobierno por levantar los peajes

El responsable de Seopan dice que quitar las tasas solo en Burgos costará 30 millones públicos al año sin contar las inversiones

El presidente de Seopan, Julián Núñez, durante su intervención en el curso de la APIE de Santander. En vídeo, declaraciones de Núñez.

Julián Núñez, presidente de la patronal de las constructoras y concesionarias Seopan, ha criticado con dureza la decisión del Gobierno de ir liberando las autopistas de los peajes según venza su concesión. Durante su participación en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, organizado por la APIE y patrocinado por el BBVA, Núñez afirmó que solo el impacto para el Estado de quitar el peaje de la AP-1 en el tramo Burgos-Armiñón, tal y como ha anunciado el Gobierno, “será de 30 millones anuales, entre los 24 millones de ingresos fiscales [que el Estado dejaría de ingresar] y seis millones que supone el coste del mantenimiento". Y ha añadido: "Estos 84 kilómetros de carretera los utilizan unos 20.000 vehículos al día, de los cuales el 17% son pesados, y gran parte del tráfico es de extranjeros, que llegan al 50% en los meses de verano”. Abertis es la concesionaria de este tramo y Núñez vaticinó que lo primero que pasará será que “habrá despidos de trabajadores”.

Además, Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, advirtió que si se levantan las barreras de esta autopista, el Estado también tendrá que hacer frente a 330 millones en inversiones para adaptar la carretera a la normativa europea, con túneles y nuevos aparcamientos. Auguró que, sin peaje, "llegará un 30% más de tráfico pesado, con el problema que supondrá para la circulación”. En lugar de la supresión, Seopan sugirió que se bonifique el pago a los ciudadanos que viven en la zona y que usan la autopista a diario. “Lo hemos pedido como patronal muchas veces pero nunca se nos ha hecho caso”, recordó.

También añadió que las tres autopistas de peaje en las que el Gobierno ha anunciado que quitará el peaje una vez que este año y el que viene concluyan su plazo de concesión —la AP-1 (Burgos Armiñón), la AP-7 (Alicante-Tarragona) y la AP-4 (Sevilla-Cádiz)— registran un tráfico de 16.825 usuarios al día y generan ingresos de 370 millones de euros al año.

Críticas al Gobierno

Núñez pidió que no se cumpla el anuncio del Gobierno o que, al menos, se retrase. “No tiene sentido quitar los peajes y que el Estado pague a los conductores, de los cuales 3,8 millones son coches de extranjeros, en lugar de invertir en hospitales, colegios, I+D, o medio ambiente, donde España tiene un déficit de 114.000 millones por el gran recorte que se hizo desde la crisis. Todo el mundo paga cuando utiliza un aeropuerto, un puerto o una estación de tren porque va incluido en los billetes. Se sigue el principio de que el que usa paga. Ninguno de los grandes países europeos va en la línea de quitar los peajes, sino todo lo contrario: poner carreteras de pago y destinar más dinero al Estado del Bienestar”, justificó Núñez.

Desde Seopan se cuestiona el apoyo que puede tener la medida entre los ciudadanos. “Suponemos que los conductores estarán contentos, pero no sabemos lo que piensan los pensionistas, que muchos de ellos no tienen coche. Habrá que ver qué piensan los otros partidos del Parlamento”, advirtió.

Núñez aseguró que no fueron avisados de la medida, “que va en contra de la línea de la Unión Europea, y que alguna vez tendrá que armonizarse en todo el continente”. En su opinión, si España no cambia las prioridades de su inversión, un problema que se agravará si se retiran los peajes, “se tardará 47 años en ponerse al nivel de los grandes países europeos en infraestructura pública que proporciona bienestar a los ciudadanos”.

Relicitar las autopistas quebradas

En cuanto a las autopistas quebradas y cuya salida a concurso de nuevo está pendiente, ha afirmado que el impacto de no llevar a cabo esa nueva licitación supone “que el Estado dejará de ingresar 38 millones en impuestos y tendrá que gastar 18 millones en mantenimiento, es decir, tendrá un impacto de 56 millones anuales. Con este dinero, en dos años el Estado podría construir un gran hospital o una gran universidad, que viene a costar unos 100 millones”.

Respecto al informe de los geógrafos publicado estos días y en el que critican que se ha "despilfarrado dinero" en las últimas dos décadas por excesivas inversiones en ferrocarriles, aeropuertos, carreteras y desaladoras, Núñez afirmó que no es veraz. "Según nuestros cálculos, solo ha habido errores en dos de cada 1.000 decisiones tomadas sobre infraestructuras. Nosotros no tomamos esas decisiones, lo hace la Administración, pero es un número muy reducido, aunque hubiera sido mejor no equivocarnos en ninguna", ha señalado.

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