España pide a Bruselas 4.404 millones de euros del Fondo de Solidaridad para paliar los efectos de la dana

Tal como estaba previsto y anunciado, pese al cuestionamiento del PP y de la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Hacienda ha remitido este lunes la solicitud formal de ayuda del Fondo de Solidaridad europeo. Después de tres recopilando información y documentación el total de gastos que, según el Ministerio de Hacienda, cumplen los requisitos para ser financiados ascienden actualmente a 4.404 millones de euros.

Hacienda ha apurado el plazo, que acaba este martes, para solicitar las ayudas con el fin de recopilar todo el gasto posible. Sin embargo, tanto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como el del PP, Alberto Núñez Feijóo, han querido sembrar dudas sobre la intención del Gobierno de Pedro Sánchez que, desde cinco días después de la dana ya anunció que requeriría la aportación de este fondo. De hecho, este mismo lunes, el líder del PP ha querido polemizar de nuevo a costa del Fondo de Solidaridad.

El Fondo de Solidaridad es el principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales. Su reglamento establece que los Estados miembros podrán adherirse a él cuando los daños derivados de esa catástrofe supera el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011). Según ha informado el Gobierno, la documentación remitida por el Ministerio de Hacienda refleja que España cumple esta condición.

Según un informe presentado la semana pasada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), las pérdidas en las zonas afectadas podrían alcanzar los 17.000 millones de euros. La Autoridad Fiscal (Airef), por su parte, estima que las medidas aprobadas hasta ahora para paliar los efectos de las inundaciones tendrán un impacto fiscal conjunto del 0,6% del PIB en 2024 y 2025, un porcentaje equivalente a unos 9.500 millones de euros que se distribuirían en partes iguales en los dos ejercicios.

El propio Feijóo ha presentado este lunes el que será el plan de recuperación que llevará en el programa electoral y que desarrollará si llega a la Moncloa que cifra en 12.000 millones las inversiones a realizar en diez años no solo para paliar los efectos de la dana sino también “adelantar una década las principales infraestructuras de la Comunidad Valenciana para conseguir un territorio vertebrado, cosido, desde el punto de vista de infraestructuras y, además, competitivo con el resto de las regiones europeas”, según ha dicho.

La documentación remitida contempla el detalle de los gastos que cumplen los requisitos hasta los 4.404 millones de euros, pero esta cifra podría sufrir variaciones a la baja si alguno de los gastos pasan a ser financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “El reglamento establece que no se permite la doble financiación de las medidas y el Estado beneficiario debe garantizar que los costes cubiertos por el Fondo de Solidaridad no están ya cubiertos por otros instrumentos de financiación de la Unión”, han indicado fuentes de Hacienda. Además, el presupuesto total de la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia es de 1.500 millones, con lo que, previsiblemente, la ayuda por parte de Bruselas no alcanzará los más de 4.000 millones reclamados.

Los gastos susceptibles de recibir recursos del fondo europeo son, entre otros, los destinados al restablecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación, así como los alojamientos temporales y los costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas, las medidas de protección del patrimonio cultural o las operaciones de limpieza.

Una vez realizada la solicitud, la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firmará un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. “Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses”, ha indicado Hacienda a través de un comunicado.

Junto a la documentación, el Gobierno de España ha incluido una carta de la ministra María Jesús Montero dirigida al vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto. En ella, Montero traslada que “el Gobierno del Reino de España, junto con las autoridades regionales y locales, ha movilizado todos los recursos posibles para paliar los daños y ayudar de forma directa a los ciudadanos afectados por la catástrofe, llevando a cabo el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se ha realizado jamás en España en tiempos de paz”.

El Fondo de Solidaridad nació en 2002 como respuesta de Europa a las inundaciones que afectaron a Europa central y como reflejo de la solidaridad europea. En España, la primera vez que se activó el Fondo de Solidaridad fue en noviembre de 2003 con motivo de la crisis del Prestige y, desde entonces, se han recibido fondos en siete ocasiones. Tras el terremoto de Lorca en 2011 (21 millones), la covid 19 en 2020 o la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en 2022 (9,5 millones). En total, en 23 años, el Fondo de Solidaridad Europeo ha repartido 8.200 millones de euros, de los que España ha recibido 157,4 millones.