La factura de los ERTE llegará a 25.000 millones hasta septiembre

El Gobierno ha dado este viernes luz verde al decreto que amplía de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. La medida, que se consensuó con los agentes sociales tras una dura negociación, supondrá un desembolso de unos 25.000 millones entre prestaciones y exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El decreto, que llega in extremis —la actual regulación caduca el próximo 30 de junio—, establece un “periodo transitorio de bonificaciones decrecientes” en las cotizaciones a la Seguridad Social, ha explicado este viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, para las empresas que sigan en ERTE total la reducción en las cuotas será del 70% en julio, del 60% agosto y del 35% en septiembre si tienen menos de 50 empleados; del 50%, 40% y 25%, respectivamente, para las más grandes.

Para las empresas con menos de 50 trabajadores en ERTE parcial la bonificación en las cotizaciones será del 60% para los empleados que se reincorporen y del 35% para los que sigan en suspensión de empleo. Aquellas con una plantilla superior se beneficiarán de una exoneración del 40% para los trabajadores que se activen y del 25% para aquellos cuya actividad siga suspendida. “El beneficio es mayor si las empresas reincorporan a sus empleados”, ha señalado Montero.

El Gobierno aprueba la extensión de los ERTE

El decreto también prevé que se puedan solicitar nuevos ERTE por fuerza mayor si hay rebrotes —con bonificaciones del 80% para las empresas más pequeñas y del 60% para las demás— y reconoce por primera vez rebajas en las cotizaciones para los ERTE por razones objetivas. En todo caso, sigue la obligación de mantener el empleo por seis meses tras el ERTE. Montero también ha aclarado que no se modificará la fiscalidad de estos expedientes, preguntada ante la posibilidad de que los contribuyentes afectados paguen más en la declaración de la renta de 2021 por tener dos pagadores. “Todos los trabajadores contribuirán en la medida en que reciben”, ha dicho. “Si no tenemos una fiscalidad amplia, progresiva y justa no podemos seguir dando prestaciones a los trabajadores, ya sean autónomos o trabajadores por cuenta ajena, que son también los que se benefician de esa aportación”.

La flexibilización de los ERTE ha sido una de las medidas estrella del Gobierno para evitar una destrucción masiva de empleo. Unos 3,7 millones de personas han llegado a estar cubiertas por la prestación —ahora, con la progresiva reanudación de la actividad, son unos dos millones—. La fórmula inicial de los ERTE por fuerza mayor implicaba exoneraciones en las cuotas —que con la desescalada se fueron modificando— del 100% para las empresas pequeñas y del 75% para las de más de 50 empleados.

El Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas a finales de abril fijaba un coste de unos 17.840 millones para esta los ERTE por causas productivas y de fuerza mayor causados por la covid-19. Con la prórroga, llegará a unos 25.000 millones entre prestaciones y rebaja en las cotizaciones. Tan solo la factura de la Seguridad Social alcanzará los 11.000 millones entre marzo y septiembre, según avanzó el ministro José Luis Escrivá, quien alertó de que el importe final dependerá de la evolución de la pandemia.

El decreto también amplía hasta el 30 de septiembre la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos ―reconocida a quienes hubieran tenido que cerrar la actividad por el estado de alarma o hubieran registrado una caída en su facturación superior al 75%―, que además de la ayuda implica la exención en el pago de la cuota a la Seguridad Social. El jueves el Ejecutivo pactó con las organizaciones ATA, UPTA y Uatae que se prorrogue hasta el 30 de septiembre, aunque la bonificación en la cuota se irá reduciendo. “Será del 100% en julio, del 50% agosto y del 25% en septiembre”, ha detallado Montero. Asimismo, ha explicado que el Gobierno ha aprobado una prestación extraordinaria para los autónomos de temporada de hasta el 70% de la base mínima de cotización, que se empezará a devengar en junio y que tendrá una duración máxima de cuatro meses.

El teletrabajo llegará en el “marco del diálogo social”

La portavoz del Ejecutivo también ha insistido en que la nueva normativa sobre el teletrabajo, cuyo anteproyecto ha sido adelantado este jueves por EL PAÍS y que tendrá que debatirse ahora con patronal y sindicatos, llegará en el “marco del diálogo social”. “En este momento hay borradores y queremos que se mantengan en el acuerdo y en la capacidad de consenso en el marco del diálogo social”, ha asegurado Montero. El esqueleto de la nueva ley, entre otras cosas, prevé que las empresas tengan que pagar los gastos tanto directos como indirectos en los que incurra el trabajador, además de establecer el “derecho al horario flexible” siempre y cuando se respete la normativa sobre tiempo de trabajo y esté antes pactado con el empleador.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticado este mismo viernes en una entrevista radiofónica que el Gobierno quiera legislar “rápidamente” sobre la materia y ha alertado de que el texto actual podría hacer el trabajo a distancia “poco atractivo” para las empresas. “Yo quiero ser bastante cauta y prudente”, ha insistido Montero: “En este momento lo que hay son borradores de Trabajo, de posibles futuros anteproyectos (...); significa que cuando lo tengamos consensuado y hayamos alcanzado un acuerdo se tramitarán los correspondientes textos legislativos; hoy por hoy son herramientas que nos tienen que permitir profundizar en una realidad que ha venido para quedarse”.

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