El plan presupuestario revisa a la baja el PIB y arroja dudas sobre los ingresos

El Gobierno de Sánchez ha presentado este lunes el boceto de Presupuestos que tiene que revisar Bruselas en los próximos 15 días. En este plan se compromete a un ajuste estructural del 0,4% del PIB, unos 4.850 millones que se basan sobre todo en subidas de impuestos. Al tratarse de una reducción estructural, esta se calcula restando los ingresos fruto de la mejora económica y los nuevos gastos. Es decir, cualquier nuevo desembolso exigiría medidas adicionales a los 4.850 millones prometidos a Bruselas. Una vez se sitúe el déficit público por debajo del 3% del PIB este año, España saldrá del mecanismo de tutela especial de la UE, el llamado Procedimiento de Déficit Excesivo. Y en ese nuevo escenario cobrará mucha más importancia este ajuste estructural.

Según los números ofrecidos en la rueda de prensa, en este plan se recoge un aumento del gasto de 5.098 millones, y un incremento de los ingresos de 5.678 millones. Es decir, un ajuste que solo alcanza los 580 millones. Además, Hacienda explicó que la subida del salario mínimo supondrá unos 2.000 millones más de recaudación por cotizaciones, elevando el ajuste hasta los 2.580 millones. Algunos economistas disputan esa cifra. Los motivos: la subida del salario mínimo, del 22,3%, podría tener efectos negativos sobre el empleo y fomentar la economía sumergida. “La literatura al respecto es mixta. Los incrementos de 2004 y 2017 no tuvieron impacto”, defendió la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Pese a quedarse en un ajuste de solo 2.580 millones, el Gobierno ha declarado este lunes que este plan presupuestario contempla el 0,4% del PIB en ajuste estructural. Según cálculos de la Autoridad Fiscal, el Gobierno necesita ese ajuste para bajar el desfase presupuestario en 2019 hasta el 1,8%. De no hacerlo y aguantar solo con los ingresos de la mejora económica, el déficit de 2019 se situaría en el 2,2% del PIB. El Banco de España y el FMI estiman lo mismo.

Es verdad que el Gobierno ha incluido medidas para engordar la recaudación: 1.776 millones previstos por el incremento del impuesto de sociedades; 1.200 por la tasa Google; 850 por el impuesto a las acciones; 670 por el diésel o 328 por el alza del IRPF a las rentas altas, entre otras. Con las mayores cotizaciones por el salario mínimo, las medidas de ingresos suman en total 7.400 millones y elevan la presión fiscal desde el 38,5% del PIB hasta el 39,1% en 2019, todavía lejos de la media europea.

Pero el Gobierno también ha declarado aumentos del gasto que en parte neutralizan esos impuestos y que, en principio, deberían compensarse para ofrecer a Bruselas ese ajuste en términos netos de unos 4.850 millones. Entre los gastos: 1.088 millones por las subidas de las pensiones; 536 millones en becas; 515 millones para dependencia; 300 millones por la mejora del permiso de paternidad; 323 millones por el subsidio para mayores de 52 años, etcétera. Estos números no incluyen los costes de otras medidas que podrían inflar todavía más los desembolsos. Por ejemplo, la eliminación del copago farmacéutico, la sanidad universal, las mejoras de las ratios de profesores por alumnos, el IRPF de la baja de maternidad o los incrementos de empleados públicos plasmados en los acuerdos con Podemos. A pesar de todas estas partidas, a la hora de calcular el ajuste el plan presupuestario solo reconoce medidas de gasto por valor de unos 2.400 millones de euros.

Riesgo de incumplimiento

En sus recomendaciones aprobadas por el consejo de líderes europeos, Bruselas en realidad exigía un ajuste de un 0,65% del PIB, unos 8.000 millones. Sin embargo, una vez con el déficit por debajo del 3% del PIB y por tanto fuera del procedimiento correctivo de la UE, las reglas son más relajadas y se permite cierto margen para el incumplimiento. En concreto, se podría incumplir hasta un total del 0,5% del PIB repartido entre los ajustes estructurales de este año y el que viene. Así que el Gobierno pretende aprovechar ese margen para incumplir el 0,65% de ajuste y dejarlo solo en el 0,4% del PIB. Sin embargo, en cuanto presentó el acuerdo presupuestario con Podemos, las cuentas, de entrada, no cuadraban. Parecía que todos los aumentos de impuestos se los comían los nuevos gastos comprometidos y, en consecuencia, no se daba un ajuste estructural mínimo con el que contentar a Bruselas.

Aun así, fuentes de Hacienda y de Economía insistían este lunes en que el plan presupuestario ofrecía ese ajuste estructural del 0,4%. Por el lado de los ingresos, las cuentas arrojan algunas dudas sobre si serán capaces de compensar todos los nuevos gastos y, además, conseguir el mencionado ajuste estructural. La recaudación crecerá al mayor ritmo desde el boom inmobiliario y un poco más que este año a pesar de la ralentización económica: un 5,7% frente al 5,6% de este año. Es cierto que las subidas de impuestos y la inflación ayudarán a mejorar la caja. Pero incluso así se están proyectando unas alzas de impuestos hipotéticas y cuyos ingresos bien podrían no lograrse. La patronal CEOE declaró este lunes que consideraba improbable que se obtenga el aumento de recaudación que planea el Ejecutivo. En cambio, la Autoridad Fiscal ve “factible” estas previsiones.

Un problema reside en que buena parte de la mejora se espera por el impuesto de sociedades. Y las empresas suelen reaccionar para evitar mayores pagos. Por ejemplo, evitando la repatriación de dividendos que ahora tributarán al 5%. Otro talón de Aquiles consiste en que se apuntan 828 millones por la lucha contra el fraude. Por un lado, los expertos recomiendan que no se contabilicen este tipo de iniciativas en las cuentas. Por otro, la Agencia Tributaria encadena ya dos años seguidos con resultados a la baja tras haberlos casi duplicado durante la crisis.

Por la parte de los gastos, la duda es si estos están bien reflejados. Solo se reconocen medidas por valor de 2.400 millones de euros. De hecho, el incremento nominal es similar al de este año a pesar de todos los anuncios pactados con Podemos: una vez eliminadas las partidas extraordinarias, el gasto crece en unos 19.000 millones tanto en 2018 como en 2019. En porcentaje del PIB, al haber contenido en el papel los desembolsos, estos incluso disminuyen desde el 41,2% del PIB en 2018 hasta el 40,9% en 2019. Y en parte esto ocurre porque la inversión pública vuelve a congelarse. En resumen, mientras que los gastos dibujados son mucho más seguros, los ingresos se antojan más inciertos, dicen los economistas consultados.