Vivir en un barco por no poder pagar el alquiler: “Aquí tengo una vida digna”
En Las Palmas el precio de la vivienda ha empujado a decenas de personas a residir en embarcaciones amarradas en el puerto deportivo pese a que las ordenanzas no lo permiten
La Marina Las Palmas, comúnmente conocida en la ciudad como “el muelle deportivo”, no solo es la mayor dársena recreativa del archipiélago, con casi 1.400 puntos de atraque. Se ha convertido desde hace décadas en un enclave predilecto para el ocio nocturno y la restauración y en un modo de vida para varias decenas de personas. Algunas de ellas decidieron un día que “vivir en tierra no era una opción”, como explica por WhatsApp Antonio. “Yo tenía un sueño: comprar un velero, navegar y vivir en él”. Otros no relatan una historia tan inspiradora. Para ellos el barco es el último recurso tras ser expulsados del mercado inmobiliario.
Rafael (82 años, nombre ficticio) se jubiló en 2008. Pasó los últimos 30 años de su carrera como periodista cotizando como autónomo. “Nadie me quería hacer un contrato normal”, relata. “De repente, me vi con una pensión de 500 euros”. Durante nueve años vivió en el piso de una de sus hijas. Pero en 2017 quiso deshacerse del apartamento y Rafael vio que sus ingresos lo dejaban fuera del mercado. “Afortunadamente”, relata, “pacté con mi hija que si yo lo lograba vender por más del precio que ella pedía, me quedaba yo con la diferencia”. Esa diferencia fueron unos 20.000 euros. La idea de en qué emplearlos se la dio un amigo: vivir en un barco. “Yo creía que eran carísimos, pero si tienes el dinero en mano encuentras chollos”. Terminó comprándole un velero de poco menos de nueve metros de eslora a un francés que quería regresar a su país. Vive en él desde entonces.
“Mucha gente”, completa en conversación telefónica el marino barcelonés Nin (60 años), “está comprando barcos viejos deteriorados porque es la única opción que tiene de vida por la situación de la vivienda. Se ve todos los días aquí”. Una de estas personas, que pide permanecer en el anonimato, cuenta que ha decidido residir en su barco por no poder hacer frente a los alquileres. “Cobro apenas el sueldo mínimo, ¿a dónde voy yo con eso? Aquí puedo tener una vida digna y no molesto a nadie. El problema es que nos quieren echar”, lamenta.
La población de Canarias ha aumentado en un 26% en lo que va de siglo hasta 2,17 millones de personas. La inmigración —sobre todo desde otras comunidades autónomas y países europeos como Italia (la población extranjera más numerosa con 49.987 personas) o el Reino Unido (29.631)— es la principal causante de este crecimiento. Llegan atraídos por las condiciones de vida y por el imparable auge del turismo. Este movimiento demográfico se ha visto acompañado por la explosión de los pisos vacacionales que, entre otros factores, han tensionado la vivienda y dificultan encontrar casa. Este fue uno de los detonantes de las grandes protestas que se produjeron en las islas la pasada primavera.
Entre enero y septiembre, el precio del alquiler ha escalado casi un 9% en Canarias, la cuarta comunidad autónoma más cara tras Baleares, Madrid y Cataluña, según los precios de oferta del portal Idealista. En San Bartolomé de Tirajana (el principal municipio turístico de Canarias), el precio medio asciende a 19,3 euros el metro cuadrado, cerca de municipios como Madrid o Barcelona. En Arona (Tenerife), es de 17,7 euros. La consecuencia: en el sur de Tenerife y Gran Canaria han proliferado asentamientos chabolistas en los que residen trabajadores de los hoteles y restaurantes, bien sea en infraviviendas o en sus propios vehículos.
