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Bruselas saca a España de su brazo correctivo pero le pide un ajuste de 15.000 millones en dos años

Pierre Moscovici ha alentado a las autoridades a seguir “por la vía de la seriedad presupuestaria”

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en Bruselas este miércoles. En vídeo, declaraciones de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.

España deja por fin atrás una década de austeridad. Bruselas ha dado este miércoles luz verde al informe que recomienda su salida del brazo correctivo de la UE. Los países miembros ratificarán, con toda probabilidad, la decisión la semana que viene. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha felicitado a España y la ha alentado a seguir “por la vía de la seriedad presupuestaria”. Tras salir de ese corsé, Bruselas exige a España un ajuste de 15.000 millones en dos años, con cierta flexibilidad. Como ha avanzado este miércoles EL PAÍS, la Comisión advierte de un “riesgo signifiticativo de desviación” de los objetivos para 2019 y 2020.

La Comisión Europea ha dado este miércoles por cerrada la época de los grandes desfases presupuestarios heredados de la Gran Recesión. La UE ha necesitado una década para relajar su brazo correctivo, por el que pasaron 24 países que, en mayor o menor medida, tuvieron que aplicar recortes y subidas de impuestos para equilibrar sus cuentas. Solo la posible entrada de Italia en ese procedimiento del que sale España ha empañado el fin de ese “largo camino” que, en palabras de Moscovici, han recorrido los socios de la UE.

La Comisión Europea constata que, tras volver al redil del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el déficit de España no superará el 3% del PIB en los próximos dos años. Cumple, pues, con todos los requisitos para pasar ahora al brazo preventivo. Además, el Gobierno de Sánchez no está entre los países que este miércoles recibieron algún tipo de toque serio de la Comisión: Francia, Chipre, Bélgica, Grecia, Hungría o Rumania.

‘Toque’ a países que alientan el ‘dumping’ fiscal

La Comisión Europea ha incluido en sus informes de recomendaciones de reformas a los países de este año una advertencia a aquellos que deben enderezar sus sistemas fiscales o mecanismos de prevención de blanqueo de capitales. Según el documento, “la lucha contra la planificación fiscal agresiva” es una “prioridad” para el Ejecutivo comunitario, que ha presentado “propuestas para hacer que el sistema tributario sea más transparente, efectivo y coherente”.

En concreto, Bruselas señala que las compañías usan los sistemas fiscales más ventajosos de seis países para sacar provecho de los agujeros tributarios de la UE. Estos son Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, aseguró que Irlanda y los Países Bajos han “avanzado” en sus legislaciones, pero les recordó que aún “quedan cosas por hacer” y les alentó a seguir. Algunos de esos países ya fueron advertidos por el Parlamento Europeo al considerar que actuaban como “paraísos fiscales” dentro de la UE.

Tras los escándalos ocurridos en el último año en Europa por casos de blanqueo de capitales, el Ejecutivo comunitario también reclamó a seis países que refuercen sus controles en ese terreno. Moscovici se refirió a Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Letonia, Malta y Suecia. El informe, además, insta a Bulgaria y Chipre a mejorar su marco de supervisión para las entidades financieras no bancarias.

A partir de ahora, Bruselas seguirá con lupa la evolución de los esfuerzos estructurales que haga España, que aún mantiene unos números rojos equivalentes al 2,48% del PIB. Es decir, la Comisión seguirá de cerca el saneamiento de las finanzas públicas españolas con independencia del ciclo económico. Esta práctica trata de alentar las reformas estructurales y, a la vez, que los países no confíen únicamente en el crecimiento económico para cuadrar sus cuentas.

Rebaja de la deuda

La Comisión Europea reclama a España que realice un ajuste del 0,65% del PIB este año y el que viene —el equivalente a unos 15.000 millones—, aunque le da un margen de 0,5 puntos que puede repartir como quiera. Sin embargo, la Comisión considera que hay un “riesgo de una desviación significativa” del ajuste recomendado para 2019 y 2020. Fuentes comunitarias han advertido incluso de que pueda haber un cierto deterioro estructural.

El vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis ha sostenido que, en base a los datos de Plan de Estabilidad, el “cumplimiento” de esas metas “no está asegurada”. Por ello, ha advertido que el Ejecutivo comunitario seguirá “los acontecimientos presupuestarios” y de política financiera del próximo Gobierno.

Sin embargo, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, que ha expresado su “satisfacción” por la salida del procedimiento de déficit excesivo, ha sostenido que los requerimientos de la Comisión están en línea con el Plan de Estabilidad. Calviño, además, se ha comprometido a seguir la recomendación de la Comisión de destinar todo el ahorro que provenga de la reducción de los tipos de interés y la recaudación tributaria adicional para bajar el nivel de deuda pública “lo más rápidamente posible”.

Una de las tareas que afronta ahora España es, precisamente, ir drenando la deuda actual, equivalente al 97,1% del PIB, hasta dejarla por debajo del 60%. El informe de la Comisión sostiene que los datos disponibles hacen prever que España no cumplirá con los requerimientos de la “regla de gasto transitoria” para los dos próximos años. Fuentes comunitarias sostuvieron que España debería reducir la deuda en un 0.5% este año y un 1,1% el que viene.

El incumplimiento de los objetivos de esfuerzo estructural, de hecho, a punto han estado de costarle a Bélgica un susto. Tras no haber cumplido con ellos, la Comisión le abrió un expediente que, no obstante, concluye que no es necesario medidas. En todo caso, si España cumple o no, Bruselas lo juzgará en junio de 2020.

Una década bajo los focos

A. Maqueda

18 de febrero de 2009. Ese día la Comisión Europea abrió un expediente a España para someterla al llamado Procedimiento de Déficit Excesivo, un sistema que se ideó en el Pacto de Estabilidad y por el cual se hace un seguimiento estricto de las cuentas de un Estado miembro siempre que estas se hayan descontrolado con un agujero superior al 3% del PIB. En ese momento, cinco meses después de la caída de Lehman Brothers, el déficit público español se había disparado hasta el 4,4% del PIB, unos 50.000 millones de euros. El estallido de la burbuja global dejó sin financiación la burbuja doméstica. Y los ingresos públicos empezaron a derrumbarse al no poder seguir ordeñando el ladrillo. A los pocos meses de entrar bajo el brazo corrector de Bruselas, el Ejecutivo de Zapatero pidió una prórroga de un año para situar el déficit por debajo del 3%. Pero ni por esas. El desfase se desbocó hasta el 11% del PIB, unos 100.000 millones de euros. Y siguió así hasta 2013. Incluso cuando Zapatero dio un vuelco y tomó medidas para recortarlo en mayo de 2010 congelando las pensiones y bajando los sueldos a los funcionarios. El hundimiento de los ingresos, el descontrol de las comunidades y el gasto en paro e intereses hizo que apenas se pudiesen ajustar las cuentas.

En 2012, ya bajo el mandato de Rajoy, se abordaron más medidas. Nada más llegar a la Moncloa en diciembre de 2011, se aplicaron fuertes subidas de impuestos. Y en julio de 2012, un mes después del rescate y forzado por Bruselas, Rajoy aprobó los mayores recortes de la democracia, afectando a funcionarios, gasto social e inversión. Aun así, en ese año el déficit siguió en los 100.000 millones debido a los 40.000 que se pidieron para el rescate financiero. En 2013, el desfase disminuyó hasta el 7% del PIB. En 2014 también se hicieron esfuerzos para aminorar el déficit. Pero a partir de ahí no se ha hecho ninguno y el grueso de la corrección ha sido por la mejora de ingresos que trae la recuperación.

De cara a las elecciones, Rajoy hasta se permitió bajar impuestos. En total, solicitó tres prórrogas a Europa. Y tras la rebaja del IRPF, incluso estuvo a punto de ser multado por Bruselas en 2016. Tampoco el Gobierno de Sánchez ha hecho ajustes. Una década después, España registra por fin un déficit del 2,5% del PIB y sale, el último, del foco. Parece que la pelota pasa a Italia.

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