“La voluntad del Gobierno es no parar ninguna de las inversiones ya previstas”
“Debemos asumir que el Estado autonómico ya es asimétrico de hecho”, afirma el titular de Fomento
José Luis Ábalos (Torrent, Valencia, 1959) ha asumido la cartera de Fomento en el Gobierno de Pedro Sánchez. Es uno de los ministros con peso político en el Ejecutivo: además de hombre cercano al presidente, es secretario de Organización del PSOE. Tras solo una semana en el cargo, ya avanza decisiones de calado en su departamento, como la liberación de los peajes, y abre la puerta a una respuesta singular para Cataluña en el encaje territorial.
Pregunta. ¿Se van a liberar de peajes las autopistas cuyas concesiones vencen ahora?
Respuesta. Vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y en el Senado para que estas autopistas se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje.
P. ¿Y el coste para el Estado?
R. Hay dos costes. Uno directo, el que supone la conservación y el mantenimiento de esas vías, que hemos evaluado entre 50.000 y 68.000 euros por kilómetro al año. Y un coste de oportunidad, que es el que supone dejar de cobrar los peajes porque cabría la posibilidad de que en lugar de la concesionaria fuera el Estado el que siguiera cobrando como está ocurriendo con las radiales rescatadas. Pero hemos decidido que se libere de peaje.
Quiero dar tranquilidad a los inversores en Aena”
P. ¿Y no sienta eso un precedente peligroso para otras vías cuya concesión vaya venciendo?
R. Es cierto que, en algún momento, en la medida en que la red pública se vaya aumentando, habrá que plantearse una reflexión sobre los costes de mantenimiento de esta red.
P. ¿Y qué va a pasar con las nueve autopistas de peaje rescatadas por el Estado y que el Gobierno anterior pensaba relicitar en este año?
El coste de conservar y mantener las carreteras sin peaje llega hasta los 68.000 euros por kilómetro al año”
R. Tenemos que hacer una revisión ajustada, porque nos enfrentamos a una responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) y todo parece indicar que vamos a tener un horizonte de litigios considerables con las antiguas concesionarias. Y es importante saber de qué cifras estamos hablando.
P. ¿No le convencen las cifras del anterior Gobierno sobre el coste que va a tener el rescate?
R. La información que me han trasladado no es muy coincidente en términos de los ingresos que podría reportar esa relicitación ni tampoco en los costes que tiene que asumir el Estado tanto por RPA como por las expropiaciones o por algún otro coste pendiente de asumir. Tenemos que saber exactamente de cuánto estamos hablando y de la afectación al propio déficit del Estado. Y tendremos que tomar entonces esa medida en colaboración con los Ministerios de Hacienda y de Economía por la repercusión que puede tener este asunto en las cuentas del Estado dentro del Plan de Estabilidad.
Los presos catalanes tienen que ser tratados como el resto”
P. El Ejecutivo anterior (en la actualización del Plan de Estabilidad) confiaba en obtener 1.000 millones de euros con la relicitación de las autopistas y abonar 1.800 millones a las concesionarias originales como compensación por la RPA.
R. Me he entrevistado ya con tres responsables de este ministerio, y me han dicho que los ingresos previstos por la licitación son 700 millones, y la RPA entre 2.000 y 2.600 millones, y me han advertido además de que las concesionarias que tenían esas autopistas van a provocar conflictos judiciales. Cuestión aparte es ver si finalmente hay licitadores interesados en pujar por esas vías, porque les recuerdo que han pasado a manos del Estado debido a que nadie las quiso.
P. De su departamento dependen contratos pendientes y urgentes como el de los nuevos trenes de Cercanías de Renfe o las líneas del AVE por miles de millones de euros.
R. El plan del ministerio es que no afecte el cambio de Gobierno a los compromisos de inversión y de contratos. La voluntad es no paralizar ni demorar nada. Ahora bien, vamos a ver si la información que desde un principio se nos ha trasladado de un modo genérico es la misma que se refleja técnicamente. Y eso también afecta a los plazos. Vamos a hacer una auditoría de plazos porque algunos de los anunciados se han hecho para quedar bien.
P. A los inversores también les preocupa Aena. Es una empresa en Bolsa con socios privados que acaba de aprobar un plan estratégico a tres años, incluyendo el reparto del dividendo.
R. Quiero combatir cualquier mensaje alarmista en cualquier sentido. Lo que más me anima en este ministerio es dar tranquilidad a los inversores, a las empresas y al ciudadano. Respecto a Aena sabemos que es una empresa cotizada y su afectación por cualquier noticia es mayor. Por eso, vamos a darle el tratamiento que le corresponde con relación a su dimensión. No vamos a parar ningún plan pero primero nos informaremos. Les recuerdo que llevo solo una semana de ministro.
Este Gobierno aguantará si hay estabilidad, con o sin Presupuestos”
P. En solo seis días de andadura de Gobierno ha dimitido un ministro. ¿El Ejecutivo queda debilitado?
R. No, lo fortalece enormemente porque esto no lo ha hecho ningún Gobierno. Porque se ve que es el Gobierno de la dignidad y que ha reaccionado con una dignidad desconocida hasta ahora. Pero esto no debe convertirse en el deporte del resentimiento, basado en ir cazando ministros. Y el que exija algo debe estar en condiciones de poder exigirlo.
