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Bruselas solo aprobará la nueva meta de déficit tras ver los Presupuestos

Hacienda prepara unas cuentas públicas con margen para hacer frente a la negociación política

La ministra de Economía, Nadia Calviño, comunicó a la Comisión Europea la semana pasada una nueva senda de déficit público menos exigente. El Ejecutivo comunitario la acogió sin problemas aunque no sin ciertos recelos, ya que Italia está ahora exigiendo que se relaje el cinturón de la austeridad y no puede interpretarse que la Comisión cede ante Madrid y no ante Roma, explican fuentes de Bruselas. No obstante, el visto bueno solo lo dará cuando el Gobierno de Sánchez presente los Presupuestos ante la UE en otoño. Para poder cumplir con Bruselas y conseguir el respaldo a los Presupuestos, Hacienda prepara unas cuentas “muy ajustadas” con el fin de dejar margen para la negociación política, según fuentes gubernamentales.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. EFE

En principio, Bruselas se conformará este año con que el Gobierno baje el déficit público del 3% del PIB y, en consecuencia, abandone tras una década el llamado Procedimiento de Déficit Excesivo, el mecanismo europeo para tutelar las cuentas de los Estados miembros con finanzas públicas en dificultades.

Este proceso, para países con números rojos superiores al 3% del PIB, consiste en un ajuste año a año que se mide por el cumplimiento de unas metas de déficit comprometidas. Sin embargo, una vez se salga de ese brazo correctivo, se pasará en 2019 al llamado brazo preventivo. El cual no funciona con objetivos de déficit como hasta ahora. Por más que la ministra anunciase una senda, estas cifras no serán lo importante: en lugar de metas de déficit se exigirá que cada año se apruebe un ajuste estructural concreto, es decir, un conjunto de medidas con carácter permanente y con independencia del ciclo. Estas pueden ser recortes o subidas de impuestos. Para España en 2019, el ajuste que impuso el Consejo de líderes europeos al Gobierno de Rajoy asciende al 0,65% del PIB, esto es: casi 8.000 millones. Y ello ya suponía una rebaja sustancial desde el 1% del PIB que se pedía inicialmente pero que el entonces ministro Román Escolano consiguió aminorar.

No obstante, la mecánica para calcular este esfuerzo estructural resulta muy complicada y discutible porque depende de arduos modelos económicos. Y en parte debido a esta complejidad, las reglas del brazo preventivo permiten un cierto margen para la desviación sin que se ponga en marcha el mecanismo de sanciones, cuyo castigo es el ingreso de un depósito por valor del 0,2% del PIB. Según se recoge en el vademécum del Pacto de Estabilidad europeo, los países pueden desviarse del ajuste estructural en 0,5 puntos del PIB en dos años: ya sea 0,5% en un solo año y ninguna desviación en el siguiente, o distribuyendo 0,25% en un ejercicio y 0,25% en otro.

La ministra Calviño anunció la semana pasada que el año que viene solo hará un ajuste estructural del 0,4% del PIB —unos 5.000 millones— y no del 0,65% como le reclama la UE. Es decir, simplemente le ha trasladado a la Comisión que en los Presupuestos de 2019 va a incumplir ese ajuste estructural. Este se aprobó por el Consejo de líderes europeos, resulta harto difícil de modificar y, por lo tanto, no se ha cambiado. Pero la ministra sí que puede excederse en 0,25 puntos sin que se dispare el procedimiento de sanciones. Y con ese margen está jugando Calviño. “Podría haberse tomado el 0,5% de margen solo para 2019, pero se ha querido dar una imagen de compromiso con la estabilidad presupuestaria”, aseguran fuentes de Economía.

En vez de calificar los presupuestos como que “cumplen”, la Comisión dará el visto bueno con la matización de que “en líneas generales cumple”. En cualquier caso, el margen de las cuentas públicas parece exiguo. Ese ajuste estructural de 5.000 millones tiene que hacerse sin que haya cambios de política. O lo que es lo mismo: sobre las cuentas tal y como están a día de hoy sin más medidas. Por cada incremento adicional del gasto, tendrán que acometerse otros ajustes añadidos que lo compensen.

Según la Autoridad Fiscal, el desfase presupuestario se situaría sin hacer nada en el 2,2% al cierre de 2019. Y debería llevarse hasta el 1,8% en 2019 si se cumpliese con los ajustes estructurales. Para dar una idea de la escala del reto: en 2018 el déficit solo descenderá en cuatro décimas siempre que se ciña a los objetivos. En 2019 tendría que recortarse en nueve décimas, más del doble. Y los anuncios de gasto que ha planteado el Ejecutivo de Sánchez necesitarán mayores ingresos además del ajuste ya exigido.

Por esta misma razón, el Gobierno pedirá a los partidos con los que negocie que se mojen y especifiquen qué tributos suben o qué recortan a cambio de cada medida que exijan para brindar el respaldo a los Presupuestos.

El peligro de incumplir el 2,7%

Según las estimaciones de la Autoridad Fiscal, ahora mismo el déficit alcanza el 2,9% del PIB. Es cierto que la recaudación evoluciona favorablemente y que hay ahorros por intereses que deberían ayudar. Sin embargo, siempre existe el riesgo de relajación. Así que los ministerios de Economía y Hacienda tendrán que asegurarse de que se cumple con el 2,7%. De acabar el 2018 en el 2,8% o el 2,9%, significaría que el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para reducir el desfase presupuestario. Más bien todo lo contrario: según cálculos de BBVA Research, cumplir con el 2,7% ya implica de por sí empeorar el déficit estructural, ese que no tiene en cuenta la bonanza del ciclo. Máxime con un crecimiento de casi el 3%.

Si encima se cierra con el 2,9% de déficit, la Comisión podría ponerse dura. Incluso, en el peor de los extremos, podría juzgar que el país no debería salir del Procedimiento de Déficit Excesivo: según las reglas del conocido como Fiscal Compact, para salir de este sistema de vigilancia especial no basta con dejar el déficit por debajo del 3%. También hay que hacerlo de forma que la Comisión piense que es sostenible. Con tan poco margen y con una ralentización de la economía por delante, siempre cabe la posibilidad de que se propine a España un tirón de orejas. En todo caso, el incumplimiento del 2,7% provocaría que el ajuste estructural del 2019 fuese mayor, dejando todavía menos margen.