Empresas e inversores pagarán 2.000 millones más al fisco por las tasas Google y Tobin

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Ambas figuras tributarias estaban en la agenda del anterior Ejecutivo popular. De hecho, Rajoy aseguró hace menos de un año a Bruselas que las aprobaría este mismo año. Pero eso fue antes de ser desalojado de La Moncloa tras la moción de censura presentada por Pedro Sánchez.

España pretende ser la primera en legislar sobre estos impuestos que recaerán sobre grandes multinacionales digitales, pero también otras empresas que usan datos. El desafío del Gobierno consiste en redactar el primer tributo internacional sobre la economía digital, un modelo de negocio transnacional difícil de acotar en un solo país. Esta dificultad puede propiciar que el Ejecutivo termine afectando a más empresas de las inicialmente previstas. De hecho, las firmas digitales han criticado la tasa Google española por hacerse sin que se hayan definido las bases a nivel global.

La tasa Google nace de una propuesta de la Comisión Europea tras los trabajos realizados por la OCDE para diseñar un sistema tributario global más justo y en el que las grandes multinacionales como Google, Facebook, Apple o Amazon no puedan escabullirse.

España será el primer país que aplique este impuesto sobre los servicios digitales, que también tramitan Reino Unido, Francia y Alemania. Otros como Irlanda y los países nórdicos, que ofrecen ventajas fiscales a las multinacionales tecnológicas a cambio de que instalen allí sus sedes europeas, se oponen a este tipo de tributación.

Directrices de Bruselas

La tasa Google diseñada por España sigue las directrices básicas marcadas por Bruselas. Contará con un tipo impositivo del 3% que se aplicará sobre determinados servicios digitales. Se dirige a empresas con una facturación internacional superior a 750 millones y cuyos ingresos en España por la prestación de los servicios digitales sujetos al impuesto rebase los tres millones de euros. De esta forma, el impuesto no solo afectará a los gigantes tecnológicos como Google, Amazon o Facebook, sino que también lo sufrirán otro tipo de empresas más pequeñas.

Esta nueva figura tributaria gravará tres actividades digitales: la prestación de servicios de publicidad online (el ejemplo más paradigmático es Google), los servicios de intermediación online (Amazon); y la venta de datos generados a partir de la información proporcionada por el usuario de plataformas digitales (Facebook). El gravamen del 3% se aplicará sobre los ingresos procedentes de estas actividades. En total, Hacienda espera que este impuesto aporte unos 1.200 millones de euros a las arcas públicas.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó tras el Consejo de Ministros que “se trata de que las grandes empresas paguen allí donde se genera el beneficio”. Y apostilló: “Se refiere a plataformas que trabajan de manera privilegiada, proporcionando una gran desventaja a otras empresas que sí pagaban sus impuestos”.

“El nuevo impuesto se limita a gravar los servicios de publicidad dirigida online. No a una página web que nos salga dirigida a El Corte Inglés o Zara, sino a un servicio de publicidad dirigida en línea que haya estudiado los gustos del consumidor. A un servicio de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario”, detalló la portavoz del Gobierno. E insistió en que el impuesto “se refiere a plataformas, no a páginas webs”.

Respecto al anteproyecto presentado en octubre, la novedad es que Hacienda reconocerá que las prestaciones digitales que sean realizadas entre empresas del mismo grupo, con una participación, directa o indirecta del 100%, quedarán fuera del impuesto.

Tasa Tobin

Junto a este impuesto, el Ejecutivo también ha dado luz verde al impuesto sobre transacciones financieras. La tasa Tobin es otro de los tributos ampliamente debatidos en el ámbito internacional desde 2013. Países como Francia, Italia o Bélgica ya tienen una figura similar. Existe un grupo de trabajo dentro de la Unión Europea para armonizar este impuesto al objeto de que no haya competencia fiscal entre los países.

Este impuesto gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con un valor bursátil superior a 1.000 millones. El encargado de pagar al fisco será el intermediario financiero que ejecute la orden de compra. A diferencia del anterior impuesto, la recaudación obtenida por este —Hacienda calcula que arañará unos 850 millones— se destinará a financiar las pensiones y las prestaciones de la Seguridad Social.

Quedan fuera del ámbito de este impuesto, tanto la deuda pública como la privada, y los derivados financieros.

El Gobierno registrará los proyectos legales en el Congreso para su tramitación, que se prolongará unos tres meses durante los cuales la norma podrá ser modificada. Los impuestos entrarán en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es decir, que hasta, al menos, después del verano no se aplicarán.