La Airef propone que Muface sea voluntario y que los nuevos funcionarios se incorporen a la sanidad pública

Participación voluntaria a las mutualidades y progresiva incorporación de los nuevos funcionarios al sistema público de salud. Estas son las propuestas de cambio estructural que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado este lunes tras su análisis del gasto del mutualismo administrativo como Muface, que lleva meses en el ojo del huracán ante la dificultad que ha tenido para encontrar aseguradoras que presten el servicio al precio ofrecido por el Gobierno.

“A medio plazo proponemos dos medidas”, ha dicho la presidenta del organismo, Cristina Herrero. En primer lugar, “transformar la actual adscripción obligatoria a un régimen voluntario”, consultando previamente a los beneficiarios. Ahora mismo, los funcionarios están obligados a participar en el sistema mutualista y a elegir entre asistencia pública y privada; aunque opten por la primera, siguen formando parte del mutualismo y se mantiene tanto la aportación del Estado como la del funcionario. El organismo recomienda que, si se elige el sistema nacional de salud, se puedan dar de baja del régimen mutualista. “Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros”, ha incidido la economista.

En segundo lugar, la Airef recomienda una “progresiva incorporación de los nuevos mutualistas” al sistema nacional de salud, una sugerencia también avalada por las preferencias de los beneficiarios: hay colectivos de funcionarios, como el docente, que ya eligen mayoritariamente el servicio público, así como los más jóvenes. Además, aunque de momento solo el 24% de los mutualistas opta por el sistema nacional de salud, el porcentaje aumenta hasta el 70% en caso de patologías extremas y severas, como tratamientos oncológicos o diálisis. “No proponemos una incorporación inmediata. Es necesario un refuerzo previo del sistema nacional de salud y habría que evaluar los determinantes de la lista de espera”, ha matizado Herrero.

Los resultados presentados este lunes forman parte de la primera fase de análisis de gasto público —conocida en jerga técnica como Spending Review— para el periodo 2022-2026 que ha realizado la Airef, una tarea que forma parte de su mandato y que realiza bajo encargo de los gobiernos central o autonómicos. Las partidas a evaluar han sido la asistencia sanitaria al mutualismo administrativo y los instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas reforzados con los fondos del Plan de Recuperación.

La Airef ha detallado que la incorporación de los nuevos funcionarios al sistema público de salud supone una “propuesta estructural” que se llevaría a cabo en el medio plazo y que “mejoraría la eficiencia del sistema”, al igual que el cambio de régimen de obligatorio a voluntario. “Si un funcionario renuncia a la mutualidad no se produciría ni la aportación del Estado ni la cotización”, ha desgranado Herrero. Mientras tanto, sin embargo, ya se pueden adoptar medidas que fomenten la eficiencia y la eficacia del mutualismo. En primer lugar, el organismo recomienda mejorar la información sanitaria de los mutualistas y en particular la historia clínica digital, optimizar el gasto farmacéutico —los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hasta seis veces más caros en comparación con la pública—, por ejemplo promoviendo los genéricos y biosimilares, impulsar la receta electrónica, así como impulsar la coordinación con el sistema nacional de salud.

Sistema deficitario

El organismo presenta su estudio después de culebrón que se ha alargado durante meses en el que ninguna empresa estaba dispuesta a participar en el convenio de Muface 2025-2027 por ser deficitario. La oferta que el Gobierno había lanzado el pasado octubre se quedó desierta, pues las aseguradoras que habían participado en el anterior convenio (2021-2024), Adeslas, Asisa y DKV, alegaron que prestar el servicio les había supuesto en términos agregados unos números rojos cercanos a los 600 millones de euros.

Ante la resistencia de las aseguradoras a aceptar la propuesta del Ejecutivo y las presiones de los sindicatos para que se mantuviera el sistema mutualista —que a la vez cuenta con detractores, a partir del mismo Ministerio de Sanidad, liderado por Sumar—, el Gobierno empezó una negociación llena de sobresaltos. Elevó la prima para las empresas, lanzó una ulterior licitación y amplío los plazos para presentar las ofertas. Finalmente, después de que el Consejo de Ministros elevara el presupuesto del contrato hasta los 4.808,5 millones de euros, 1.276 millones más que el actual, con un aumento acumulado de la prima media ponderada al final del periodo del 41,2%, Adeslas y Asisa —no DKV— han dado su brazo a torcer y se han presentado a la licitación.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es un organismo público que depende del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Desde la década de los setenta presta atención sanitaria concertada a los funcionarios y supone una anomalía en el panorama internacional. Hay cerca de un millón y medio de beneficiarios entre empleados públicos y sus familiares. Estos pagan una cuota mensual que solo cubre una parte de la factura, pues el resto corre a cuenta del Estado. Además de Muface existe Isfas, una mutualidad exclusiva para militares y guardias civiles (cerca de medio millón de personas) y Mugeju, para jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia. Las recomendaciones de la Airef van dirigidas también a estas mutualidades.

“Nos oponemos frontalmente a cualquier recorte de este modelo de asistencia sanitaria concertada, que ha funcionado eficazmente durante décadas”, han sentenciado este lunes fuentes del sindicato de funcionarios CSIF. “Confiamos en que el informe de la Airef no sea utilizado como excusa con el Gobierno para proceder a desmantelar este modelo, ya que el Ejecutivo ha anunciado en diversas ocasiones su intención de promover una amplia reflexión”, han añadido, asegurando que exigirán este miércoles, en la reunión del Consejo General de Muface, que se garantice la continuidad asistencial.

Apoyo a las pymes

El organismo también ha evaluado los instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) reforzados con los fondos europeos. Lo ha hecho de forma favorable, aunque ha recomendado en general una mayor coordinación entre instituciones. En concreto, ha analizado los instrumentos de reafianzamiento (avales) y el capital riesgo. Concluye que el sistema de garantías tiene un desempeño satisfactorio. Por ejemplo, en cuanto al acceso a la financiación, ha constatado que por cada euro refinanciado por Cersa (Compañia Española de Reafianzamiento), las entidades financieras conceden en promedio 3,1 euros de préstamo. El organismo también ha detectado efectos positivos sobre el empleo y la supervivencia empresarial. En este ámbito, la Airef sugiere reforzar el seguimiento de las ayudas, tanto nacionales como regionales, y reforzar los mecanismos de Coaval, entre las distintas sociedades de garantía recíproca, entre otras recomendaciones.

En cuanto al capital riesgo, la Airef destaca el potencial de la ventanilla múltiple, que permite una mayor especialización, aunque a la vez propone mejorar la coordinación. Bajando al detalle de los instrumentos disponibles, señala que el ICO-Axis tiene impactos “sostenidos y positivos” en la creación y el acceso al crédito bancario, mientras que los apoyos de Enisa —volcada en proyectos centrados en la innovación— tienen resultados positivos que solo son puntuales y sobre los cuales se requiere mayor análisis.