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España dejará para 2020 la mayor parte del ajuste que pide Bruselas

El Gobierno pretende usar el margen más amplio que da salir del procedimiento de control de déficit de la Comisión Europea

Madrid / Bruselas

El Gobierno dejará un mayor ajuste fiscal para 2020 con el fin de disponer de más margen con el que negociar los Presupuestos de 2019. Para el próximo ejercicio, Bruselas exige un ajuste de unos 8.000 millones, un 0,65% del PIB. Sin embargo, España puede salir del procedimiento de tutela por déficit excesivo este año y, una vez fuera, la Unión Europea permite incumplir el ajuste hasta en un 0,5% del PIB a repartir en dos años. De modo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprovechará buena parte de ese margen en 2019. No obstante, al año siguiente dispondrá de menos capacidad para desviarse y, en consecuencia, el esfuerzo deberá ser mayor.

La ministra de Economía de, Nadia Calviño, conversa con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis
La ministra de Economía de, Nadia Calviño, conversa con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis EFE

Bruselas ha fijado para España un ajuste estructural del 0,65% del PIB en 2019: casi 8.000 millones de euros en medidas con carácter permanente. Este ajuste de las cuentas públicas lo estableció el Consejo de la UE, y solo se puede cambiar si lo aprueban los líderes europeos en un proceso largo y complicado. Sin embargo, para el año que viene el Gobierno de Sánchez cuenta con una vía de escape. Se espera que este año España salga del procedimiento de déficit excesivo, el mecanismo impuesto por la UE para controlar las finanzas de los países con un desfase presupuestario superior al 3% del PIB.

Una vez fuera de ese brazo correctivo, no importa tanto la senda de reducción del déficit. Lo importante es que se presente un paquete de ajuste permanente de las cuentas públicas, que excluya la recaudación achacada a la mejora del ciclo económico. Pero eso sí: con unas reglas más permisivas. Se puede incumplir en dos años hasta un 0,5% del PIB de los ajustes exigidos sin caer en sanciones.

El Gobierno ya dijo que en 2019 aprovecharía 0,25 puntos de ese margen, disminuyendo el ajuste del 0,65% al 0,4%. Esto es: 5.000 millones en lugar de 8.000 millones. Sin embargo, la negociación presupuestaria aprieta. Las demandas de Podemos y las necesidades sociales suben el gasto. Y cuesta encontrar impuestos con los que rascar ingresos sin soliviantar a los votantes. Así que ahora el Ejecutivo contempla usar hasta 0,35 puntos del margen y dejar el ajuste en un 0,3% del PIB, unos 3.600 millones, según apuntan fuentes al tanto de la elaboración de los presupuestos del próximo año. Es decir, agotará casi todo su margen y dejará para 2020 un mayor esfuerzo.

Una corrección cíclica 

Aunque no se sabe qué exigirá Europa para 2020, el FMI recomienda que España haga cada año un ajuste estructural del 0,5% del PIB. Y Bruselas pedirá algo parecido. Probablemente incluso más si ve que España sigue otro año más solo ajustándose por los ingresos fruto de la bonanza económica. El Gobierno del PP llevaba ya un par de años bajando el déficit gracias solo a la recuperación económica, sin tomar medidas que corrigiesen las cuentas públicas. Tras esta decisión del Ejecutivo socialista, en 2020 solo se dispondrá de 0,15 puntos de PIB de margen para incumplir.

Aun así, España no es el problema. El desafío del Gobierno italiano centra ahora la atención de Bruselas, que por primera vez se vería en el brete de tener que suspender y devolver un borrador de presupuestos a un Estado. La lupa no está, pues, sobre los números que España remitirá para el próximo día 15.

Fuentes comunitarias explican que aunque el Gobierno rebaje el ajuste, esa decisión dejaría a España en una situación de “cumplimiento en líneas generales”, es decir, se daría luz verde a las cuentas del Ejecutivo de Sánchez para 2019. Las mismas fuentes recuerdan que Francia se encontrará en una situación similar. París ya ha revisado al alza el déficit para 2019 y prevé cerrar el año con un desfase del 2,8%, cuatro décimas más a causa de la moderación del crecimiento. Puesto que el país abandonó el brazo correctivo este año, se halla en el mismo escenario que España y podrá hacer uso de la misma flexibilidad.

La ministra de Economía española, Nadia Calviño, ya comunicó a la Comisión Europea que España cerrará este año con un déficit del 2,7% del PIB, en lugar del 2,2% comprometido por el Gobierno de Mariano Rajoy. Bruselas no ha avalado públicamente esa decisión y ha preferido no pronunciarse al respecto. Sí que podría hacerlo cuando emita su veredicto sobre las cuentas del año que viene. En todo caso, el ejecutivo comunitario se contentará con que España, el único país que queda dentro del procedimiento de déficit excesivo, abandone esa tutela. La Comisión insiste, además, en que el caso español no puede compararse con el de Italia, ya que el Gobierno de Sánchez ha dado señales de estar comprometido con reducir el déficit.

Medidas basadas en impuestos

El paquete de medidas que prepara el Gobierno español para enviar a Bruselas consiste fundamentalmente en subidas de impuestos: la tributación de los dividendos empresariales en el extranjero, un tipo mínimo en el impuesto de sociedades para las grandes empresas, la tasa sobre las transacciones financieras, la tasa a las tecnológicas como Google, la subida del diésel o el alza del IRPF para rentas superiores a 140.000 euros. Todo ello servirá para el ajuste que pide Bruselas para el año que viene. Pero también para financiar los incrementos del gasto que finalmente se pacten con Podemos en las negociaciones de los Presupuestos de 2019. Por ejemplo, la mejora del permiso de paternidad que ha anunciado Sánchez.

Para el 15 de octubre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que remitir las grandes líneas de estas cuentas a la Comisión Europea. Es el llamado plan presupuestario. Y el Ejecutivo comunitario tendrá, a continuación, que evaluarlo. En principio, la Comisión otorgará sin muchos problemas el visto bueno, si bien siempre añadirá la coletilla de que el Gobierno deberá permanecer vigilante por si las cuentas se desvían y se tienen que tomar medidas añadidas durante 2019, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones con Bruselas.

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