Latinoamérica ya siente el yugo de Trump

Gerardo Nolasco coloca los dulces y refrescos en su puesto metálico ambulante que ha instalado en las calles de la bulliciosa Ciudad de México. Hace más de cuatro décadas que se dedica a este negocio. Antes, cuando era joven, explica, era mecánico y descansaba los fines de semana. “N’hombre, todo un lujo, pero eso era antes”.

—¿Antes de qué?—.

—Antes de las crisis económicas—, responde, y se frota las manos ásperas, llenas de callos.

Desde los años ochenta del siglo XX, este vendedor ambulante ha escuchado, pero sobre todo vivido, los vaivenes de la economía que han sacudo a América Latina. Ha sentido en carne propia el efecto tequila, de los años noventa, que llevó al país azteca a una devaluación espeluznante, ha sentido una caída en ventas en su negocio con la explosión de las hipotecas suprime de 2008 y, más recientemente, ha tenido que echar el cierre algunos días con la pandemia. Hoy, no quita ojo a las medidas arancelarias del nuevo presidente de EE UU, Donald Trump. El miedo a una nueva crisis está latente no solo en México, sino también en casi toda la región.

“La zona es muy vulnerable a los choques externos”, explica Alfredo Coutiño, director para América Latina en Moody’s Analytics. En vilo están las importaciones (unos 646.000 millones de dólares), inversiones (más de 184.000 millones de dólares) y remesas, un pilar fundamental para millones de familias. Los envíos de dinero procedentes de EE UU a la región, como proporción del PIB, en 2024 llegaron a ser cifras elevadas en Nicaragua (donde representaron un 27,2% de la economía), Honduras (25,2%), El Salvador (23,5%), Guatemala (19,6%), Haití (18,7%) y Jamaica (17,9%). En México, las remesas representaron un 3,4% del PIB, según BBVA Research.

“Estados Unidos sigue siendo la brújula para muchos países”, comenta William Maloney, economista jefe en el Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Pero si hay un país de la zona con el que EE UU tiene una relación comercial profunda es México, a quien a principios de este mes Trump amenazó con imponer aranceles de un 25%, aludiendo al creciente tráfico de drogas y a un laxo control de los flujos migratorios. “Trump está poniendo un castigo comercial para negociar otras cuestiones”, dice José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Pero en el fondo, el presidente estadounidense quiere reducir los grandes déficits comerciales que mantiene con sus principales socios al sur y al norte (Canadá) de su frontera, que se han disparado desde la década de los años noventa, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su renegociación, el TMEC, que comenzó a discutirse en 2017 y que entró en vigor en 2020.

Durante gran parte de su existencia, dice el periodista Michael Reid, incluso antes de que Trump lo calificara de “el peor acuerdo comercial jamás firmado en ninguna parte”, el tratado siempre ha tenido una mala reputación en ambos lados del río Bravo. Los mexicanos llegaron a relacionarlo con el colapso del peso y la recesión de 1994-1995, que iba en sentido contrario a esa prometida prosperidad instantánea que se generaría con la liberación aduanera. El economista Paul Krugman, por ejemplo, ha destacado en repetidas ocasiones que la crisis de aquella época fue producto de un exceso de confianza del empresariado azteca, que contrajo una gran suma de deuda en dólares antes de la firma del acuerdo. Entró en vigor y no cumplió las expectativas, de modo que los acreedores exigieron el pago y la economía entró en crisis.

A los estadounidenses, por el contrario, según Reid, se les aseguró que con el acuerdo se pondría fin a la emigración mexicana, algo que nunca sucedió. “Sus logros fueron más modestos y su historia, algo más accidentada”, afirma el periodista en su libro El continente olvidado (Crítica, 2019). Lo que sí ha logrado el acuerdo con EE UU es llevar a México a ser uno de los países más globalizados en América Latina, pero también a ser uno de los más dependientes de la primera economía mundial. Hoy en día, más de 8 de cada 10 dólares que la nación azteca vende al mundo van a territorio estadounidense. México ha sido en los últimos dos años el principal importador de EE UU, superando a China y Canadá. Trump, sin embargo, quiere que eso se termine o al menos reducir el peso que tiene la industria azteca frente a la estadounidense.

