Los ERTE por la dana protegieron a 31.400 trabajadores el año pasado

Casi 190.000 trabajadores vieron modificada su situación laboral el año pasado, o bien porque se les redujo la jornada de forma involuntaria, porque se suspendió su contrato, o porque fueron despedidos. Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, son 8.000 empleados más que en 2023 (+4,45%), pero una de las razones principales se encuentra en los devastadores efectos que tuvo sobre el empleo las inundaciones provocadas por la dana que azotó principalmente la provincia de Valencia el pasado mes de octubre: las lluvias impactaron directamente sobre las condiciones laborales de 31.442 trabajadores, que se cobijaron bajo los ERTE que se habilitaron como escudo ante esta situación. En términos comparativos absolutos, en 2024 se registraron 867 despidos y 7.197 suspensiones de contrato y reducciones de jornada más que en los anteriores doce meses.

Los registros del Ministerio evidencian que de los 189.203 trabajadores afectados a lo largo del año pasado, 37.372, el 19,8%, lo fueron por despidos colectivos; mientras que el grueso de ellos, 151.831, el 80,2%, por suspensión de contrato y por reducción de jornada. En términos porcentuales, ambos cocientes dejan al descubierto una subida del 2,4% y 5%, respectivamente.

Sin embargo, es en el segundo grupo donde se visualizan los efectos de la dana y de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que habilitó el Gobierno ―como ya sucediera durante la pandemia de coronavirus―, ya que 31.442 tienen su origen en ellos. Esto es, prácticamente una de cada cinco suspensiones o reducciones se cobijó bajo este instrumento de protección del empleo.

Como no podía ser de otra manera, los efectos de las lluvias de la dana en la provincia de Valencia colocan a la Comunidad Valenciana como el territorio más intervenciones laborales de 2024. Allí se registraron 4.761 despidos, 57.432 suspensiones de contrato (esta fue la fórmula más extendida para hacer frente a la paralización de la actividad económica y laboral de la zona) y 1.696 reducciones de jornada. Lo que repercutió sobre un total de 63.889 trabajadores, 53.838 de ellos ubicados en la provincia de Valencia. Cataluña, con 19.062 trabajadores afectados, y Navarra (18.525) copan los otros dos escalones del podio.

Entre las razones principales para alterar las condiciones laborales de los trabajadores, los registros ministeriales muestran una predominancia de aplicaciones por causas derivadas de la reducción de la producción (85.519), seguidas de las de fuerza mayor (37.255), y de las económicas (32.260). Un cóctel que entronca con la aplicación de los ERTE ETOP, que son, precisamente, los que pueden aplicarse cuando se producen este tipo de circunstancias.

Las reducciones de jornada y las suspensiones de contrato fueron justificadas por la menor producción, mientras que los despidos estuvieron principalmente fundamentados por razones económicas, singularmente por el aumento de las pérdidas (18.498).

En la comparativa por sexos, de nuevo fueron mayoría los hombres (133.529) por delante las mujeres (55.674), pese a que el número de afectados se redujo un 0,8% respecto los datos de 2023; al revés que en el caso de las afectadas, que crecieron un 19,6% en el último año (9.112 más).

En cuanto al impacto por sectores, en el cómputo general (sumando despidos, suspensiones y reducciones) la industria sale peor parada con 113.836 trabajadores afectados ―con 99.647 suspensiones de contrato y 5.538 reducciones de jornada, más que ningún otro en estas dos categorías―. Por detrás se sitúan los servicios (69.464), y ya en menor media la construcción (4.213) y el sector agrario (1.690). Sin embargo, el mayor número de despidos se concentró en el sector servicios, con 26.266.

Afinando aún más en las actividades que se vieron más perjudicadas en 2024, fueron aquellas relacionadas con las telecomunicaciones (4.337) en las que se produjeron más despidos colectivos ―las estadísticas de Trabajo recogen solamente los ceses que se producen en conjunto, no de manera individual―; seguidas de los englobados en comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (2.733) y fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (2.383).

La mayoría de las suspensiones de contrato se dieron, precisamente, en esta última categoría (52.724); por delante de las actividades dedicadas a la metalurgia (6.900) y a los servicios de comidas y bebidas (6.318). En cuanto a las reducciones de jornada, el mayor número de ellas se dio en la fabricación de bebidas (690), en la fabricación de material y equipo eléctrico (640), y en el comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (596).

Las pymes, las peor paradas

Como ya sucediera con los despidos, la principal causa alegada para llevar a cabo una suspensión de contrato el año pasado fueron alteraciones en la producción (71.978), mismo argumento que para las reducciones de jornada.

Como consecuencia de su mayor vulnerabilidad y menor capacidad de reorganización, las empresas de menor tamaño fueron las que capitalizaron la mayor parte de los despidos: sumando los registros de aquellas hasta 49 trabajadores (las micro y las peñas) se computaron 12.693 ceses, por encima de los que se produjeron en aquellas de entre 50 y 249 empleados, en los que se resolvieron 9.999.