La patronal estima que la supresión del peaje costará unos 450 millones al año al Estado

La decisión del Gobierno de eliminar los peajes las autopistas cuyas concesiones vayan venciendo, ha suscitado reacciones de distinto signo entre los sectores afectados y los partidos políticos y administraciones. Seopan, la patronal de constructoras y concesionarias, no se ha querido posicionar expresamente y se remite a la estimación que hizo en abril de que la supresión de los peajes tendría un coste de 450 millones anuales para las arcas públicas solo para los tramos cuya licitación expira en el futuro inmediato. En cambio, celebra la decisión el sector del transporte por carretera, para el que supone un ahorro de costes de hasta 1.900 euros anuales por vehículo, y también por grupos políticos como Podemos. Es la opción que defiende también la Generalitat Valenciana, controlada por el PSPV y Compromís. En cambio, el Gobierno vasco, que tiene transferidas las competencias sobre las autopistas en el País Vasco, defiende el modelo de cobrar el mantenimiento de estas vías a los usuarios. Por su parte, Ciudadanos pide que el Gobierno aclare su modelo de infraestructuras.

Según Seopan, la liberación de peajes al terminar las concesiones y revertir las autopistas de pago a la red pública tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para el Estado y eso solo en lo que se refiere a las concesiones de las vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se contempla toda la red de pago de 2.550 kilómetros del país. El coste que el Estado deberá afrontar al levantar las barreras de los peajes deriva de sumar el importe necesario para atender al mantenimiento y conservación de las vías, del que actualmente se encargan sus empresas concesionarias, y de lo que deja de ingresar por impuestos.

La decisión del Ministerio de Fomento afecta por el momento a tres vías, las que vencen este año y el que viene, la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona. No obstante, puede sentar un precedente para las tres que terminan su concesión en 2021, el tramo de la AP-7 que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

En el caso de la AP-1, Seopan estima que si se levantan los peajes, el Estado tendrá que asumir un mantenimiento de 23 millones al año y la asunción por parte de los contribuyentes de los costes de mantenimiento de 6 millones de euros al anuales.Y además tendrá que hacer frente a las obras para completar la totalidad del trazado de la autopista a tres carriles, que costarán más de 300 millones.

Los camioneros, contentos

"Nos parece bien, cuando se acaben las concesiones no se puede renovar [la adjudicación] a las empresas privadas", ha expresado Noelia Vera, coportavoz de la dirección del partido de Pablo Iglesias. Vera ha subrayado la necesidad de una auditoría para conocer los costes por la gestión privada de estas vías. "Antes de rescatar las autopistas hay que rescatar a los ciudadanos en vez de renovar las concesiones a empresas privadas que privatizan la movilidad", ha concluido. El secretario de Organización y número dos de Podemos, Pablo Echenique, ha puntualizado el rechazo de su formación a que se vuelvan a relicitar las radiales quebradas.

Ciudadanos pide claridad al Gobierno sobre su modelo general de infraestructuras: que se dejen de “improvisación y anuncios”, ha dicho Inés Arrimadas, portavoz nacional del partido, y expliquen “cuál es su modelo de gestión de las autopistas”. Solo entonces, ha seguido Arrimadas, “nos posicionaremos al respecto”. Ciudadanos lamenta que no haya aún “un programa de gobierno” y no se sepa por tanto qué “pretende hacer en temas importantes como infraestructuras, inmigración o precariedad laboral si es que pretende seguir gobernando”, ha añadido.

Por su parte, el sector del transporte por carretera también valora muy positivamente el anuncio de la eliminación los peajes anunciada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista con EL PAÍS. Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte, ha celebrado la noticia como “muy importante y muy positiva” para el colectivo de transportistas, tanto por razones económicas, como de tráfico y de “seguridad”. En conversación telefónica, Gil ha destacado que, de media, cada camión pesado paga unos 1.900 euros anuales en peajes y ha cifrado en unos 240.000 los vehículos pesados de transporte público (por diferenciarlos de las flotas de camiones de empresas que transportan mercancías propias, otros cerca de 90.000) que surcan las carreteras españolas.

Ha subrayado también que abrir las autopistas supondrá una alternativa a los transportistas que, para evitar los peajes, eligen carreteras nacionales. “Se nos acusa de congestionar las nacionales”, ha dicho Gil, “por lo que, sin peajes, tanto los camioneros como los coches podrán elegir”, aliviando el tráfico en las carreteras secundarias. Finalmente, celebra la noticia por “motivos de seguridad y no tanto de velocidad”, al abrir a los transportistas vías más cómodas y seguras.

