La UE prioriza la despoblación en los fondos Feder con una definición de la que se beneficiará España

Son dos párrafos que cambian el marco sobre la despoblación en la Unión Europea. El reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para el periodo de 2021 a 2027 considera prioritario combatir esta realidad, e incorpora una definición que, por primera vez, analiza el problema demográfico por provincias y municipios o agrupaciones de municipios. Y no solo analiza la densidad de población, sino también la pérdida de habitantes como un factor a tener en cuenta. Algo de lo que España se podrá beneficiar a la hora de plantear proyectos en los que invertir los más de 20.000 millones de euros que le corresponden para los próximos siete años. La redacción del texto se ha acordado esta semana entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión, aunque aún debe aprobarse formalmente, según explica la eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís, ponente en la negociación.

Hasta ahora, se aportaba una definición de despoblación en un anexo a los tratados de funcionamiento de la Unión, acordado cuando entraron en el club comunitario Suecia y Finlandia. Se establecía que debía tenerse en especial consideración a las zonas despobladas del norte de Europa, aquellas regiones con una densidad de población inferior a 12,5 personas por kilómetro cuadrado. Este parámetro se medía a nivel de Nuts 2, como se conoce en la Unión al equivalente en España a comunidad autónoma. Un área demasiado extensa, en la que la situación en las ciudades sirve de compensación de la sangría demográfica en los pueblos.

Según la última versión del reglamento del Fondo Feder, aprobado esta semana por el trílogo (donde se reúnen a nivel político Comisión, Consejo y Parlamento Europeo), los Estados miembros deberán prestar particular atención a las dificultades específicas de las provincias o municipios o agrupaciones de municipios que estén escasamente poblados, entendidos como áreas con una densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o menos, o aquellas que hayan perdido una media de al menos un 1% anual de población en el periodo de 2007 a 2017. Estos fondos deben abordar los problemas de las zonas en desventaja, en particular las rurales y con problemas demográficos, para acceder a los servicios básicos, incluidos los digitales, aumentando el atractivo para la inversión.

Una vez aprobado el texto por la Eurocámara, algo que Solís prevé que suceda en el pleno de enero, tendrá que recibir la luz verde del Consejo. Pero el texto ya está cerrado. Si se mapea España incluyendo ambos parámetros, todas las comunidades autónomas disponen de territorios señalados, en mayor o menor medida. Ahora quedará en manos de las comunidades autónomas y del Gobierno la definición, a través de sus planes operativos, de los territorios que consideran como prioritarios, así como si toman la determinación de actuar a nivel provincial, municipal o de agrupación de municipios, como por ejemplo, a nivel comarcal.

“Damos una herramienta legal, es la primera vez que un reglamento recoge esta especificidad”, apunta Solís. Asegura que la negociación ha sido dura. Había reticencias entre los funcionarios de los Gobiernos europeos y en la Comisión para incorporar esta definición en la legislación europea. De hecho, ha habido diferencias respecto al primer texto aprobado por la Eurocámara, en 2019: ha caído el compromiso específico de dedicar un 5% de los fondos a la despoblación. “No todos los países tienen la misma problemática y eliminar este umbral no quiere decir que un país no pueda invertir más para combatir el reto demográfico”, explica Solís.

“Estos fondos son los segundos en importancia que recibe España, tras la Política Agraria Común. Habrá cinco objetivos, los dos fundamentales serán la innovación y digitalización y una Europa verde, pero también la conectividad, temas sociales y acercar Europa a los ciudadanos”, añade la eurodiputada. “Hemos tratado de reducir la burocracia”, apunta. “Del periodo anterior hemos gastado el 35% de los fondos hasta ahora, aunque aún disponemos de otros tres años para seguir usándolos”, sostiene. “Nos preocupa que, sumado a los fondos europeos que se van a recibir próximamente, se trata de mucho dinero en un periodo corto de tiempo. Necesitamos ser capaces de gastarlos, porque hasta ahora hemos gastado poco y mal. No podemos desperdiciar esta posibilidad”, sostiene.

Serafín Pazos Vidal, jefe de la oficina en Bruselas de la Convención de Autoridades Locales Escocesas (parecida a la FEMP española), conoce bien lo que ha costado sacar esta definición de despoblación adelante. Fue el primero en redactarla, a través de una enmienda al reglamento incluida en el dictamen del Comité de las Regiones del que se valió la Eurocámara. Fue en 2018. “Es un acuerdo muy importante y ha sido muy difícil de alcanzar. Hasta ahora, la UE simplemente pedía a los Estados que dediquen parte de sus fondos a abordar el desafío demográfico, pero no había dicho cómo, ni cuáles son los territorios prioritarios”, señala. “Si se usa correctamente, esta nueva definición, que da seguridad jurídica y marca políticamente el camino, puede cambiar completamente la forma en que se priorizan las inversiones en la UE”, prosigue. Explica que la definición es amplia debido a la heterogeneidad en la Unión: “Hay países como Rumania o los Bálticos que no tienen provincias, pero que a nivel comarcal o local tienen unas cifras aún peores que Teruel o Zamora”.

Desde la Secretaría General para el Reto Demográfico, dependiente de la vicepresidencia que dirige Teresa Ribera, consideran que la nueva definición es “un avance significativo”. La incorporación de los criterios de baja densidad y de pérdida de población “supone acercarse a la noción de reto demográfico, y permite identificar como territorio con desafíos demográficos un área mucho más amplia, más acorde a la realidad de nuestro país”, sostienen, algo que consideran que “favorecerá las políticas del Gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales en el marco de la estrategia nacional frente al reto demográfico”.

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, que en España está integrada por Cuenca, Soria y Teruel, que también celebra esta definición, recuerda precisamente que la pelota, una vez aprobado el texto, estará sobre el tejado de los Estados miembros. Por ello, Sara Bianchi, coordinadora de la Red, pide “celeridad a la hora de hacer el mapeo y priorizar cuáles son los territorios sobre los que actuar”. Recalca que es necesario simplificar la burocracia y reclama que, además, otros fondos europeos también incorporen esta definición de despoblación.