El Gobierno extenderá hasta el 31 de diciembre el IVA a tipo cero para comprar material sanitario

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el Gobierno extenderá hasta el 31 de diciembre de este año el IVA a tipo cero para la compra de material sanitario que realicen hospitales o entidades sociales. “En el ámbito tributario, les puedo adelantar como primicia que el Gobierno va a prorrogar hasta el 31 de diciembre el IVA a tipo cero para la compra de materiales de protección, mascarillas, gel desinfectante y resto de productos que realizan Administraciones, centros hospitalarios o entidades sociales”, ha adelantado la también portavoz del Gobierno durante su intervención en la clausura de la tercera jornada de formación Crisis y Recuperación Económica, evento organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en colaboración con el Observatorio de la Realidad Financiera (ORFIN) y con la Universidad de Alcalá.

“Desde el inicio de la pandemia tuvimos muy claro cuál era el combate que tenía que liderar el Ejecutivo, el que se dirigía a la emergencia sanitaria, articulando mecanismos que permitieran mitigar la crisis económica que se veía y también la social”, ha señalado Montero en su intervención. El IVA a tipo cero para material sanitario adquirido por organismos públicos, hospitales y entidades de carácter social se había puesto en marcha el pasado abril, poco después de declarar el primer estado de alarma, e iba a finalizar el próximo día 30 de este mes.

Montero hizo un repaso de las principales medidas adoptadas por el Gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria, haciendo especial hincapié en el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el mercado laboral. “En 2020 movilizamos recursos por valor del 20% del nuestro PIB”, ha insistido la ministra. “No queríamos, yo creo que ninguno, repetir las recetas erróneas que tuvimos en la anterior crisis”. Montero ha subrayado que casi 9 de cada 10 euros de incremento del gasto público se destinaron el año pasado al escudo social, a medidas específicas para hacer frente a la crisis y mantener las rentas de trabajadores, autónomos o para proteger el tejido productivo. “Y en la medida que siga siendo necesario lo vamos a seguir haciendo”, ha añadido.

El efecto directo de esta expansión del gasto ―y paralela caída de los ingresos― ha sido el incremento del déficit del conjunto de Administraciones hasta el 11% del PIB en 2020. Esta cifra significa un agujero de más de 123.000 millones de euros incluyendo el impacto del banco malo, que Eurostat ha obligado a reclasificar, y que ha aumentado el desajuste en cerca de un punto porcentual. Montero ha recordado que este dato es inferior a las previsiones que tenían el Gobierno (11,3%) y los principales organismos internacionales, y se debe sobre todo al mejor comportamiento de los ingresos públicos: la recaudación tributaria cayó un 8,8% en 2020, menos que el PIB nominal (9,9%). “Nuestro sistema fiscal ha demostrado una mayor resistencia y anticipa una mayor capacidad de recuperación económica básicamente por esa protección de rentas”, ha dicho.

La ministra, sin embargo, no ha ofrecido ningún avance sobre las previsiones de déficit y deuda para 2021 tras el recorte en las previsiones de crecimiento al 6,5% para este año. “Sé que hay mucho interés por conocer las previsiones de cierre para este año 2021, después del reajuste, de la revisión del PIB que se contó hace escasamente tres semanas, pero los datos los vamos a incluir en el Programa de Estabilidad que remitiremos esta semana a Bruselas”, ha dicho. “No obstante, sí quiero adelantarles que en cualquier caso el déficit se va a reducir respecto al cierre del año 2020″, ha apuntado. “Nuestro compromiso con el pacto de estabilidad es firme (...), aunque la prioridad ahora, y espero para el conjunto de Europa, sea asentar la recuperación como recomienda la mayoría de los organismos internacionales”.

Ayudas directas

Montero ha recordado que la Administración central ha asumido el grueso del esfuerzo para hacer frente a la crisis, a través de transferencias extraordinarias a comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social. “Las transferencias que el Estado ha hecho a otras Administraciones en 2020 se elevaron a 42.000 millones de euros”, ha subrayado, antes de recordar que gracias a estos desembolsos las autonomías mejoraron su saldo presupuestario y lograron que el periodo medio de pago estuviera durante tres meses consecutivos por debajo del límite máximo legal de 30 días.

“Es un compromiso que hemos renovado este año”, ha añadido Montero en referencia a los apoyos extraordinarios que han recibido los Gobiernos regionales, responsables de servicios como la sanidad y la educación. “Las comunidades van a seguir disponiendo de los mayores recursos de su historia, superando los 162.000 millones de euros”, ha asegurado. En esa cifra se incluyen los 7.000 millones de euros en ayudas directas a empresas que el Gobierno aprobó en marzo y que gestionarán las comunidades autónomas. Entonces, el Ministerio de Hacienda se dio una fecha de 40 días para comunicar el reparto definitivo del fondo y firmar los convenios de colaboración para la gestión del mismo. “Les quiero avanzar que ya se han firmado convenios con Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y Asturias”, ha dicho la ministra.

Pese al malestar de algunos Gobiernos regionales sobre la decisión del Ejecutivo central de encomendarles la gestión de estas ayudas y la tardanza en aprobarlas, Montero confía en que todas las comunidades firmarán en breve el correspondiente convenio para desbloquear los fondos. “En los próximos días, semanas, van a recibir los recursos, pero eso no es óbice para que las comunidades puedan realizar ya las convocatorias”.