La pandemia provoca la mayor subida del gasto público en democracia
Los desembolsos de las administraciones crecieron en 2020 en más de 50.000 millones y superaron el 50% del PIB
La pandemia ha provocado el mayor incremento del gasto público en democracia. En 2020, los desembolsos de las administraciones crecieron en más de 50.000 millones de euros, según cálculos de EL PAÍS. La cifra total supera por primera vez los 570.000 millones, batiendo la barrera del 50% del PIB al tener que intervenir el Estado para evitar un derrumbe mayor de la economía. Gracias a los ERTE y a que las empresas aguantaron el empleo, la caída de las rentas familiares fue mucho menor que la de la actividad económica: en torno al -4% frente al -10,8%. La necesidad de contratar personal y material para combatir la pandemia también explica este récord.
Ni siquiera en 2009 aumentó tanto el gasto, cuando el Ejecutivo de Zapatero y los gobiernos regionales trataron de contener la crisis con una expansión fiscal. Ni en millones de euros, ni en porcentaje de PIB. Entonces se puso en marcha el nuevo sistema de financiación autonómico, que dio más ingresos a las comunidades, y el Plan E, que ascendió a unos 13.000 millones. El gasto subió en 34.500 millones de euros. En 2008 incluso había crecido más, en unos 37.600 millones, con las primeras medidas anticrisis. Y en 2006 y 2007 la cantidad también se disparó en cifras cercanas, aupada por los ingresos de la burbuja inmobiliaria.
Según los cálculos del historiador económico Francisco Comín, no ha existido un aumento comparable del gasto público sobre PIB desde 1938, en plena Guerra Civil.
El año pasado, el Gobierno declaró el estado de alarma por la pandemia, y desde entonces desplegó numerosas medidas para sostener las rentas y reforzar los servicios básicos. Diego Martínez López, docente en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, afirma: “Era lo que había que hacer: lanzar la bomba del gasto. Y se ha hecho relativamente bien en comparación con experiencias anteriores, como el Plan E; se ha focalizado en el mantenimiento de las rentas”.
ERTE, kurzarbeit, furlough, chômage partiel, cassa integrazione... Todos los gobiernos europeos han desarrollado frente a la pandemia esquemas de protección temporal del empleo. En esta ocasión no es como en 2008, cuando había un sector de la construcción inflado y cuyo empleo tenía que ajustarse porque era insostenible. Esta vez el plan se ha basado en que la pandemia era un golpe temporal, y había que sortearlo protegiendo las rentas de los trabajadores hasta la vuelta a la normalidad. El turismo volvería una vez pasado el virus. Así que en toda Europa se ha copiado el kurzarbeit, el modelo que permitió a Alemania capear con éxito la anterior crisis financiera.
De hecho, una parte relevante del aumento de gasto del año pasado, en torno a unos 30.000 millones, han ido a estos ERTE —del que llegaron a beneficiarse unos 3,5 millones de trabajadores—, la ayuda extraordinaria para autónomos y la ampliación de la cobertura del desempleo. Además, la pandemia provocó un alza de unos 1.500 millones de euros en la partida de incapacidad temporal. Y en 2020 se empezó a implementar el ingreso mínimo vital, que al cierre del año ya suponía un desembolso superior a los 500 millones de euros.
Por otra parte, el incremento de la rúbrica de las pensiones se acercará a los 4.000 millones de euros, debido a la revalorización de las prestaciones del 0,9%, el aumento del número de perceptores y la entrada de jubilados con mejores carreras de cotización y, por tanto, prestaciones más altas. No obstante, este repunte ha sido menor de lo que sería normal por las mayores defunciones y porque temporalmente se redujo el número de peticiones al haber cerrado oficinas. También se mejoraron los salarios de los funcionarios un 2%, con un coste para las arcas públicas de unos 3.000 millones de euros.
Y los gobiernos autonómicos recibieron del Estado 16.000 millones del fondo covid-19, puesto en marcha para apuntalar la sanidad y la educación y mitigar la caída de ingresos. Y obtuvieron otros 600 millones para servicios sociales y prestaciones sanitarias y de farmacia. Con estos recursos, las comunidades han elevado el gasto en personal sanitario, que sube un 8% hasta noviembre. Según Martínez López, la partida sanitaria probablemente se va a mantener en niveles altos porque hay un acuerdo generalizado en la sociedad sobre que había que reforzarla. “Existe una justificación anterior que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia”, señala.
