Bruselas corrige el dato de déficit público de España de 2019: lo eleva en 2.350 millones, hasta el 2,8% del PIB

Los números rojos acumulados por las Administraciones públicas en 2019 son aún mayores que los adelantados por el Gobierno. Eurostat ha corregido este miércoles el dato que Hacienda difundió el pasado 31 de marzo, que situaba el déficit en el 2,64% del PIB al cierre del año pasado. La oficina estadística de la Unión Europea lo ha elevado en casi 2.350 millones, dos décimas más, hasta el 2,82% (como avanzó EL PAÍS), tras pedir que se revisaran algunos de los criterios aplicados para calcularla. Aun así, el resultado de la instantánea final poco cambia: en 2019 el desfase entre ingresos y gastos aumentó por primera vez desde 2012, año en el que España pidió a Bruselas rescatar su sector financiero. Además, fue el más alto desde 2016.

Hace tres semanas, el Gobierno informó de que el año pasado el déficit había aumentado en un 8% en comparación con 2018, escalando hasta los 32.882 millones de euros. Pero en la notificación del déficit y la deuda que ha hecho a la Unión Europea ha elevado el desfase hasta los 35.195 millones.

Fuentes de Hacienda aseguran que esta variación no es excepcional y se enmarca dentro de un habitual intercambio de información entre las instituciones nacionales y comunitarias. El año pasado, por ejemplo, Eurostat rebajó en 0,15 puntos porcentuales el dato inicial de déficit de 2018, al igual que en 2015, mientras que en 2012 lo elevó en 0,24 puntos.

En este caso concreto, la diferencia se debe a un cambio de criterio en la forma de contabilizar unos activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés, unos créditos fiscales que permiten a las empresas rebajar el pago futuro en el impuesto de sociedades). Las mismas fuentes explican que se imputaron unos DTA para calcular el déficit de 2019 considerando que para hacerlo era suficiente tan solo contar con una resolución administrativa, un criterio anteriormente empleado por la misma oficina estadística europea, según fuentes de Hacienda.

Ahora, sin embargo, tras un intercambio de opiniones, Eurostat ha aclarado que es necesario esperar una resolución judicial para imputar determinados DTA. Por ello, algunos activos que se contabilizaron en 2019 deben al contrario trasladarse a 2020 o a los años sucesivos, según Eurostat, porque aún existe la posibilidad de que se presenten recursos en los tribunales. El resultado: el déficit en 2019 fue tres décimas superior al registrado en 2018, cuando se situó en el 2,5%, y no una décima como adelantó hace tres semanas el Gobierno.

El tercer mayor desfase de la UE

El déficit del conjunto de la UE se situó en 2019 en el 0,6%, al igual que la media de la zona euro. España, según los datos actualizados de la oficina estadística europea, es el tercer país de la Unión con los números rojos más abultados. Solo le supera Rumania, con un 4,3%, y Francia, con un 3%, frente a los superávits de países como Dinamarca, Alemania o los Países Bajos.

El resultado conocido este miércoles, además, aleja más aún al Gobierno de sus objetivos y de los compromisos que había adoptado con Bruselas. España llevaba años apretándose el cinturón para reducir sus números rojos, que en 2012 llegaron a rozar el 11% del PIB, y salir del brazo correctivo en el que la UE la metió en 2009 por tener un déficit excesivo. En 2018 logró reducir el desfase del conjunto de las Administraciones públicas por debajo del sacrosanto 3% fijado en el Pacto de Estabilidad y en 2019 pudo salir de la estricta supervisión de Bruselas —aunque sigue siendo un vigilado especial por su elevada deuda—, que sin embargo exigió un ajuste adicional del 0,65% del PIB

La escalada en los números rojos registrada en 2019 se explica por un aumento del gasto por encima de los ingresos y a la vez por la imposibilidad de encontrar nuevo sustento para las arcas públicas. El Gobierno aprobó el año pasado la subida del sueldo de los funcionarios, que ya estaba pactada entre los sindicatos y el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, actualizó las pensiones con el IPC y fue obligado por el Tribunal Supremo a devolver el IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad. La factura que derivó de estas actuaciones disparó el gasto, pero no encontró alivio en una subida de los ingresos. Pedro Sánchez todavía no ha logrado aprobar unos nuevos Presupuestos tras casi dos años al frente del Ejecutivo, y con ellos las nuevas figuras fiscales que tenía en mente y que, según estimaciones del mismo Gobierno, hubieran supuesto un balón de oxígeno de unos 6.000 millones adicionales. Tampoco la economía creció al ritmo esperado.

Ahora, en plena emergencia sanitaria, con la economía parada, el gasto disparado y el Pacto de Estabilidad congelado, el Gobierno ya ha dado por sentado que tampoco este año verán la luz unas nuevas cuentas públicas. Los Presupuestos diseñados en 2017 por el PP, con Cristóbal Montoro titular de Hacienda, siguen vigentes, así como la senda presupuestaria dibujada entonces y acordada con Bruselas. Estas metas, nada realistas según la ministra de la cartera, María Jesús Montero, comprometían a España a reducir su agujero hasta el 1,3% del PIB en 2019. El objetivo no se cumplió, pero tampoco se logró la meta que se había fijado el Gobierno, del 2%.