Bruselas propone sacar a España de la tutela pero avisa del riesgo de desviaciones presupuestarias

España saldrá este mes del brazo correctivo de la UE tras haber rebajado su déficit público por debajo del 3% del PIB en 2018. Sin embargo, Bruselas sigue con lupa las finanzas públicas del país. Y le advierte de que, basándose en las previsiones de la Comisión Europea, hay un “riesgo significativo de desviación” respecto al ajuste fiscal que debe realizar en 2019 y 2020. Tras examinar el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno, Bruselas cree “plausibles” las perspectivas macroeconómicas en las que se sustentan los objetivos que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere alcanzar. Los riesgos que ve Bruselas proceden sobre todo del lado de los ingresos por la “incertidumbre” sobre el “rendimiento” e, incluso, sobre la “posibilidad de adoptar” varias de las medidas planteadas por la ministra Nadia Calviño.

Para 2020, la Comisión propone un ajuste estructural —que excluye factores vinculados al ciclo económico— del 0,65% del PIB, para lo que considera “apropiado” que el incremento del gasto primario no sea superior al 0,9%. En caso de que no se adopten políticas nuevas, sin embargo, Bruselas concluye que “existe un riesgo de una desviación significativa de los ajustes requeridos para 2020”. Además, los técnicos consideran que España no se dispone tampoco a cumplir con los “requerimientos” de la regla de deuda en 2019 y 2020. “En general, el Consejo opina que se deberían tomar las medidas necesarias a partir de 2019 para cumplir con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, concluye el informe, que añade que “el uso de cualquier ganancia inesperada” para reducir aún más el nivel de deuda “sería importante”.

Sin embargo, el próximo Ejecutivo tendrá la complicada tarea de seguir con la reducción del déficit y la deuda pública a la vez que cumple con los deberes pendientes en el terreno social y laboral. En el mercado de trabajo, la Comisión vuelve a criticar el “todavía uso generalizado de los contratos temporales” y que, pese a los esfuerzos de los inspectores laborales, los “empleadores sigan haciendo un uso extensivo” de ellos.

Y, pese a que admite diversos avances en ese terreno, el brazo ejecutivo de la UE sigue advirtiendo de que la proporción de ciudadanos “en riesgo de pobreza y exclusión social” es superior a la media de la Unión; que las tasas de pobreza entre trabajadores son más elevadas entre empleados temporales o de países de fuera de la UE, y que muchos niños siguen sufriendo penurias.

La Comisión Europea da un último toque a España al advertirle de que el Ejecutivo necesitará adoptar medidas que compensen la “revinculación de las pensiones a la inflación (como se decidió en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad” para “asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo”.