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Las empresas del Ibex acumulan 100.000 millones en créditos fiscales

Estos activos permitirán reducir el pago del impuesto de sociedades en unos 25.000 millones en el futuro, sobre todo a bancos y energéticas

Las 35 empresas que componen el selectivo español acumulan en sus balances cerca de 100.000 millones de euros en activos por impuestos diferidos, que en su mayoría son créditos fiscales que permiten a las compañías reducir el pago del impuesto de sociedades en el futuro de forma completamente legal. Estos créditos fiscales proceden principalmente de pérdidas originadas durante la crisis, pero también están alimentados por provisiones y aportaciones a planes de pensiones de empleados. Bancos y energéticas son las que acumulan más impuestos diferidos. La Autoridad Fiscal ha advertido en varias ocasiones de la pérdida de potencia recaudatoria del impuesto de sociedades, entre otras razones, por estos activos fiscales diferidos.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá.
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá. EFE

Un vistazo a las estadísticas tributarias permite comprender la dimensión del problema. Mientras que la recaudación del IRPF, del IVA y los impuestos especiales están en máximos históricos, los ingresos aportados por el impuesto de sociedades, poco más de 23.140 millones, son la mitad que en los años de exuberancia inmobiliaria previa a la Gran Recesión, cuando alcanzaron los 44.823 millones.

El presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, ha advertido en repetidas ocasiones sobre este fenómeno. “Hay varios factores que están detrás de que la recaudación no suba, entre ellos el de las bases imponibles, que tiene que ver con los esquemas de amortizaciones que hay”, explicó hace unas semanas a los diputados en el Congreso. Y precisó: “Cuántas bases imponibles negativas se han acumulado durante la crisis, es una de las razones por las cuales el impuesto no termina de despegar”.

Escrivá lamenta que no haya cifras oficiales sobre las bases imponibles negativas o créditos fiscales, pero un vistazo a las cuentas de las empresas del Ibex 35, muestra que las sociedades más grandes acumulan casi 100.000 millones en activos fiscales diferidos en 2017, casi 5.000 millones menos que un año antes.

5.000 millones menos

Estos activos fiscales son anotaciones contables que permiten a estas corporaciones reducir el pago del impuesto de sociedades en el futuro. Las empresas se pueden deducir cada año una parte de estos créditos fiscales. ¿Cuánto se pueden ahorrar por estas figuras? No serán esos 100.000 millones, si no la cantidad resultante de aplicar el tipo de gravamen efectivo del impuesto de sociedades. El tipo oficial está actualmente en el 25%.

Así que grosso modo, la cuantía que podrán ahorrarse las empresas en impuestos asciende a 25.000 millones en los próximos años. Aunque hay muchos matices que podrían influir en el cálculo, depende de si los créditos fiscales son sobre la base imponible (las pérdidas de años precedentes) o sobre la cuota a pagar del impuesto.

Estos créditos fiscales que se deducen las empresas son una de las razones por las que las empresas pagan al fisco solo el 7% de lo que ganan, según cálculos de Hacienda. Aunque los fiscalistas rechazan este dato porque dicen que no tiene en cuenta lo que pagan las empresas por sus filiales en el extranjero, ni los ajustes por los grupos consolidados.

Lo que está claro es que la recaudación se queda sin un buen pellizco por esta legislación, que existe en muchos países. Los bancos, las energéticas y las grandes operadoras tecnológicas son las compañías que acumulan más activos fiscales diferidos, el 80% de estos créditos fiscales aproximadamente.

El caso de los bancos es paradigmático. El Gobierno modificó la ley para permitir a las entidades financieras apuntarse alrededor de 50.000 millones de euros de activos fiscales diferidos (Deferred Tax Assets, DTA, en sus siglas en inglés). Habilitaba a los bancos a incorporar como DTA las provisiones para cubrir el riesgo de los activos inmobiliarios, las aportaciones a planes de pensiones de los empleados y las pérdidas de los años malos.

Con este cambio legal, los bancos podían anotarse estas cantidades para reforzar su capital, porque estos activos estaban garantizados por el Estado. A cambio, las entidades que se acogieran a esta vía debían pagar una tasa para evitar que Bruselas lo considerase ayudas públicas de Estado. El año pasado los bancos pagaron 471 millones de euros por este gravamen. Y en los presupuestos de este año hay previsto un ingreso similar.

“El tema de los activos fiscales diferidos debería atraer mayor atención y explicaciones por diversas razones: limita de forma drástica las posibilidades recaudatorias del impuesto de sociedades, sobre todo en ausencia de normas de tributación mínima; supone un riesgo para el equilibrio de las cuentas públicas en la medida en que parte de dichos de dichos activos deba eventualmente ser respaldado por la administración pública; y su presencia distorsiona la información disponible sobre los activos de las empresas, en particular las del sector financiero”, explica Santiago Díaz de Sarralde, director de estudios del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Este profesor de la Universidad Rey Juan Carlos advierte: “La ratio de capitalización fiscal (activos fiscales respecto a total de activos) de las empresas financieras no para de crecer. En febrero de 2018 alcanzó el 29%, según los datos del Banco de España. Casi un tercio de sus activos contables son activos fiscales, la cifra más alta desde que hay datos disponibles (1986)”.

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, reconoció hace unas semanas en una entrevista a EL PAÍS que “los efectos de la crisis hacen que existan todavía muchas bases imponibles negativas. El impuesto de sociedades es el que menos está reaccionando ante la recuperación económica”. Y avanzó: “Ya hicimos un decreto ley al principio de la legislatura para corregirlo y si percibiéramos un comportamiento diferente de lo que cabría esperar por la evolución de los beneficios empresariales, le echaríamos un nuevo vistazo”.

Nadal se refiere al endurecimiento de las deducciones por créditos fiscales que el Gobierno aprobó el año pasado. La norma fija un límite máximo de compensación del 25% de las bases imponibles, frente al 60% que estaba vigente para el ejercicio 2016 y al 70% a partir de 2017. Aún así, el Gobierno cree que la recaudación de sociedades será la que menos crezca este año.

El coste de salvar el Popular

El presidente del FROB , Jaime Ponce, aseguró hace unas semanas en el Congreso que el rescate del Banco Popular “no ha costado un euro a los contribuyentes”. El responsable del organismo público creado para sanear la banca con problemas se refería a los activos fiscales diferidos (DTA) del Popular, que quedó en manos del Santander por un euro. El Popular tenía anotados en su balance 4.907 millones en activos fiscales diferidos de los cuales alrededor de 2.000 millones estaban garantizados por el Estado. La Administración central se había comprometido a “monetizar” esos activos en caso de pérdidas o quiebra de la entidad. Tras la absorción, el Santander ha aumentado sus DTA en 1.946 millones, según sus cuentas de 2017.

El diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, asegura, sin embargo, que el Estado ha pagado unos 400 millones por DTA del Popular y reclama una explicación al Gobierno. Su grupo ha presentado una enmienda a los Presupuestos para que la Agencia Tributaria investigue la conversión de las pérdidas contables en activos fiscales diferidos.

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