Breve pulso con Colombia

“El presidente Trump tiene una estrategia de negociación de vencer al adversario a través de amenazarlo y de torcerle el brazo”, destaca Coutiño. Lo hizo con Colombia, con quien mantuvo una disputa tras la negativa del presidente, Gustavo Petro, al no recibir dos aviones militares con personas deportadas desde EE UU, lo que llevó a anunciar, desde ambas partes, la imposición de aranceles de hasta del 25%, pero que alcanzarían hasta un 50%. Colombia cedió en esta guerra que, de la noche a la mañana, tensó la economía global. La furia de Trump también amenaza el flanco industrial de la región. El nuevo arancel del 25% al acero y al aluminio afectan directamente a los principales exportadores latinoamericanos. México y Brasil son, en términos monetarios, el segundo y tercer mayor proveedor de acero para EE UU, después de Canadá.

Ante este panorama, marcado por el proteccionismo y la ralentización de la globalización, algunos países de América Latina buscan abrir nuevas puertas de entendimiento para ensanchar sus lazos con el mundo. Tal es el caso de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) que buscan cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) tras más de dos décadas de negociación. De llegar a buen puerto, la UE tendría acuerdos libres de aranceles con casi todos los países de América Latina (excepto Bolivia, Cuba y Venezuela) o, dicho de otra manera, con el 95% del PIB de la región, en comparación con el 44% de EE UU y el 14% de China, según los expertos del Real Instituto Elcano.

Este acuerdo busca enviar un mensaje diferente al de Trump. “Es una apuesta estratégica por la integración entre América Latina y Europa, basada en valores compartidos como la democracia, los derechos humanos, la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo”, afirma Omar Paganini, ministro uruguayo saliente de Relaciones Exteriores. “Con la creación de un bloque de 800 millones de personas, se busca contrarrestar las tendencias de fragmentación y promover el comercio y la cooperación en un entorno más abierto y colaborativo”. Paganini confía en que el tratado podría firmarse en uno o dos años, consolidando un bloque comercial que combina sostenibilidad, inclusión y desarrollo económico compartido. El acuerdo alcanzado en Montevideo entre la UE y Mercosur el 6 de diciembre de 2024 se dio cinco años después de un anuncio ocurrido en Bruselas el 28 de junio de 2019. Esta vez se resolvieron temas críticos que habían quedado pendientes, como la incorporación del Acuerdo de París y la definición de su cumplimiento. Se acordó, por ejemplo, que el incumplimiento del Acuerdo de París por parte de un país del Mercosur no invalidaría todo el tratado.

Además de estos escollos, se abordaron asuntos como la deforestación, la biodiversidad y las cuotas de acceso a mercados sensibles, como la carne vacuna y los biocombustibles, que necesitaban ajustes específicos. “La UE requería de compromisos más vinculantes en materia de medio ambiente, de derechos laborales y de derechos de minorías”, dice uno de los negociadores sudamericanos que prefiere no dar su nombre. “Esas fueron las negociaciones que se dieron en los últimos meses, previos al 6 de diciembre”, comenta. La situación política en los países involucrados también influyó en las negociaciones. Por un lado, la transición hacia un gobierno favorable al libre comercio en Argentina y el impulso de Brasil bajo la presidencia de Lula da Silva facilitaron avances, explica el experto que forma parte del equipo negociador. “Se han alineado los astros de todos lados”, afirma Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. “Tanto en Europa, que enfrenta una creciente vulnerabilidad ante el proteccionismo impulsado por EE UU, como en América Latina, que busca definir su lugar en un contexto global marcado por una guerra comercial abierta con China, que podría extenderse a otras regiones”, recalca. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que este acuerdo facilita acceso al mercado europeo para los países del Mercosur. “Se traduce en un incremento en la exportación, inicialmente de productos primarios clave, como alimentos y minerales críticos”.

Se espera que la mejora en el acceso al mercado para las exportaciones de Mercosur y la reducción en los costes por importación de insumos esenciales y maquinaria puedan atraer más inversión extranjera. Según datos de la Cepal, el aumento del 14% en la inversión directa de la Unión Europea en América Latina durante 2023, que representó el 22% del flujo total de inversión hacia la región, es una señal de un vínculo económico en pleno fortalecimiento. “Este flujo de inversión se ve complementado por un crecimiento sustancial en el valor de fusiones y adquisiciones realizadas por empresas europeas”, destaca el BID.

