Ninguna comunidad formaliza la cesión de fondos europeos para Valencia al filo de concluir el plazo

Las comunidades autónomas están apurando hasta el límite los plazos con los que cuentan para decidir si reprograman parte de sus fondos europeos y así destinarlos a la reconstrucción de Valencia tras la devastación que ocasionó la dana a finales de 2024. En diciembre del pasado año, cuando los daños de la catástrofe natural ya se contaban por miles de millones, el Gobierno central invitó a las autonomías a renunciar a parte de sus recursos europeos sin ejecutar con el objetivo de redirigirlos hacia Valencia y acelerar así la reconstrucción de las comarcas afectadas. Lo hizo el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre, donde propuso un rediseño de los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) que debería concretarse antes del 31 de marzo. El pasado 26 de febrero, la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, remitió una carta a todas las autonomías recordándoles que existía esa posibilidad. Sin embargo, a día de hoy ningún territorio ha reprogramado, aunque varios se han abierto a estudiar la posibilidad.

Algunos territorios piden conocer más detalles del posible rediseño y otros pocos avanzan que no reasignarán sus Feder, aunque varios se abren a utilizar otras líneas de financiación europea para costear la reconstrucción. Según cálculos de Hacienda, si todas las comunidades destinaran un 2% de los fondos de desarrollo regional —que es el porcentaje que solicitó la propia Generalitat al sugerir esta fórmula—, se superarían los 210 millones de euros en recursos.

Los fondos Feder son una herramienta de cohesión comunitaria —entre otras líneas de financiación con las que cuenta la UE— destinada a reducir las desigualdades económicas, sociales y territoriales entre las regiones. Se reparten entre las autonomías en función de su PIB per cápita, de tal manera que aquellas con una riqueza por habitante por debajo del 75% de la media de la UE (en España son Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y Melilla) reciben más recursos que las que son más ricas. Para el periodo 2021-2027, España tiene asignados unos 23.500 millones de euros a través de los Feder para distribuir en proyectos y áreas como las infraestructuras o la inversión en transición digital y ecológica. “Normalmente, la absorción de estos fondos estructurales ronda el 75%”, explica Alfredo Suaz, colaborador en el Centro de Estudios Financieros (CEF) e interventor y auditor del Estado. Sin embargo, añade, “el objetivo de todos los territorios es ejecutar siempre la totalidad, ya que, además, suelen contar con un periodo de gracia para ello si no han tenido el tiempo necesario”. Las cifras de la Comisión Europea confirman la lentitud en la ejecución. Las comunidades autónomas han gastado a día de hoy menos del 70% de los fondos de cohesión asignados para el periodo 2014-2020, pero ese dinero está asignado en su totalidad a proyectos.

Según explican fuentes gubernamentales, Andalucía, Extremadura, Navarra y Melilla no han contestado por ahora a la primera carta de Hacienda. Por su parte, Madrid, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Canarias y Ceuta han mostrado su voluntad de reprogramar, pero recuerdan que deben analizar términos y cuantías antes de decidir nada definitivo. Galicia, La Rioja, Cantabria y Murcia —además de la propia Comunidad Valenciana— se abren a hacerlo, pero piden conocer qué hará a su vez el Gobierno central. Aragón ha solicitado ampliar el plazo para responder, mientras que se niegan a reformular, siempre según estas fuentes, Castilla-La Mancha, País Vasco y Asturias —esta última asegura que sí participará a la reconstrucción a través de la reasignación de otras partidas—.

Esta misma semana, la vicepresidenta Montero ha remitido una nueva misiva a las comunidades que no han rechazado reprogramar para instarles a ponerse en contacto con la Secretaría General de Fondos Europeos —encargada de gestionar estos fondos— y así buscar posibles fórmulas en el caso de que se lleve a cabo la reestructuración. La razón es que la línea creada por el Gobierno para financiar con fondos europeos la reconstrucción tras la dana no tendrá nuevos recursos, sino que se nutrirá de dotaciones presupuestarias reasignadas. Y como deben tener el visto bueno de Bruselas, el reajuste debe hacerse cuanto antes.

Desde la consejería de Hacienda de Castilla y León aseguran que la comunidad se sumará a la convocatoria de Hacienda y destinará parte de sus fondos europeos a la reconstrucción de las localidades afectadas por las inundaciones, y que están a la espera de los detalles técnicos del ministerio. En Madrid, por su parte, están valorando de qué forma contribuir a la reconstrucción con los recursos que no estén comprometidos.

Otros fondos

Algunas autonomías, sin embargo, no están de acuerdo con los planteamientos de Hacienda. “No nos parece razonable que las comunidades autónomas menos desarrolladas, de acuerdo con la clasificación de la UE, contribuyan con unas actuaciones que consideramos que son competencia del Estado”, explican fuentes del Gobierno castellanomanchego, que recuerdan que su región también está “en pleno proceso de reconstrucción y recuperación” de zonas afectadas por la dana. Desde Aragón, dado que los Feder están “comprometidos”, piden destinar al plan de reconstrucción fondos del plan Next Generetion de difícil ejecución.

Una postura parecida es la de Asturias, que asegura que está gestionando la reprogramación tirando de las ayudas del plan de recuperación que se han quedado sin ejecutar. La consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo autonómica explica que participará en el fondo de solidaridad que habilitará el Ministerio para la Transformación Digital para la reconstrucción tras la dana reasignando el dinero de tres líneas que lanzó, por un total de 4,1 millones de euros, y que casi no tuvieron solicitudes.

Galicia, por su parte, traslada que el 100% de las operaciones vinculadas a los Feder ya están comprometidas, por lo que necesitaría buscar financiación adicional. A la vez, ha instado al departamento de María Jesús Montero a brindar más información tanto sobre la reprogramación solicitada a título de solidaridad con la zona afectada por la dana como acerca las ayudas europeas que el Gobierno central pretende reprogramar para la reconstrucción de estas áreas.

La solicitud de información de la Xunta va acompañada de varias quejas. Por un lado, lamenta “la falta de una evaluación de los daños totales [causados por las inundaciones] y del coste de su reparación, de los recursos ya movilizados o de los solicitados al Fondo de Solidaridad de la UE”. Por el otro, afirma que está dispuesta a colaborar a través de los fondos del Plan de Recuperación que no ha podido ejecutar por culpa del Gobierno central “debido a un diseño centralizado del mismo”. Calcula que esta “falta de flexibilidad” le ha impedido llevar a cabo proyectos por cerca de 35 millones destinados la creación de espacios públicos para niños de hasta tres años y programas de conectividad digital.