El Ivie estima las pérdidas de la dana en la zona cero en al menos 17.000 millones de euros

La dana que asoló el pasado 29 de octubre la provincia de Valencia puede haber destruido un 20% de los 85.900 millones de euros de activos privados y públicos (viviendas, edificaciones, negocios e infraestructuras) en los municipios afectados, lo que situaría una primera estimación de pérdidas en al menos 17.000 millones, según recoge el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en su informe Alcance económico de la dana, presentado este viernes.

El director del instituto, Francisco Pérez, considera crucial para la recuperación la llegada de más ayudas públicas, sobre todo de la Administración central por su mayor capacidad, y también la agilidad con que lleguen a los damnificados. La entidad cuantifica, a partir de datos de la Airef, en 11.000 millones de euros las ayudas no reembolsables previstas hasta ahora por las diferentes administraciones públicas a la zona del desastre.

El Ivie considera las pérdidas muy por encima de lo que reflejará la caída del PIB inicial porque es una magnitud que no tiene en cuenta pérdidas súbitas y extraordinarias de catástrofes como la dana. Así, en los 89 municipios afectados por las inundaciones —se excluye la ciudad de Valencia, con tres pedanías afectadas— se localiza el 35% de los activos de la provincia de Valencia, con un valor aproximado de 85.900 millones de euros.

En este contexto, el informe suma los 13.000 millones de pérdidas estimados por la Cámara de Comercio y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en activos de empresas, los daños en viviendas, básicamente en bajos dañados; y los 2.900 millones en infraestructuras afectadas que calculan el Ministerio de Transportes y la Generalitat Valenciana. “Pueden haberse perdido en conjunto, al menos, el 20% de los activos totales, lo que se traduciría en un mínimo de 17.000 millones de euros de pérdidas”, apunta Pérez.

“A diferencia de la pandemia, donde se suprimió la actividad porque era incompatible con la contención del virus pero a la vuelta los activos estaban intactos, ahora nos enfrentamos a una destrucción de activos públicos y privados muy importante”, ha subrayado el director del Ivie, que pide que se tenga en cuenta que la zona inundada está muy poblada y alberga mucha actividad humana, lo que amplifica el impacto de la dana. “En la zona vive un millón de habitantes y tiene 60.000 empresas localizadas, lo que significa el 30& del valor añadido y el empleo generado en la provincia y del empleo. Es un shock”, subraya Pérez.

Según el informe, las pérdidas de los activos debe ser el valor fundamental para estimar las ayudas necesarias que, ha manifestado Pérez, deben venir sobre todo de la Administración central porque es quien tiene más potencia financiera dado que las finanzas públicas de la Generalitat son precarias y además no pueden acudir a los mercados a endeudarse. “Por tanto, tienen que venir de fuera”

El director del instituto ha hecho hincapié además en la caída de la inversión anual en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia, que se redujo un 75% tras la gran depresión, a partir de 2009, cayendo de los 200 millones de euros de los primeros años de siglo a menos de 50 millones en el periodo posterior a 2011. “La mayor probabilidad de que ocurran fenómenos extremos y más intensos obliga a saber que estamos en riesgo si no buscamos otro equilibro en la inversión en infraestructuras hidráulicas”, ha incidido Pérez.

Joaquín Maudos, director adjunto del instituto, ha desgranado una serie de propuestas que garanticen la reconstrucción del territorio asolado por la dana. “Las ayudas tienen que ser suficientes, ser ágiles porque si no la recuperación se puede enquistar en el tiempo. Los negocios afectados son muy elevados, por tanto es necesaria mayor velocidad en la concesión de ayudas y hace falta la colaboración entre las instituciones”, ha añadido.

El investigador ha pedido que se anuncie cuanto antes un plan de acción a medio y largo plazo para dar garantías a los inversores “porque cuanto antes se presente menos tiempo tardará la recuperación”. Maudos ha insistido en que “no es realista que la reconstrucción sea reubicar la población y los activos dañados” y urge a un plan de inversiones en infraestructuras que protejan mejor el territorio de estos eventos climatológicos cada vez más frecuentes e intensos. “Es necesario revisar el esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas para minimizar la exposición a los riesgos que suponen los fenómenos extremos”, ha insistido Maudos.

El director adjunto también reclama inversiones en prevención. “De poco te sirve que te suene una alarma en el móvil si no sabes qué tienes que hacer, eso es un activo intangible. En Japón, cuando suena la alarma por un seísmo, todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Hay que entrenar a la ciudadanía”, apunta. Por último, pide que se monitorice la recuperación y se cree un sistema potente de indicadores” sobre la evolución del empleo, el consumo de energía de las empresas, las ayudas pedidas, las concedidas, etcétera.

Polémica sobre las ayudas tras la dana

Los dos expertos se han pronunciado sobre las ayudas que concede cada Administración pública a los daminificados por la dana y la agilidad para hacerla llegar a los afectados. Maudos se ha remitido a un cuadro de datos de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), publicado recientemente, que cifra en 18.364 millones de euros las ayudas públicas de las tres administraciones (nacional, autonómica y local) a los municipios devastados, de las que algo más de 15.000 millones de euros proceden de la Administración Central y de estos, 4.700 son avales del ICO. “Hay que interpretarlo con cautela pero las ayudas no reembolsables ascenderían a unos 11.000 millones de euros”, ha estimado Maudos.

El investigador del Ivie ha enfrentado esta cifra con los 17.000 millones, como mínimo, de daños en activos públicos y privados, por lo que, a su juicio, serían necesarios otros 6.000 millones de euros si se quiere cubrir con fondos públicos. No obstante, Pérez ha precisado que “hay mucho esfuerzo privado en la reconstrucción, y ahora el riesgo de que esto tarde más en remontar dependerá de la potencia, del chorro de fondos que lleguen de fuera, de su buena orientación y de su buen aprovechamiento”.