Al margen de este soplo de aire fresco, lo cierto es que la región está en riesgo de experimentar una nueva década perdida —un concepto que describe un crecimiento estancado, altos niveles de inflación, un incremento de la pobreza y un sobreendeudamiento generalizado de los países —. La segunda década perdida ocurrió hace nada. Entre 2014 y 2023, Latinoamérica sufrió una de sus peores etapas de crecimiento, con un avance medio anual del PIB de solo un 0,9%, de acuerdo con datos de la Cepal. Fue una tasa más baja que en la primera década pérdida, la de los años ochenta, cuando se creció a un ritmo del 2% anual, en promedio, según Salazar-Xirinachs.

Con el actual escenario geopolítico desafiante, la zona podría ir hacia un nuevo periodo de bajo crecimiento que sirva de poco para solventar una larga lista de tareas pendientes: el desempleo —sobre todo, entre las mujeres—, la informalidad laboral —en prácticamente dos tercios de los hogares de la región, al menos hay un trabajador que cobra en negro—, el bajo desempeño educativo —cuyo nivel, en casi todos los países, está por debajo del promedio de la OCDE—, la pobreza —de la que forma parte un 27% de la población: 172 millones—, la pérdida de la ventaja demográfica —que meterá presión a la población activa, pues tendrá que ser más productiva para compensar la mayor carga de personas en edad de jubilación—, la falta de inversiones, la inseguridad creciente y una deuda pública que es cada vez más difícil de pagar.

El PIB regional, según la Cepal, creció un 2,2% en 2024 y se espera un 2,4% para 2025. “Los países de la zona se encuentran en un estado que podría describirse como de mediocridad resiliente”, afirma Maloney. Las naciones, abunda, han logrado avances significativos en estabilidad macroeconómica, pero persisten retos que se van haciendo añejos. “Durante la pandemia, por ejemplo, se logró manejar la crisis económica de manera decente, sin sufrir impactos más severos que otras regiones”, indica el experto del Banco Mundial.

Con la covid-19, los gobiernos latinoamericanos tomaron medidas necesarias para proteger a sus poblaciones, lo que implicó un aumento del endeudamiento en aproximadamente un 10% del PIB en la mayoría de los países. “Después de varios años, solo Jamaica y, en menor medida, Argentina, han logrado avances en la reducción de esta deuda. Ello es una prueba de que todavía existe un importante reto por superar en términos de sostenibilidad fiscal”, añade. Un gran avance de la zona ha sido la gestión del aumento de los precios, de forma general. Actualmente, las tasas de inflación en la mayoría de los países se encuentran por debajo del promedio de la OCDE, un logro atribuible a la profesionalización de los ministerios de Hacienda y a la labor de los bancos centrales.

El crecimiento económico, sin embargo, sigue siendo el talón de Aquiles. Desde 1980, señala Maloney, mientras economías emergentes de Asia han experimentado una conexión significativa con Estados Unidos —pasando de un PIB per capita equivalente al 5% del estadounidense a un 25% en la actualidad—, América Latina ha retrocedido de entre un 40% y un 45% a un 32% y un 33%. “Latinoamérica ha sido la región del mundo que menos ha recuperado su crecimiento tras la pandemia, incluso por debajo de África”, dice.

Al crecimiento limitado se suma una capacidad productiva estancada y una alta vulnerabilidad a choques externos, explica Coutiño. “Sin un cambio estructural que fomente la inversión productiva y la sostenibilidad fiscal, la región continuará atrapada en un ciclo de expansión transitoria y crisis recurrentes”, recuerda el experto de Moody’s. Lejos ha quedado la etapa de expansión extraordinaria vivida en la primera década del siglo XXI. Durante ese periodo, las economías de la región crecieron a tasas anuales de entre un 5% y un 6% entre 2005 y 2008, principalmente, impulsadas por el auge de los precios de las materias primas, de las cuales la región es un importante productor a escala mundial. Esa bonanza terminó con la crisis financiera global de 2008, cuando los precios de las commodities cayeron drásticamente, arrastrando a la zona a una recesión de la que ninguna economía escapó.

