La deuda pública alcanzará el 120% del PIB por el banco malo
Eurostat obliga a traspasar al Estado 35.000 millones de euros de los pasivos de la Sareb
![Jaime Echegoyen, presidente de Sareb](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/2IE4BY6GXTQNL7EH4CSPZHWZFU.jpg?auth=14d8b301e7b6e3b716361777bbd7d85e7af5ec26798d03999ce70871bdaff3be&width=414)
El Gobierno anunció ayer que la deuda pública aumentará en unos 35.000 millones de euros por el banco malo, tal y como ya adelantó EL PAÍS. Eurostat ha obligado al Ejecutivo a reclasificar la Sareb, la sociedad a la que los bancos traspasaron activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria, y considerarla una sociedad más del Estado. Los pasivos que tiene este ente, ahora en el entorno de los 35.000 millones, dejan de ser privados y se traspasarán a las cuentas de la Administración, elevando el endeudamiento público en unos tres puntos hasta el 120% del PIB, según reconocen fuentes gubernamentales.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se constituyó en 2012 con la finalidad de quitar a las cajas rescatadas sus activos tóxicos y tratar de ir vendiéndolos más adelante minimizando las pérdidas. Sobre todo era vivienda, suelo y préstamo promotor. En su activo se colocó esta cartera de dudosa calidad valorada nominalmente en unos 100.000 millones de euros. Y en el pasivo se puso muy poco capital: 4.800 millones entre dinero fresco y deuda subordinada. El resto del pasivo eran unos 50.000 millones de euros en bonos que se emitieron con garantía del Estado y que sirvieron para pagar a las cajas por sus activos. Estos todavía abonan un interés a las entidades, aunque ahora sea pequeño por los bajos tipos. Es decir, el banco malo se creó con un balance muy endeudado. Era una forma de dar una patada hacia adelante a parte del agujero bancario creado por la burbuja inmobiliaria.
La idea consistía en que conforme se recuperase el mercado y se vendiesen los activos se amortizarían los bonos. Además, la Sareb se diseñó con el fin de sacarla de las cuentas públicas. Para ello la banca puso el 55% del capital. Y el 45% restante lo desembolsó el Estado mediante el Frob, el fondo público de rescate bancario. También se redactó un plan de negocio que daba una rentabilidad. Todo ello para asegurar a Europa que las deudas de la Sareb no acabarían soportadas por el Estado.
Sin embargo, el plan no ha funcionado. Los precios a los que se transfirieron los activos han resultado demasiado generosos a pesar del 60% de descuento medio. Y el banco malo ha arrojado todos los años pérdidas de 1.000 millones. Por varios motivos: uno, al ir vendiendo los activos por debajo del valor en libros, la Sareb se ha apuntado la pérdida.
Dos, la Sareb ha ido haciendo una valoración más ajustada de los precios de su cartera conforme iba conociendo sus activos, y esas depreciaciones se han traducido en más pérdidas que se contabilizaban pero que no se pasaban por la cuenta de resultados gracias a un cambio legislativo ad hoc que se hizo en 2016 con el fin de que el banco malo pudiese seguir operando.
Y tres, los gastos operativos son altos. En parte por los intereses y los costes de mantenimiento. Pero sobre todo por un swap, una especie de seguro que se contrató para cubrirse del riesgo de una subida de tipos: si los intereses subían, la Sareb recibiría una compensación. Pero si los intereses bajaban, el banco malo tendría que pagar. Y desde 2015 los tipos se hundieron, provocando pérdidas muy sustanciosas para la Sareb. Este roto asciende a unos 3.000 millones. Y la pérdida total latente que ha acumulado el banco malo ronda los 10.000 millones. Estas irían contra el capital y dejarían a la Sareb con un patrimonio negativo de unos 7.000 millones. Ahora que es patente que solo tiene el respaldo del Estado, Eurostat obliga a reclasificar Sareb y su deuda.
El Gobierno confía en que hasta 2027, cuando expira la vida del banco malo, se vendan activos y eso reduzca algo ese pasivo. Incluso contempla la opción de alargar ese plazo de vida para intentar rentabilizarlo mejor. Quedan 35.000 millones de deuda de los 50.000 millones iniciales. Y la pérdida apuntada hasta ahora, esos cerca de 10.000 millones, engrosará el déficit público de 2020, señalan fuentes gubernamentales.
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