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Empresas e inversores pagarán 2.000 millones más al fisco por las tasas Google y Tobin

El impuesto sobre actividades digitales gravará la publicidad dirigida 'online' y el de transacciones financieras la compraventa de acciones

El Consejo de Ministros dio luz verde este viernes a los proyectos de ley de los nuevos impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales —conocidos popularmente como tasa Tobin y tasa Google— con los que espera recaudar unos 2.000 millones de inversores, multinacionales y otras empresas. Este último impuesto se ha diseñado para hacer tributar a los gigantes tecnológicos, pero la dificultad para definir los negocios digitales amenaza con extender el tributo a empresas más pequeñas. El Gobierno remitirá los proyectos legales al Congreso para su tramitación, donde podrán ser enmendados.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. EN vídeo, la ministra anuncia estos dos impuestos.

Ambas figuras tributarias estaban en la agenda del anterior Ejecutivo popular. De hecho, Rajoy aseguró hace menos de un año a Bruselas que las aprobaría este mismo año. Pero eso fue antes de ser desalojado de La Moncloa tras la moción de censura presentada por Pedro Sánchez.

 

España pretende ser la primera en legislar sobre estos impuestos que recaerán sobre grandes multinacionales digitales, pero también otras empresas que usan datos. El desafío del Gobierno consiste en redactar el primer tributo internacional sobre la economía digital, un modelo de negocio transnacional difícil de acotar en un solo país. Esta dificultad puede propiciar que el Ejecutivo termine afectando a más empresas de las inicialmente previstas. De hecho, las firmas digitales han criticado la tasa Google española por hacerse sin que se hayan definido las bases a nivel global.

La tasa Google nace de una propuesta de la Comisión Europea tras los trabajos realizados por la OCDE para diseñar un sistema tributario global más justo y en el que las grandes multinacionales como Google, Facebook, Apple o Amazon no puedan escabullirse.

España será el primer país que aplique este impuesto sobre los servicios digitales, que también tramitan Reino Unido, Francia y Alemania. Otros como Irlanda y los países nórdicos, que ofrecen ventajas fiscales a las multinacionales tecnológicas a cambio de que instalen allí sus sedes europeas, se oponen a este tipo de tributación.

Las firmas digitales critican el impuesto

La patronal de la industria digital en España, Ametic, critica el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales. "La asociación lamenta la acción unilateral del Gobierno sobre la tasa digital. Esto se produce sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo", señala a través de en un comunicado.

La asociación considera que en el contexto de una economía globalizada cualquier nuevo impuesto a las empresas debe acordarse a nivel global, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ametic recuerda que España será el primer país europeo en aplicar una medida de este tipo, "que impactará negativamente en la economía española, perjudicando especialmente a las startups, pymes y consumidores". Y añade: "Todo ello, afectará negativamente tanto a la innovación como a la posición digital, situando a España en una desventaja competitiva respecto al resto de países europeos y del mundo, tratándose en la práctica de un impuesto a la exportación". Las firmas tecnológicas creen que la tasa Google rompe con el acuerdo internacional de gravar los beneficios y no los ingresos, y generaría problemas de doble tributación.

Directrices de Bruselas

La tasa Google diseñada por España sigue las directrices básicas marcadas por Bruselas. Contará con un tipo impositivo del 3% que se aplicará sobre determinados servicios digitales. Se dirige a empresas con una facturación internacional superior a 750 millones y cuyos ingresos en España por la prestación de los servicios digitales sujetos al impuesto rebase los tres millones de euros. De esta forma, el impuesto no solo afectará a los gigantes tecnológicos como Google, Amazon o Facebook, sino que también lo sufrirán otro tipo de empresas más pequeñas.

Esta nueva figura tributaria gravará tres actividades digitales: la prestación de servicios de publicidad online (el ejemplo más paradigmático es Google), los servicios de intermediación online (Amazon); y la venta de datos generados a partir de la información proporcionada por el usuario de plataformas digitales (Facebook). El gravamen del 3% se aplicará sobre los ingresos procedentes de estas actividades. En total, Hacienda espera que este impuesto aporte unos 1.200 millones de euros a las arcas públicas.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó tras el Consejo de Ministros que “se trata de que las grandes empresas paguen allí donde se genera el beneficio”. Y apostilló: “Se refiere a plataformas que trabajan de manera privilegiada, proporcionando una gran desventaja a otras empresas que sí pagaban sus impuestos”.

“El nuevo impuesto se limita a gravar los servicios de publicidad dirigida online. No a una página web que nos salga dirigida a El Corte Inglés o Zara, sino a un servicio de publicidad dirigida en línea que haya estudiado los gustos del consumidor. A un servicio de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario”, detalló la portavoz del Gobierno. E insistió en que el impuesto “se refiere a plataformas, no a páginas webs”.

Respecto al anteproyecto presentado en octubre, la novedad es que Hacienda reconocerá que las prestaciones digitales que sean realizadas entre empresas del mismo grupo, con una participación, directa o indirecta del 100%, quedarán fuera del impuesto.

Tasa Tobin

Junto a este impuesto, el Ejecutivo también ha dado luz verde al impuesto sobre transacciones financieras. La tasa Tobin es otro de los tributos ampliamente debatidos en el ámbito internacional desde 2013. Países como Francia, Italia o Bélgica ya tienen una figura similar. Existe un grupo de trabajo dentro de la Unión Europea para armonizar este impuesto al objeto de que no haya competencia fiscal entre los países.

Este impuesto gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con un valor bursátil superior a 1.000 millones. El encargado de pagar al fisco será el intermediario financiero que ejecute la orden de compra. A diferencia del anterior impuesto, la recaudación obtenida por este —Hacienda calcula que arañará unos 850 millones— se destinará a financiar las pensiones y las prestaciones de la Seguridad Social.

Nuevas medidas para combatir el fraude fiscal

El Gobierno también aprobará en las próximas semanas el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que incluye un amplio paquete de medidas, según informan fuentes de Hacienda a Europa Press.

Entre las iniciativas más destacadas de esta nueva bateria de medidas contra el fraude fiscal destaca la limitación de los pagos de dinero en metálico a 1.000 euros. La medida solo afectará a profesionales y no a todos los contribuyentes.

También se reformará la lista de deudores con la Agencia Tributaria, conocida popularmente como lista de morosos, para incluir en el listado a los responsables solidarios y rebajar el límite a partir del cual el fisco incluye a los contribuyentes en esta relación desde un millón a 600.000 euros. También se pretende legislar para prohibir las amnistías fiscales y asumir las normas internacionales contra el fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones extra.

Quedan fuera del ámbito de este impuesto, tanto la deuda pública como la privada, y los derivados financieros.

El Gobierno registrará los proyectos legales en el Congreso para su tramitación, que se prolongará unos tres meses durante los cuales la norma podrá ser modificada. Los impuestos entrarán en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es decir, que hasta, al menos, después del verano no se aplicarán.

 

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