España aumenta el déficit público por primera vez desde 2012

Tras años de ajustes para cuadrar unas cuentas sacudidas por la crisis, España desanda parte del camino recorrido y vuelve a ampliar sus números rojos: el agujero del conjunto de las Administraciones públicas escaló hasta los 32.882 millones en 2019, un 8% más con respecto al año anterior. Se trata del primer incremento desde 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que pedir un rescate a Bruselas para salvar al sector financiero. Las comunidades autónomas son las que más han engordado sus números rojos, mientras que los Ayuntamientos cerraron el año con superávit pero redujeron su margen respecto al ejercicio anterior.

El agujero en las cuentas públicas se situó en el 2,64% del PIB en 2019, según la estadística publicada este martes por el Ministerio de Hacienda. Esta cifra supone un crecimiento con respecto al año anterior, tanto en términos absolutos como porcentuales —2018 cerró en un 2,5%—, y un incumplimiento de lo pactado con Bruselas.

Pedro Sánchez, que lleva casi dos años al frente del Ejecutivo, todavía no ha logrado aprobar unos nuevos Presupuestos. Los diseñados en 2017 por el PP, con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, siguen vigentes, así como la senda presupuestaria dibujada entonces y acordada con Bruselas. Estas metas, nada realistas según la ministra de la cartera, María Jesús Montero, comprometían a España a reducir su agujero hasta el 1,3% del PIB en 2019.

El objetivo no se ha cumplido, pero tampoco la previsión de la senda de consolidación fiscal propuesta por Sánchez, que dibujó un camino con menos pendiente para dejar margen con el que subir el gasto social. En concreto, prometió cerrar 2019 con un agujero del 2%.

La ampliación del déficit el año pasado, cuando España salió del brazo correctivo de la UE en el que acabó en 2009 por tener los números rojos disparados —y aun así Bruselas exigió un ajuste adicional del 0,65% del PIB—, se explica a la vez por un aumento del gasto y por la imposibilidad de ampliar ingresos. Los fallidos intentos de aprobar unos nuevos Presupuestos impidieron al Ejecutivo sacar de la chistera las nuevas figuras fiscales que tenía previsto implementar, y que de acuerdo con sus cálculos —inflados, según muchos organismos— aportarían casi 6.000 millones adicionales a las arcas públicas.

Esta merma en los ingresos potenciales tampoco se compensó con una reducción del gasto. Al contrario, el Gobierno aprobó una subida del sueldo de los funcionarios (según lo ya pactado con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy), la actualización de las pensiones y tuvo que devolver el IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad después de que le obligara el Tribunal Supremo.

Este cóctel causó que los gastos crecieran por encima de los ingresos y del PIB nominal, que tampoco representó la palanca que el Gobierno se esperaba. El año pasado, el PIB avanzó un 2%, una cifra notable en comparación con los países del entorno, pero que supone el ritmo de crecimiento más bajo desde 2014 y por debajo de las previsiones oficiales.

Ahora, con el Pacto de Estabilidad congelado y en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, España intenta presionar a Bruselas para que acepte una suerte de mutualización de la deuda sin tener los deberes del todo hechos. Aunque el déficit se haya situado el año pasado por debajo del 3% marcado por las reglas europeas, el país no ha logrado hacer el esfuerzo suficiente para sanear sus cuentas.

Lejos de los objetivos

La Administración central y la Seguridad Social fueron los dos subsectores con los números rojos más abultados, pero a la vez los que más redujeron su agujero. Cerraron el año, respectivamente, con un déficit del 1,12% (frente al 1,32% de 2018) y del 1,29% (1,44% el año anterior). Los Ayuntamientos volvieron a registrar superávit (0,31%), aunque inferior a un año antes (0,51%), mientras que las comunidades autónomas profundizaron el agujero y rebasaron el 0,5%.

Estos guarismos están muy lejos de los objetivos fijados por la senda vigente, que establecía para 2019 un 0,3% para la Administración central, un 0,1% para las regiones, un 0,9% para la Seguridad Social y la estabilidad presupuestaria para los Ayuntamientos. El pasado febrero, el Gobierno acordó sin embargo conceder una tregua a las comunidades autónomas a cambio de no devolverles la mensualidad de IVA de 2017 que reclaman, que se corresponde con unos 2.500 millones de euros.

Entonces Montero, no sin desatar la ira de los consejeros de Hacienda del PP y de algunos del PSOE, aseguró que no se tendría en cuenta en el cálculo del déficit de 2019 la parte imputable a este importe a la hora de establecer si las comunidades cumplían con el objetivo. Aun así, solo seis comunidades lo han logrado.