P. ¿El ministro de Cultura tenía que dimitir?
R. Era lo lógico. Porque tenía que estar en condiciones de ejercer esa representación y porque en lo personal hubiera sido muy duro soportar la presión.
P. El PP reclama la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, por estar imputado, aunque la fiscalía no ve delito.
R. Ahí se les ve la voluntad febril de ir al cuerpo a cuerpo para eliminar a un Gobierno no por sus políticas, sino por destruir a sus personas. No tenemos información de que esté imputado. No se mueve, lo siento. A ministro por día, ya es demasiado.
P. ¿Ve una operación de cacería de ministros por parte del PP?
R. Es evidente. Màxim Huerta, vale. Ahora Planas, mañana otro. Va a ser así. Y este Gobierno no se va a arrugar. Lo que sea sensato, sensato será. Y en lo que sea una provocación, no van a encontrar debilidad.
P. ¿Acercarán los presos del procés a Cataluña? El juez Llarena dice que es competencia del Gobierno.
R. Cuando el juez concluya que no necesita más comparecencias, en su caso se podría proceder a un cambio de prisión. La Ley General Penitenciaria habla de la reinserción, que tiene que ver con el arraigo y la proximidad. Lo dice la ley. Si hubiera una política determinada respecto a los partidos del procés podríamos entenderlo, pero no lo hay. Deben ser tratados como otros presos.
P. ¿Qué le va a ofrecer Pedro Sánchez al president, Quim Torra, cuando se reúnan?
R. La normalidad dentro del marco de la ley y la disposición a abordar los problemas de Cataluña y los problemas con los que se ha encontrado el autogobierno. Pero toda respuesta será dentro de los límites constitucionales.
P. ¿Están dispuestos a recuperar algunos elementos del Estatut tumbados por el Constitucional?
R. El Gobierno está dispuesto a escuchar todas las propuestas que dentro del marco constitucional permitan desarrollar el autogobierno en Cataluña. Eso queda dentro de la constitucionalidad. No digo que se vaya hacer, pero se puede escuchar.
P. ¿También la lista de 44 medidas que entregó Carles Puigdemont a Mariano Rajoy?
R. Todas las propuestas se pueden escuchar si no contravienen el marco constitucional.
P. ¿Es posible una respuesta singular para Cataluña en el encaje territorial?
R. Es necesario el equilibrio entre el reconocimiento a la diversidad y mantener la igualdad entre todos los españoles. Tenemos que asumir que nuestro Estado autonómico es asimétrico de hecho. Lo ha sido así incluso constitucionalmente: los fueros de Navarra, la financiación de determinadas autonomías... No ha habido nunca, ni en origen, simetría. Por tanto, no nos debe escandalizar.
P. ¿Eso significa que cabe un pacto fiscal con Cataluña?
R. Eso significa que no debe escandalizarnos que haya una desigualdad cuando partes de eso. Desigualdad sin menoscabo de otros, no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda en función de los territorios. Pero hay hechos singulares que reconoce la propia Constitución.
P. ¿Va a promover el Gobierno una reforma constitucional esta legislatura?
R. Creemos que la reforma es adecuada, pero se tiene que abordar como indica el título que lo legisla en la Constitución y, por tanto, tiene que haber una disposición a cumplir con esos requisitos para reformarla. Invitamos a los grupos a que demuestren esa voluntad de reforma retomando la presencia en la Comisión de estudio autonómico. La idea era culminar esa comisión y abrir la otra [de reforma constitucional], veamos si el PP mantiene su compromiso ahora que no gobierna… De momento, vamos a invitarlos a la comisión. Eso nos puede dar una pista de si se puede seguir o no.
P. ¿La decisión sobre el Aquarius, abre la puerta a una nueva política migratoria de España?
R. No va a haber ningún cambio. No se trata de traer gente a España, sino de salvarla. Ya las has salvado, a partir de ahí se aplica la legislación española. Estas personas estarán un mes con una autorización especial y en ese mes deben tramitar su situación personal. Cada caso será distinto. Habrá casos que podrán acudir al asilo, están los menores y estarán los casos de personas en situación irregular que pasarán por los trámites de cualquier inmigrante irregular. Y si tienen que ser retornados, se retornarán.
P. ¿Determinará la aprobación de los Presupuestos de 2019 la duración de la legislatura?
R. Este Gobierno aguantará con el objetivo de dar estabilidad al país y garantizar su gobernabilidad, y en el momento en que esto no se pueda dar pues ya está, con Presupuestos o sin Presupuestos. Si la mayoría de los grupos pasan a provocar la ingobernabilidad o la inestabilidad de España y empiezan a plantear elecciones, evidentemente, hay que hacerlas. Ahora no las pide nadie.
P. La elección de rivales de Susana Díaz y Emiliano García Page como delegados del Gobierno en Andalucía y Castilla-La Mancha, respectivamente, ¿es un mensaje de autoridad a los barones?
R. Es un mensaje de que si efectivamente se han superado los desencuentros, se han superado para todos.
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