El Puerto de Las Palmas se lanza a desahuciar a decenas de personas que viven en barcos

La calma solo es aparente en los pantalanes de La Marina Las Palmas, conocida en Las Palmas de Gran Canaria como “el muelle deportivo”. La Autoridad Portuaria, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha iniciado los trámites para echar de sus pantalanes a hasta 70 personas, que residían de alguna u otra manera en sus instalaciones, según denuncian algunos de los afectados y han confirmado fuentes legales. Se basan, para ello, en sus propias ordenanzas. “Han comenzado una táctica de amedrentamiento y de acoso y derribo”, explica Antonio Pérez, funcionario del Ministerio de Hacienda que reside en su propia embarcación por elección propia desde 2016. “Aquí hay familias con niños escolarizados, jubilados, trabajadores, enfermos cardíacos o personas recién operadas… Pero, sobre todo, gente navegante que ha elegido vivir en su barco y, desde hace unos días, con la vida patas arriba”. Hasta 18 personas han recibido ya la orden de desalojo por carta, según informan fuentes legales, en la que daban un plazo de diez días que comenzaron a cumplirse este miércoles y amenazaban con multas. Los afectados rechazan irse, acusan a la Autoridad Portuaria de coacciones, anuncian una batalla legal y sostienen que vivir en sus veleros está amparado tanto por la Constitución, el Tribunal Supremo como por la legislación europea. “No somos okupas, tenemos nuestro barco en regla y operativo”, sentencia el barcelonés Nin. ”Si no duermo en el barco, duermo en la calle”, lamenta José Juan Santos, que reside en su barco Goffio.

La Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas (DEM) es el mayor muelle para embarcaciones de recreo de las islas, con unos 1.400 amarres, según su página web. Un centenar de personas tiene estas instalaciones como su puerto base, es decir, contratos a largo plazo que permiten tomar estas instalaciones como su lugar habitual de amarre. En el Ayuntamiento constan más de 250 personas como empadronadas en esta dársena. Mucha gente ha tenido que recurrir al muelle deportivo por la crisis de la vivienda. Es el caso de Rafael (nombre ficticio), de 82 años. “Para muchos como yo, esto es una filosofía de vida”, matiza Nin, un marinero barcelonés de 63 años que lleva 24 viviendo en su barco en la ciudad. “¿Chabolismo? El mío es un barco clásico comprado en subasta que vale una pasta”, exclama.

Pérez, de origen madrileño, adquirió su barco Esperance en 2016, llegó al muelle deportivo en julio de ese año y tiene su puerto base aquí desde 2022. Está empadronado en su barco. Relata que la Autoridad Portuaria no pasó la orden de cobro con el año nuevo y se negaba a recibir el dinero. Ni a él ni a otros afectados ―han terminado abonando por transferencia para evitar ser acusados de impago―. Trataron de ponerse en contacto con ellos, sin éxito. En el caso del funcionario, la única respuesta se produjo semanas después, cuando la Policía Portuaria lo detuvo en el pantalán y le hizo entrega de una amenazante carta en la que admitía que estaba “legalmente empadronado” ahí. En ella, el organismo dependiente del Ministerio de Fomento, sin previa comunicación, le conminaba a “liberar el puesto de amarre y abandonar la DEM” en el plazo de diez días, con la advertencia de que de no hacerlo el organismo público ―dependiente del ministro Óscar Puente―, “previa autorización judicial, retirará la embarcación y la depositará en tierra” e impondrá una multa de 60.000 euros. La carta no ofrece posibilidad de recurso. “Yo estoy desesperado”, admite Jose Juan Santos en la entrada a su pantalán. Cuenta que la Autoridad Portuaria trató de no cobrarle a principios de año, y ahora teme quedarse en la calle. “Tengo todo: el motor funciona, el barco navega... Chavo, aquí estaba yendo hacia adelante, y ahora siento que vuelvo a retroceder...”.

Los afectados denuncian las coacciones de Puertos de Las Palmas, por medio de la Policía Portuaria. “A un vecino con problemas cardíacos no le dejan dormir golpeando su barco por las noches”, relata Pérez. “He pedido a mi pareja, convaleciente de una operación de espalda, que no regrese de Galicia, no vaya a ser que un día me cancelen la tarjeta de entrada”, se queja Javier en uno de los bares de muelle deportivo. “Se ha puesto de moda hacer las cosas a lo Trump, como matones”, resume Nin.

Para justificar su decisión, la Autoridad Portuaria esgrime su nueva ordenanza, aprobada casi exprofeso para llevar a cabo estos desahucios el 19 de diciembre y publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 22 de enero. Este texto incide en su preámbulo en el uso habitacional de las instalaciones. “De seguir esta tendencia, la DEM quedará relegada a la aparición de asentamientos de infraviviendas, como ya está sucediendo”. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la dirección de la Marina y con la Autoridad Portuaria. Han rechazado manifestarse por tratarse este de un “tema muy sensible”, y se limitan a afirmar que solo “hacen cumplir la ley”.

“Es mentira que seamos chabolistas, aquí casi todos los barcos están en condiciones de navegar”, recalca Nin, que critica que no haya habido, siquiera, un intento de negociación por parte de la Autoridad Portuaria. “En ningún lugar del mundo está prohibido residir en tu barco”, completa y cita como ejemplo a su propia hermana, que vive de la misma manera en Barcelona. “Se quieren quitar de encima los contratos a largo plazo”, sintetiza Antonio Pérez, quien subraya que “ninguna ley prohíbe residir en un barco”, y pone sobre la mesa una retahíla de textos legales que amparan su derecho a residir en su barco. Entre ellas, el artículo 19 de la Constitución, que da derecho a la “libre elección de residencia”; o una sentencia del Tribunal Supremo de 2006 que sostiene que “resulta del todo evidente que una embarcación puede constituir, en efecto, la morada de una o varias personas cuando la utilicen como reducto de su vida privada”. Pérez avisa: “Esta es mi casa y de aquí solo me saca un juez”.

La Autoridad Portuaria ha tratado, sin éxito, de privatizar el muelle deportivo, lo que incluye la construcción de nuevas infraestructuras. “Todo está dedicado al ocio, para ellos, la actividad náutica es secundaria”, denuncia Nin, que se ha dedicado su vida a la reparación de barcos. Y todo se agrava con la llegada anual de la Atlantic Rally for Cruises (ARC), una regata privada de yates que tiene preferencia sobre los amarres, y cada año obliga a liberar la marina de embarcaciones. Solo entonces, las autoridades permiten a los barcos fondear en la bahía. “Aquí había una tranquilidad que se ha perdido”, explican Antonio Pérez y Nin. “Alguien ha decidido que esta instalación va a pasar de muelle público a muelle privado”, denuncian. “Somos marinos, velamos por la seguridad y no causamos problemas a nadie”, y aseguran que sopesan presentar denuncias a la Autoridad Portuaria por coacciones y abuso de autoridad. “Es, sobre todo, una labor de desgaste de la Administración en la que va con ventaja”, cierra el marino catalán. “Mis abogados me los pago yo; los suyos, también”.