Fiscalidad expansiva

A pesar de que hubo una recuperación posterior a 2009, las economías de la región comenzaron a desacelerarse rápidamente. Entre 2014 y 2019, América Latina enfrentó un periodo de estancamiento económico, con tasas de crecimiento cercanas a cero e incluso contracciones en años como 2015 y 2016. La llegada de la pandemia en 2020 agravó la situación: la economía de la zona cayó un 7%, pero en 2021 logró recuperarse rápidamente, con un repunte similar a lo perdido un año antes. Este alza, sin embargo, no fue sostenible, ya que dependió de políticas fiscales y monetarias expansivas que no podían mantenerse a largo plazo sin generar desequilibrios. “En América Latina, los gobiernos no entienden que la política fiscal expansiva es transitoria y que no pueden sostenerla por un periodo muy largo porque se desequilibran las finanzas, asustan a mercados y los inversionistas empiezan a salir”, destaca Coutiño. Ese es el gran problema de la región, según el experto de Moody’s: la inversión, o más bien su ausencia, que ha marcado la última década. Mientras, los gobiernos de la región priorizaron el gasto corriente y programas sociales sobre los esfuerzos por fomentar un crecimiento estable. “América Latina no ha hecho esfuerzos consistentes por aumentar su tasa de crecimiento a través de fuentes estables como la inversión”, opina el analista de la agencia de calificación.

Si bien algunos expertos califican el periodo entre 2014 y 2023 como una década perdida, el análisis que se hace desde Moody’s revela que no es un fenómeno exclusivo. La economía mundial, afectada por eventos como la pandemia, también experimentó un crecimiento limitado. Excluyendo 2020, el repunte promedio anual de América Latina fue de entre el 2% y el 2,5%, en línea con la media global. Las principales naciones tampoco lograron despegar significativamente: Estados Unidos creció un 2% anual en promedio, y China, que previamente alcanzaba tasas del 8% al 10%, se desaceleró a niveles cercanos al 4%.

Lo que sí diferencia a América Latina es su incapacidad para convertir oportunidades en desarrollo sostenible. La falta de continuidad en las políticas económicas y los cambios abruptos en los gobiernos han contribuido a una economía centrada más en el corto plazo que en el futuro. “Muchos países han priorizado el gasto inmediato sobre las inversiones de largo plazo, gastando recursos en programas sociales que, más allá de su impacto positivo, muchas veces responden a intereses políticos, como asegurar votos”, detalla Coutiño. América Latina hace frente así a un dilema crucial: mientras no priorice la inversión como eje central de sus políticas económicas, seguirá sufriendo las limitaciones para resolver sus problemas estructurales. Sin estas bases, el crecimiento seguirá siendo insuficiente. Y más ahora que una nueva amenaza se cierne sobre la región: la ira comercial de Trump.

Una larga lista de desafíos críticos

Desde la década de los años ochenta, Latinoamérica ha superado diversos obstáculos importantes: tras una batalla larga y costosa ha aprendido a gestionar la inflación, los países de la región se han abierto a la globalización, ha reducido el poder político de las Fuerzas Armadas, la palabra democracia ha cobrado un nuevo significado y la gran desigualdad entre sus ciudadanos se ha empezado a abordar. Pero mientras algunos obstáculos se desvanecen, aparecen nuevos desafíos, como la seguridad. “La clave para desbloquear el potencial de la región está en restaurar la confianza entre los sectores público y privado, una relación que se ha debilitado en varios países”, señala Nuria Vilanova, presidenta del Ceapi.

La falta de confianza limita la inversión y frena el desarrollo. William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, advierte de que la inseguridad y el crimen organizado son barreras críticas. “América Latina enfrenta una expansión de carteles internacionales, encareciendo operaciones empresariales y reduciendo su competitividad”, asegura. Estos nuevos desafíos complican la resolución de los problemas más añejos. “El crecimiento económico potencial en la región está profundamente limitado debido a problemas estructurales no resueltos”, añade Sebastián Nieto Parra, jefe de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE.

