LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Los ERTE costarán al Estado unos 35.000 millones hasta final de año

Hasta mitad de septiembre el gasto ha sido de 24.000 millones, a los que habrá que sumar el importe de la prórroga que se firmará en los próximos días

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en una reunión con los agentes sociales el 25 de junio en Madrid.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en una reunión con los agentes sociales el 25 de junio en Madrid.Europa Press

El Gobierno negocia con los agentes sociales una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y este lunes se dio un paso decisivo al abrirse a extenderlos hasta el 31 de enero. De esta forma, la factura de los ERTE para el Estado seguirá creciendo: hasta septiembre, según aseguró el presidente Pedro Sánchez la semana pasada en el Senado, costó 4.000 millones al mes. Pese a la evolución a la baja del desembolso en esta partida, la previsión es que acaben costando unos 35.000 millones hasta final de año entre prestaciones y exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los ERTE se han convertido en un escudo social imprescindible durante la pandemia. Para muchos expertos, se trata del mecanismo que ha evitado una mayor desaparición de empresas y que contiene la sensación de crisis a pie de calle. Pero mantener este sistema durante los últimos seis meses supone un coste elevado para las arcas públicas. En concreto, desde mitad de marzo hasta final de año la factura será de unos 35.000 millones.

Hasta mediados de septiembre, según explicó el presidente Pedro Sánchez hace una semana en el Senado, el desembolso es de 4.000 millones de euros al mes para la protección de los trabajadores afectados. Es decir, ha costado unos 24.000 millones. A esto habrá que sumarle el importe de los próximos meses en los que se prorrogará el mecanismo, aunque se espera que la cuantía mensual sea menor a la registrada hasta ahora.

El importe medio anotado, esos 4.000 millones de euros, tienen en cuenta el pico de gasto que hubo en los meses más duros de confinamiento —llegó a haber 3,7 millones de afectados por ERTE—, cuando el desembolso fue mayor que en el último mes, por ejemplo. Sin embargo, la situación de incertidumbre es tal que el Gobierno prefiere no dar una estimación oficial.

“Dependerá de la crisis sanitaria y de si hay rebrotes o no”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Eso sí, de puertas para dentro la previsión es que se alivie la factura. “El coste variará según lo que se pacte con los agentes sociales, aunque estará por debajo de los 4.000 millones de euros al mes de esfuerzo presupuestario”, argumentan fuentes del Ejecutivo.

El coste derivado de lo que se acuerde en la mesa del diálogo social resulta del nivel de generosidad de las exenciones y bonificaciones que se pacten. En la última prórroga se incluyó un periodo transitorio de bonificaciones decrecientes en las cotizaciones a la Seguridad Social: del 70% de las cuotas en julio para las empresas de menos de 50 empleados que siguiesen en ERTE total, del 60% agosto y del 35% en septiembre. Y del 50%, 40% y 25%, respectivamente, para las más grandes. En el caso de las que aplicasen un ERTE parcial, la mecánica era similar y los beneficios decrecían con el paso de los meses.

Está por ver lo que se acuerda para la parte final del año, aunque el Ejecutivo apuesta por unos ERTE de protección diferencial. Es decir, para determinados sectores más afectados, por ejemplo el turismo, el nivel de protección podría ser incluso superior al de los últimos meses. “Ya se está abordando en la negociación y durante esta semana se deberá saber”, señalan fuentes de la mesa del diálogo social. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social elaborará una lista con los sectores más afectados por la crisis, aunque portavoces del ministerio no han querido dar detalles al respecto todavía. Fuentes del Ejecutivo aseguran que se comunicará en los próximos días, una vez acordado con sindicatos y patronal.

A expensas de la situación sanitaria

De esta forma, el desembolso total no se verá reducido en la misma proporción en la que vaya reduciéndose el número de empresas afectadas. Además, por la parte de las prestaciones el gasto tampoco sufrirá un retroceso si no se baja de forma drástica el número de afectados por ERTE, ya que Trabajo va a mantener el pago del 70% de la base reguladora del salario a partir del sexto mes —y no del 50% como preveía la norma—. Por tanto, para los próximos tres meses y medio la estimación está en un gasto de unos 10.500 millones de euros. Es decir, unos 3.000 millones mensuales. Y esto, claro, a expensas de la crisis sanitaria, porque si la situación empeora el gasto volverá a dispararse.

El Ejecutivo cuenta, eso sí, con un aliado fundamental en Bruselas para sufragar esta factura. Con la recaudación cayendo en picado, resulta difícil cuadrar las cuentas con un aumento de los gastos de esta magnitud. Ahí entra en juego el fondo SURE de la Comisión Europea para ayudar a los Estados miembros a sufragar el impacto de la pandemia sobre el empleo. A España le corresponden 21.300 millones de euros en créditos en condiciones favorables. Así, el Gobierno de coalición podrá pagar buena parte del coste de los ERTE con esta lluvia de millones que ya tiene comprometidos.

“Ahora hay unos 700.000 trabajadores con su empleo suspendido. No sabemos cuánto va a bajar en los próximos meses. Esperamos que siga decreciendo aunque sea a menor ritmo”, sostienen fuentes de Seguridad Social. Pese a ello reconocen que hay un suelo difícil de romper: el de los trabajadores de sectores como el turismo, donde no hay expectativa de que se reincorporen en el corto plazo. En todo caso, apuntan fuentes de la Administración, podrían aumentar su número. “La incertidumbre es tan grande que no hacemos un cálculo. Que cueste lo que tenga que costar, ojalá lo menos posible”, defienden portavoces del ministerio que dirige José Luis Escrivá.

A todo ello, como coste excepcional por el coronavirus, habría que sumar asimismo la prestación por cese de actividad para los autónomos, que también se extenderá más allá del 30 de septiembre como dijo este lunes el ministro Escrivá. Esta semana se reunirá con las asociaciones del colectivo para abordar los detalles.

El Ejecutivo espera cerrar en días la ley del teletrabajo

La nueva ley del teletrabajo está al caer, como dijo la semana pasada la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Está tan cerca que se ha valorado que fuese al Consejo de Ministros de este martes. “Quedaban algunos flecos por cerrar. En principio, no irá mañana [por este martes], aunque se tratará de cerrar el texto esta semana”, explican portavoces del Ministerio de Trabajo.

La titular del departamento, Yolanda Díaz, aseguró este lunes en TVE que el acuerdo está casi listo. “La ley va a salir adelante con cuatro características: va a ser voluntario; garantizará la igualdad de derechos en trabajo a distancia y presencial; mantendrá los derechos colectivos, y se compensarán los gastos”, explicó.

A falta de los últimos detalles, todo parece indicar que el texto tendrá que esperar al Consejo de Ministros de la próxima semana. “No está previsto que haya consejo extraordinario, aunque con el diálogo social nunca se sabe”, reconocen fuentes del ministerio.

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