Bruselas solo aprobará la nueva meta de déficit tras ver los Presupuestos

En principio, Bruselas se conformará este año con que el Gobierno baje el déficit público del 3% del PIB y, en consecuencia, abandone tras una década el llamado Procedimiento de Déficit Excesivo, el mecanismo europeo para tutelar las cuentas de los Estados miembros con finanzas públicas en dificultades.

Este proceso, para países con números rojos superiores al 3% del PIB, consiste en un ajuste año a año que se mide por el cumplimiento de unas metas de déficit comprometidas. Sin embargo, una vez se salga de ese brazo correctivo, se pasará en 2019 al llamado brazo preventivo. El cual no funciona con objetivos de déficit como hasta ahora. Por más que la ministra anunciase una senda, estas cifras no serán lo importante: en lugar de metas de déficit se exigirá que cada año se apruebe un ajuste estructural concreto, es decir, un conjunto de medidas con carácter permanente y con independencia del ciclo. Estas pueden ser recortes o subidas de impuestos. Para España en 2019, el ajuste que impuso el Consejo de líderes europeos al Gobierno de Rajoy asciende al 0,65% del PIB, esto es: casi 8.000 millones. Y ello ya suponía una rebaja sustancial desde el 1% del PIB que se pedía inicialmente pero que el entonces ministro Román Escolano consiguió aminorar.

No obstante, la mecánica para calcular este esfuerzo estructural resulta muy complicada y discutible porque depende de arduos modelos económicos. Y en parte debido a esta complejidad, las reglas del brazo preventivo permiten un cierto margen para la desviación sin que se ponga en marcha el mecanismo de sanciones, cuyo castigo es el ingreso de un depósito por valor del 0,2% del PIB. Según se recoge en el vademécum del Pacto de Estabilidad europeo, los países pueden desviarse del ajuste estructural en 0,5 puntos del PIB en dos años: ya sea 0,5% en un solo año y ninguna desviación en el siguiente, o distribuyendo 0,25% en un ejercicio y 0,25% en otro.

La ministra Calviño anunció la semana pasada que el año que viene solo hará un ajuste estructural del 0,4% del PIB —unos 5.000 millones— y no del 0,65% como le reclama la UE. Es decir, simplemente le ha trasladado a la Comisión que en los Presupuestos de 2019 va a incumplir ese ajuste estructural. Este se aprobó por el Consejo de líderes europeos, resulta harto difícil de modificar y, por lo tanto, no se ha cambiado. Pero la ministra sí que puede excederse en 0,25 puntos sin que se dispare el procedimiento de sanciones. Y con ese margen está jugando Calviño. “Podría haberse tomado el 0,5% de margen solo para 2019, pero se ha querido dar una imagen de compromiso con la estabilidad presupuestaria”, aseguran fuentes de Economía.

En vez de calificar los presupuestos como que “cumplen”, la Comisión dará el visto bueno con la matización de que “en líneas generales cumple”. En cualquier caso, el margen de las cuentas públicas parece exiguo. Ese ajuste estructural de 5.000 millones tiene que hacerse sin que haya cambios de política. O lo que es lo mismo: sobre las cuentas tal y como están a día de hoy sin más medidas. Por cada incremento adicional del gasto, tendrán que acometerse otros ajustes añadidos que lo compensen.

Según la Autoridad Fiscal, el desfase presupuestario se situaría sin hacer nada en el 2,2% al cierre de 2019. Y debería llevarse hasta el 1,8% en 2019 si se cumpliese con los ajustes estructurales. Para dar una idea de la escala del reto: en 2018 el déficit solo descenderá en cuatro décimas siempre que se ciña a los objetivos. En 2019 tendría que recortarse en nueve décimas, más del doble. Y los anuncios de gasto que ha planteado el Ejecutivo de Sánchez necesitarán mayores ingresos además del ajuste ya exigido.

Por esta misma razón, el Gobierno pedirá a los partidos con los que negocie que se mojen y especifiquen qué tributos suben o qué recortan a cambio de cada medida que exijan para brindar el respaldo a los Presupuestos.