“Lo que yo pago no llega a 100 euros al mes”, detalla Rafael. “Con eso vivo en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Nada que ver con cómo está ahora mismo la vivienda”. El precio incluye luz y agua, y se puede usar los servicios del muelle, que incluyen ducha con agua caliente y baño. “Está todo el mundo como loco buscando barcos en el puerto, ¿eh?”, sentencia. Tendrían difícil imitar a Rafael por varios motivos. Para empezar, porque hay una lista de espera de un centenar de personas. La Marina Las Palmas presenta los precios de amarre más baratos de España. Los de otras dársenas son superiores, pero están a años luz de los de los inmuebles. 249 euros al año en La Palma, 570 euros anuales en el Puerto Olímpico de Barcelona, 2.226,14 euros al año en la Marina de Valencia o 2.820,27 en Sadamar (Sada, A Coruña).
¿Es legal residir en un barco? “En sí no está prohibido por la Ley de Puertos que se pueda convertir un barco en una vivienda”, explica en conversación telefónica Carlota Zapata, abogada de Legálitas. “Lo que pasa es que hay que enterarse muy bien de lo que la Autoridad Portuaria nos puede exigir en sus ordenanzas, algunas sí que lo pueden prohibir”. Lo segundo que habría que hacer, prosigue, si uno quiere vivir en un barco y quiere empadronarse, es ir al Ayuntamiento y comprobar si nos da la posibilidad. “Muchos exigen un documento acreditativo de la Autoridad Portuaria de que se está viviendo ahí”, cuenta la abogada.
Ese requisito es un obstáculo, al menos en Las Palmas de Gran Canaria. Como la Autoridad Portuaria de Las Palmas no ve con buenos ojos esta práctica, prohibió la posibilidad en sus ordenanzas desde 2019. Una portavoz de la dirección de la Marina recalca en un texto remitido por correo electrónico que la prohibición encuentra su justificación “en varios motivos”. Los puertos deportivos “no están pensados ni diseñados, con criterio general, para un uso habitacional permanente”, desarrolla. Los “barcos-vivienda” se encuentran “continuamente amarrados o fondeados, llegando en muchas ocasiones a estar inactivos para la navegación, con las consecuencias que ello supone para la seguridad y explotación” de las instalaciones.
La Marina sí ha erradicado desde 2019 el alquiler de barcos en plataformas como Airbnb, una práctica que también tratan de controlar otros emplazamientos como el Port Olimpic.
“No te pueden echar”, se queja Nin. “La propia ley sostiene que si llevas más de seis meses se considera que tienes tu base en el puerto”. El marino relata que lo intentaron desalojar porque decían que su velero medía más de los algo más de 10 metros de eslora que mide. Ganó el juicio y regresó a su pantalán pagando los mismos 150 euros al mes. “El problema real es que la dirección quiere convertir esto en un centro comercial en el que los barcos son lo de menos”, asegura.
Con todo, en Las Palmas de Gran Canaria constan actualmente 259 empadronados en la Dársena de Embarcaciones Menores (nombre oficial de la Marina Las Palmas), según los datos del Ayuntamiento. Sin embargo, matizan fuentes del consistorio, estos datos son anteriores a 2019, fecha en la que la Autoridad Portuaria publicó la ordenanza que prohibía vivir en un barco. La norma incluso veta la posibilidad de que las embarcaciones fondeadas se usen con fines de alquiler vacacional, “ya sea entre particulares o a través de las plataformas electrónicas o empresas de cualquier tipo dedicadas a este tipo de actividad”. Por eso, matiza un portavoz municipal, “hace años que no sé empadrona a nadie en el muelle”. Y explica que es posible que este número se haya reducido porque pueden ser extranjeros que han abandonado el país y no lo han comunicado.
Quienes viven en los puertos recalcan que sus barcos no son chabolas y que navegan ocasionalmente. El casco, las velas, los motores, todo funciona perfectamente, aseveran. “Las circunstancias me obligaron a mudarme aquí, pero se vive bien”, concluye Rafael. “No hay un vecino cabrón en el piso de arriba. Al contrario, hay mucha buena vecindad… te insuflas de la camaradería del mar”.
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