El coste de la Sareb
A todo esto hay que sumar el coste del banco malo. Se calcula que a cierre de 2020 la Sareb acumula una pérdida patrimonial latente de unos 10.000 millones, que el Gobierno tendrá que imputar en el déficit del año pasado como un gasto porque Eurostat así lo reclama. Se espera que este desembolso cuente como una ayuda financiera al margen que no se repetirá.
Pese a que el Gobierno ha concedido pocas ayudas directas a empresas, España ha sufrido uno de los mayores aumentos de gasto y déficit de la zona euro. Y ello se debe en gran medida a que se han utilizado más los ERTE porque existe una mayor proporción de sectores afectados por las restricciones a la movilidad.
“Buena parte de este incremento del gasto se traduce en déficit y deuda, pero hay una segunda derivada: qué parte tiene componente estructural y qué parte es coyuntural”, dice Martínez López. Y añade: “En la medida que haya sido coyuntural, ese gasto desaparece. Pero hay incógnitas, como los ERTE: si alguno deriva en ERE se convierte en estructural. Entonces habrá que abordarlo como un componente más de ese déficit estructural que viene acompañando a la economía española desde hace décadas”.
España ya se encontraba en una situación bastante delicada antes de la covid. En 2019, a pesar del crecimiento registrado, el déficit público aumentó por primera vez en siete años, bordeando el 3% que hace que Bruselas ponga bajo vigilancia estricta a un país. Y organismos como la Comisión Europea o el Banco de España consideran que, tras la pandemia, el desfase estructural de las cuentas habrá engordado aún más. Por esta razón, el Banco de España y la Autoridad Fiscal recomiendan que se apruebe cuanto antes un plan a medio plazo para sanear las finanzas públicas.
Un incremento propio de periodos de turbulencias
El porcentaje de gasto público sobre PIB se disparó en 2020 desde el 42% al entorno del 51%. “Solo en períodos con guerras o turbulencias económicas, políticas y sociales se han alcanzado tasas de crecimiento superiores del gasto público en relación al PIB”, explica Francisco Comín. La crisis del euro obligó a contener esta ratio. Y ni durante la democracia ni con el franquismo se registraron ritmos de incremento superiores. Habría que retroceder a la Guerra Civil para hallar alzas mayores. También en el periodo de la Primera Guerra Mundial y la posguerra debido a la inestabilidad política y social y la guerra de Marruecos. Y en los años turbulentos del siglo XIX: en el Bienio Progresista, la Revolución de 1868 y la Guerra de Cuba.
Este aumento del gasto provoca a su vez que el endeudamiento de las Administraciones Públicas se coloque en un 120% del PIB, unos niveles que no se tocaban desde la guerra de Cuba y que ahora mismo son gestionables en tanto que los tipos de interés son muy bajos. Sin embargo, cualquier turbulencia podría volver a meter presión. Ahora se precisa gastar para facilitar la salida de esta crisis. Pero más adelante, como piden el Banco de España y la Autoridad Fiscal, habrá que reconducir las cuentas públicas para no sufrir nuevas dificultades.
Como señala Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, en la crisis anterior se derrumbó la construcción que tanto empleo había generado. Esta vez ha caído el turismo, algo que nadie esperaba. Sin embargo, según explica Andrés, lo que nunca falla es un sector público con las finanzas saneadas. La lección es que los países con mayor músculo fiscal capean mejor las recesiones y son capaces de desplegar más medidas.
Otro punto importante es cuánto del aumento del gasto es estructural. Las subidas de pensiones, funcionarios y la renta mínima engordan el presupuesto de forma permanente. Y ahora, además, el Ejecutivo plantea que los ERTE sean una herramienta estructural. Semejante incremento del gasto se ha podido financiar gracias a la política de compras de deuda del BCE. Pero este en algún momento podría tener que levantar el pie y frenar su ritmo de adquisiciones, sobre todo cuando haya una recuperación más robusta en el Norte y repunte allí la inflación.
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