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El Gobierno de Sánchez ofrece a Bruselas una subida de impuestos de 5.654 millones en 2020

El Ejecutivo se compromete ante la Comisión Europea a eliminar el déficit y rebajar el paro por debajo del 10% en 2022

El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado este martes a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad 2019-2022, que incluye un incremento de impuestos de 5.654 millones de euros para 2020. Entre ellos están muchos de los que pretendía aprobar en 2018 pero no sacó adelante. Por ejemplo, se cita el impuesto sobre servicios digitales, conocido popularmente como tasa Google; el nuevo tributo a las transacciones financieras; la subida del diésel o los repuntes del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros y del impuesto de sociedades para las grandes empresas.

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Nadia Calviño, ministra de Economía, la semana pasada tras el Consejo de Ministros

Todos estos impuestos que se plantean para 2020 ya estaban en la agenda del Ejecutivo de Pedro Sánchez el año pasado. Incluso, llegó a presentar los decretos que los regulan en el Congreso. Y hasta contó con la recaudación que aportarían para diseñar los Presupuestos del Estado de 2019, que no salieron adelante al ser rechazados por el Parlamento. Ahora, después de un 2018 en el que no tomó ninguna medida para corregir el déficit público, se compromete con el Ejecutivo comunitario a llevar adelante esas subidas tributarias.

Todo con tal de ofrecer un ajuste estructural —sin contar con la bajada del déficit que siempre proporciona el ciclo— que haga que el agujero presupuestario se reduzca. El calendario político, con la formación de Gobierno pendiente y sin unos Presupuestos aprobados para este año, deja poco margen para que estas iniciativas entren en vigor este mismo año. Así que el Ejecutivo ha decidido que incluirá las subidas de impuestos en las cuentas públicas del próximo año.

"Para los posteriores ejercicios, y dada la actual situación política, se plantea un escenario para 2020 sin medidas a excepción de tres elementos que el Gobierno actual ya había planteado: el paquete tributario incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, las medidas de lucha contra el fraude y la creación de las dos nuevas figuras tributarias que había impulsado mediante los correspondientes proyectos normativos", dice el documento remitido a Bruselas.

Fin del déficit en 2022

A cierre de 2018, el déficit público se redujo al 2,48% del PIB desde el 3,1% registrado en 2017, gracias sobre todo al aumento de los ingresos obtenido por la mejora del ciclo económico. El Ejecutivo socialista promete a la Comisión bajarlo este año al 2% del PIB, el 1,1% en 2020 y el 0,4% en 2021. Es decir, en 2019 confiaría en la mejora de la economía para ajustar y dejaría cualquier medida efectiva para 2020.

Según estos planes, el equilibrio presupuestario se lograría en 2022. Para entonces, los ingresos habrían subido del 38,9% del PIB con el que se cerró 2018 al 40,7% del PIB. El Gobierno espera que una parte de este aumento de los ingresos —unos 20.000 millones de euros— proceda del tirón económico. Estos no son subidas de impuestos, sino que solo al mejorar la economía se hinchan los ingresos fiscales, al haber más trabajadores, más beneficios de las empresas y, en general, más actividad.

Por la parte del gasto, este bajaría desde el 41,3% del PIB en 2018 al 40,7% en 2022. Esta reducción no se produciría por recortes, sino porque aumentará poco a poco el PIB más de lo que lo harán los desembolsos.

El programa también contempla diversos aumentos del gasto. Recuerda que ya se aprobaron partidas por valor de 3.775 millones de euros en 2018 que incluyen, por ejemplo, las revalorizaciones de pensiones con el IPC. Solo estas actualizaciones se llevan hasta la mitad del incremento del presupuesto.

Y luego compromete otros 806 millones para 2019, fundamentalmente las iniciativas anunciadas en los llamados viernes sociales: la mejora de la situación de orfandad de víctimas de la violencia de género, la ampliación del permiso de paternidad o la recuperación del subsidio a parados mayores de 52 años.

Cabe recordar que el objetivo del 2% de déficit para este año se sitúa lejos del 1,3% que aprobó el Consejo Europeo y del 1,8% planteado en los Presupuestos de Sánchez que no llegaron a ser aprobados. Sin embargo, España cuenta con la ventaja de que va poco a poco cerrando el desfase en las cuentas. En cambio, Italia y Francia barajan aumentar este año el déficit por encima del 2% y hacia el entorno del 3%, respectivamente. Lo cual hará que el foco se aleje de las cuentas españolas.

El paro baja del 10% en 2022

Además, una vez fuera de la tutela especial por déficit excesivo, la Comisión Europea ya no pide simplemente que baje el déficit. Para ellos es más importante que haya un ajuste estructural al margen del ciclo que apuntale las cuentas incluso si hay una ralentización económica. Y ese esfuerzo lo cifra para España en el entorno del 0,65% del PIB al año, unos 8.000 millones de euros. Si bien las reglas europeas permiten incumplir hasta un 0,5% del PIB en dos años. Es decir, podría saltarse una parte de ese ajuste. Y parece que este año va a aprovechar ese margen. El grueso de las medidas las adoptará en 2020.

En cuanto a las previsiones económicas del Gobierno, el crecimiento del PIB se moderará al 2,2% en 2019; el 2% en 2020; el 1,9% en 2021, y el 1,8% en 2022. A finales del periodo, la tasa de paro descendería por debajo del 10%.

La mochila austriaca y reforma de la financiación autonómica

El Gobierno ha enviado también a Bruselas el Programa Nacional de Reformas, un compendio en el que repasa los decretos, planes y cambios legales aprobados y algunas reformas que piensa acometer. En realidad, se trata a grandes rasgos de una reedición de la llamada Agenda del Cambio que Pedro Sánchez presentó en febrero, con los mismos objetivos y medidas para fomentar la inversión en I+D, mejorar la educación y luchar contra el cambio climático y el fraude.

En el apartado de empleo no cita en ningún momento que vaya a derogar parte de la reforma laboral de 2012, como aseguró hace meses y no llegó a hacer para disgusto de los sindicatos. En lugar de eso, ahora habla de elaborar “un nuevo Estatuto de los Trabajadores” con los agentes sociales, para lo que ya ha creado un grupo de trabajo. La norma debe compaginar “nuevos derechos de los trabajadores” propios del siglo XXI con “la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario”. Además, plantea la necesidad de “simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo” a tres modelos (indefinido, temporal estructural y formativo).

También vuelve otra clásica promesa que se han pasado de mano en mano el PSOE, Ciudadanos y el PP, y que nadie acaba de aplicar: la llamada mochila austriaca. Sánchez se compromete a “abordar la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad”, es decir, un fondo que los trabajadores alimentan en su puesto de trabajo y que se pueden llevar a otra empresa si se marchan o cobrarlo cuando están en paro o se jubilan. Quiere pactarla con sindicatos y patronal.

Retorna además la eterna promesa de reformar el sistema de financiación autonómica. Sin más detalles. Hasta ahora, dice el Gobierno, no se hizo “por falta de estabilidad política que impedía los consensos necesarios”.

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