En lugar de observar solo el crecimiento del PIB total, Nieto Parra sugiere analizar el PIB per cápita, ya que permite controlar el impacto del crecimiento poblacional. Según este indicador, la región muestra un crecimiento potencial de apenas el 0,7%, cifra que contrasta con el 1,7% registrado en las economías avanzadas. Esta diferencia resalta la urgencia de abordar las deficiencias en la productividad, que actualmente equivale al 33% del promedio de los países de la OCDE. En comparación, en los años noventa la productividad latinoamericana alcanzaba más del 40% del nivel de estos países desarrollados, lo que evidencia un retroceso significativo en las últimas décadas.

El estancamiento de la productividad regional se explica en parte por el rezago en innovación tecnológica y la falta de habilidades laborales alineadas con los requerimientos del mercado global, dice el experto de la OCDE. Mejorar la calidad educativa y adecuar las competencias de la fuerza laboral a los retos de una economía sostenible son aspectos cruciales para revertir esta tendencia, en una región donde más del 40% de los hogares enfrenta condiciones de informalidad laboral. “Este es uno de los grandes problemas pendientes de resolver y es uno de los mayores obstáculos para reducir la pobreza”, asevera.

Informalidad

En opinión de Parra, en dos tercios de los hogares, al menos un miembro trabaja en la informalidad, lo que limita las oportunidades de empleo estable y afecta la capacidad de las familias para salir de la precariedad. A pesar de que en 2024 la tasa de pobreza se incrementó ligeramente al 27% de la población, estos niveles son similares a los observados al final del auge de los productos agrícolas, antes de la pandemia. La pobreza extrema, sin embargo, sigue siendo un desafío crítico, con tasas que superan el 10% en la región. “El crecimiento de la zona ha sido consistentemente lento e insuficiente para reducir los déficits en temas laborales”, arguye Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Moreira Gomes señala que los indicadores fundamentales del empleo han experimentado pocas variaciones en los últimos años: aunque en 2024 la tasa de ocupación superó de manera significativa los niveles de 2019, la participación en la actividad laboral aún no se ha recuperado de manera plena. A pesar de que la tasa de desocupación es más baja que antes de la pandemia, esta mejora no ha ido acompañada de un avance sostenido en la creación de empleos de calidad ni de una reducción considerable de la informalidad. De hecho, los niveles actuales de empleo no superan los alcanzados en 2012, lo cual evidencia una década perdida también en términos laborales.

El impacto se siente especialmente en las mujeres y los jóvenes, quienes enfrentan mayores barreras en el mercado laboral. Durante la pandemia, 23,6 millones de mujeres perdieron sus empleos, asumiendo en su mayoría las responsabilidades de cuidado en el hogar, explica la experta. “En el ámbito laboral, las mujeres enfrentan discriminación, violencia y acoso, siendo las jóvenes especialmente vulnerables a estas situaciones”, dice. El cambio climático introduce nuevos obstáculos en este contexto. Se estima que para 2030 se generarán más de 18 millones de empleos en sectores tradicionalmente masculinizados, mientras que en ocupaciones feminizadas solo se crearán unos cuatro millones.

A esta mezcla de piedras en el camino se suma el final de su ventaja demográfica, que hasta ahora ha permitido a muchos países de la zona beneficiarse de una proporción favorable de población en edad de trabajar frente a la población dependiente. El crecimiento económico de América Latina ha estado históricamente impulsado por el incremento del factor trabajo, es decir, un aumento en la población activa. “A medida que esta ventaja se agota, el modelo de crecimiento basado en la expansión del factor trabajo pierde viabilidad, exigiendo un cambio de enfoque hacia el incremento de la productividad”, explica Juan Ruiz Pérez, coordinador global de equipos y economista jefe para América Latina en BBVA Research.

El llamado bono demográfico alcanzará su punto de inflexión en la próxima década en la mayoría de los países de la región. América Latina y el Caribe pasaron de un crecimiento medio anual de 4,8 millones de personas en el quinquenio 1950-1955 a un máximo de casi 8,2 millones entre 1985-1990. Pero desde 1990, el crecimiento poblacional de la región ha empezado a disminuir. Hoy, la población crece a un ritmo de seis millones de personas al año. “Esto implica que la tasa de dependencia comenzará a aumentar, con una proporción creciente de personas mayores de 65 años que dependen de una población activa relativamente más reducida”, alerta Ruiz Pérez.