El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones en trenes y aeropuertos

El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones multimillonarias de las empresas públicas o sociedades participadas mayoritariamente por el Estado como Aena, Renfe, Adif o Puertos del Estado. El plan estratégico del gestor aeroportuario 2018-21,el mayor contrato de compra de trenes de Cercanías de Renfe por más de 1.500 millones de euros o la reprivatización de las autopistas de peaje rescatadas son algunos de los proyectos que el relevo en el Ejecutivo deja en suspenso.

Y es que, a diferencia de las grandes propuestas económicas como las pensiones o el salario mínimo, que precisan de leyes que deben pasar por el Parlamento —donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en franca minoría y es difícil esperar que salgan adelante— en los planes de las empresas públicas los responsables elegidos por el Gobierno tienen barra libre, ya que dependen directamente de departamentos como el Ministerio de Fomento, el de Energía o el de Economía.

Previamente, con el cambio en La Moncloa se producirá un relevo obligado en la cúpula directiva de todas estas empresas. Los presidentes de Renfe, Adif, Puertos del Estado o Lotería Nacional abandonarán el cargo en cuanto se constituya el nuevo Ejecutivo y serán sustituidos por otros designados por el Gabinete socialista.

Más dudas suscita el presidente de Aena, participada por el Estado en un 51% y la única de las sociedades de Fomento que cotiza en Bolsa, por lo que se supone que la designación de su máximo responsable depende del consejo de administración y no solo de una decisión política. No obstante, se da por seguro que el actual presidente, Jaime García Legaz, pondrá su cargo a disposición en cuanto se constituya el Gobierno socialista, para que éste designe un nuevo responsable de la sociedad dependiente del Ministerio de Fomento, informaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de la decisión.

Aena es la mayor patata caliente para el nuevo gobierno ya que, al cotizar en los mercados, está sometido a un examen del que carecen el resto de empresas públicas. El consejo del gestor aeroportuario aprobó el pasado 28 de mayo el Plan Estratégico para el periodo 2018-2021, que incluye un programa de expansión internacional y, sobre todo, un generoso plan de pago de dividendos (el 80% del beneficio) que aseguraba unos ingresos mínimos de 500 millones anuales para el Estado en los próximos tres años.

Pese a haber pasado el plácet del consejo de Aena, los nuevos gestores pueden dar marcha atrás o reformar las líneas maestras del plan. Por lo pronto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha suspendido la presentación pública que iba a tener lugar este lunes, y la propia Aena ha aplazado “hasta nueva fecha” la presentación a analistas prevista para el próximo 7 de junio. En el ámbito inmobiliario, también se quedan en fase de estudio los desarrollos inmobiliarios de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, con cientos de millones de euros en juego.

Compra de trenes de Cercanías

Por su parte, Renfe ha dejado en suspenso el concurso público para la compra de nuevas locomotoras y trenes por una inversión de 1.500 millones de euros durante este año y 2019 que anunció en marzo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Se trata de la primera fase del plan de compra de nuevos trenes que la compañía ferroviaria presentó, pero que no ha pasado aún por el consejo de administración, aunque ya estaban preparados los pliegos, informaron a EL PAÍS fuentes conocedoras del mismo.

El retraso en el concurso puede suponer un duro golpe a la empresa ferroviaria, que precisa urgentemente de este material ferroviario para cubrir sus necesidades de servicio público. Por ejemplo, solo en Madrid, el plan permitirá cambiar el 60% de los trenes con que se presta el servicio de Cercanías.

También queda pendiente la adjudicación del doble contrato de mantenimiento de trenes que Renfe ha sacado a concurso, que supone realizar estos trabajos en un total de 420 vehículos de Cercanías y Avant durante cinco años por un importe total de 450 millones de euros, según informaron fuentes de la empresa. El doble contrato actualmente en liza abarca casi una tercera parte (el 30%) del parque total de trenes de la compañía ferroviaria pública, que suma unas 1.360 unidades.

El único consuelo en materia ferroviaria es que, con los presupuestos generales del Estado aprobados, se asegura la inversión de 3.000 millones en la Alta Velocidad (AVE).

Autopistas de peaje

El Gobierno tiene pendiente volver a licitar las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado, y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año. El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, ya ha asumido asumiendo la gestión y explotación de ocho de las autopistas de peaje, quedando pendiente solo la AP-41 de Toledo.

El Ejecutivo confiaba en obtener 1.000 millones de euros con la relicitación de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas privadas, según consta en la última actualización del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas a comienzos del mes de mayo.

Además, tendrá que lidiar con los procesos judiciales que van a derivar por el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), la compensación que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por las inversiones que realizaron en construir esas autopistas, El último cálculo es de 1.800 millones de euros, pero las concesionarias piden más del doble. Tanto el PSOE como sus apoyos nacionales (Podemos) e independentistas (PDeCat y ERC) se han mostrado muy críticos con este plan de reprivatización, por lo que tendrá difícil legislar sobre la materia.