En nombre de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), que representa a unas 200 empresas con 20.000 camiones, José Manuel Pardo, director técnico, ha celebrado la noticia "favorablemente". "Habrá que ver la letra pequeña y ver cómo piensan financiar el mantenimiento de esas vías, pero todo lo que suponga liberar peajes una vez vencida la concesión de la autopista nos parece justo". Pardo ha señalado que esos peajes se cobran para amortizar la construcción de una carretera y una vez vencida la concesión se supone que es porque ya se ha amortizado esa construcción. "Por tanto, parece justo que esa vía revierta al sector público", ha dicho, recordando además que "los transportistas ya pagan muchos impuestos", refiriéndose al indirecto sobre carburantes.

Reclamación de la Generalitat Valenciana

Uno de los tramos de autopista a los que está previsto que se retire el peaje es la AP-7 entre Alicante y Tarragona, cuya concesión vence a finales de 2019. La gratuidad de esta vía es una de las principales reivindicaciones del Gobierno valenciano, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo de Podemos. Además, todos los partidos de las Cortes Valencianas, con la abstención del PP, reclaman al Gobierno que la AP-7 sea gratuita a partir del año que viene, la misma postura que defiende la Generalitat. Más de 140 ayuntamientos valencianos han aprobado mociones para exigir la gratuidad de la autopista de peaje.

La AP-7 entre la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña expiraba en 2006. Pero en 1996 el Gobierno de José María Aznar la prorrogó hasta 2019 a cambio de una reducción de las tarifas.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con la supresión del peaje. La Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec) prefiere la opción de ofrecer abonos anuales gratuitos a los residentes de las zonas más afectadas, Dénia y Benidorm, y que el resto siga pagando. Hosbec advierte de que la gratuidad dificultará la llegada de quienes vuelan al aeropuerto de Alicante y desde allí por carretera hasta los destinos de playa.

Alegría en Andalucía

En Andalucía también se celebra levantamiento del peaje de la AP4 en el tramo entre Sevilla y Cádiz cuando expire el 31 de diciembre de 2019. Después de promesas políticas incumplidas durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el consejero andaluz de Fomento, Felipe López, expresaba esta mañana su satisfacción ante la medida: “Saludamos muy positivamente que el Gobierno actual y su ministro hayan dejado claro que terminado el periodo de concesión no va a haber peaje en la AP4 (…) El Gobierno del Partido Popular se negó reiteradamente a dejar claro que cuando acabara el periodo de concesión se iba a levantar el peaje. Estábamos en una ambigüedad calculada mientras le pedíamos que el desplazamiento Madrid-Sevilla fuera igual que el de Sevilla-Cádiz”.

Cádiz era la única provincia andaluza que carecía de conexión gratuita con la red nacional de carreteras. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha enfatizado: “Es algo que reivindicamos hace mucho tiempo”. Desde 2005, el Gobierno autonómico paga a la empresa concesionaria Abertis 72 millones por la eliminación del peaje en el tramo entre Cádiz y Jerez.

El País Vasco apuesta por mantener sus peajes

La decisión del Gobierno, en cambio apenas tendrá incidencia en el País Vasco, por ser una materia transferida. La única salvedad en el País Vasco es la AP-68 (Bilbao-Miranda de Ebro-Zaragoza), una autopista de titularidad estatal con una concesión privada que expira en 2026. En estos momentos son de pago la AP-8 (Bilbao-Behobia) y la AP-1 (Vitoria-Eibar), en ambos casos gestionadas por las Diputaciones vascas, que aplican descuentos a los usuarios de estas provincias, con un límite máximo de 30 euros mensuales por su utilización. El resto de conductores (los no contribuyentes en las Haciendas forales) paga íntegramente la cuota que establecen los peajes. En Bizkaia también son de pago la variante sur metropolitana (una circunvalación de Bilbao) y lo que se denomina como túneles de Artxanda, situados en uno de los accesos a la capital vizcaína.

El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa (PNV), sostiene que Euskadi va a seguir con la política de cobro: "No somos partidarios de retirar los peajes, sino todo lo contrario. Como aconseja Europa, el criterio debe ser que quien contamina paga". Las instituciones vascas aseguran que los ingresos provenientes del cobro de peajes en sus autopistas se destina "íntegramente" para el mantenimiento y conservación de estas vías, con el fin de "evitar que el gasto de las carreteras recaiga vía impuestos en todos los contribuyentes sin distinguir si son o no usuarios".

La política de extender los peajes en el País Vasco se ha traducido recientemente en la instalación de arcos de pago en la carretera N-I, que solo cobra a los transportistas. Esta medida fue anulada en abril pasado por el TSJPV al considerarla discriminatoria, pero el peaje sigue funcionando hasta que el Supremo no resuelva el recurso interpuesto por la Diputación guipuzcoana.

Con información de Ramón Muñoz, Javier Salvatierra, María Josep Serra, José Marcos, Mikel Ormazábal, Jordi Pérez Colomé y Javier Martín-Arroyo.